El supuesto blanqueo que mató políticamente a Rita Barberá era una "mera sospecha", según los jueces

En 2015 fueron acusados de blanqueo de capitales por aportar mil euros al partido y, supuestamente, cobrarlos después de forma irregular. Pero la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, a la primera de cambio, ha desmontado la trama que apreciaba el Juzgado de Instrucción 18.

Este sobreseimiento provisional, contra el que no cabe recurso, se produce además con una gran contundencia por parte de los tres magistrados de la sala. "En modo alguno puede sostenerse, más allá del espacio de la mera sospecha, que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado", asevera el escrito firmado por Pedro Castellano Rausell, José Manuel Megía Carmona e Isabel Sifres Solanes.

Este primer auto exonera a 13 de los 49 investigados, para los que la Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel. El resto de los acusados por blanqueo, en consecuencia, augura una cascada de resoluciones en el mismo sentido.

Está por ver, en cambio, qué ocurre con el exvicealcalde Alfonso Grau y la secretaria del grupo popular Mari Carmen García Fuster, a quienes se les imputan también otros delitos por, presuntamente, recaudar y administrar dichos fondos. El ministerio público solicita 15 y 7 años de cárcel para ellos, respectivamente.

En cualquier caso, fue el presunto blanqueo, ahora archivado, el que dio magnitud a este caso, y por el que Rita Barberá terminó declarando ante el Tribunal Supremo. "Resultaría incoherente la llamada al resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada", justificó entonces el Alto Tribunal.

Pero la verdadera incoherencia, a juicio de la Audiencia Provincial de Valencia, fue procesar sin pruebas a decenas de concejales y asesores por blanqueo. El auto de la sección cuarta llega a afirmar que el juez de instrucción, Víctor Gómez Saval, era consciente de que los procesaba sin tener atado un aspecto clave: la recepción de mil euros de procedencia irregular que después donarían al partido.

Varapalo al instructor

El escrito lo expone del siguiente modo. "Vemos con facilidad que el auto recurrido solo incluye nominalmente a los apelantes y a la mayoría de los investigados en la ejecución parcial de la segunda fase –la entrega del dinero blanco- e ignora absolutamente su cita en relación con la tercera fase consumativa –la recepción del dinero negro-, aunque ello no es óbice para que finalmente sean considerados partícipes de todas ellas en la parte dispositiva del auto, una decisión que el Tribunal no comparte por entender que adolece de fundamento lógico", asevera.

Y va más allá. La Audiencia Provincial considera que esta "evidente contradicción" aparece "reconocida por el mismo juez, al declarar en el auto que 'este instructor entiende como posible que algunas de las personas investigadas, por distintos motivos o circunstancias, no fueran finalmente al despacho de María del Carmen García Fuster para recoger los billetes, o incluso que no estuvieran al tanto'".

Tras recordar este extracto del propio juez instructor, lo remata con sorna. "Hecha esta confesión honrosa, el camino procesal a seguir no era el de la prospección probatoria diferida al acto del juicio oral, sino el contrario del sobreseimiento provisional, pues el auto de incoación del procedimiento abreviado se debe sustentar en un juicio de probabilidad delictiva, no en el de la posibilidad de que haya sucedido el delito, sea en sentido positivo o negativo".

Con esta crudeza desmonta la Audiencia Provincial una investigación que provocó un auténtico cataclismo político. El PP presionó sobremanera para que Rita Barberá se apartara cuando fue imputada. El propio Pablo Casado, entonces vicesecretario de comunicación del partido, la invitó a que diera "un paso atrás". Ella dejó la formación, pero no el escaño, circunstancia que elevó todavía más la presión política. "Ya no forma parte del Partido Popular", subrayaba otrora el hoy presidente del PP.

El desenlace es de sobra conocido. En este ambiente de máxima tensión, la exalcaldesa murió de un infarto en un céntrico hotel madrileño. Fue el 23 de noviembre de 2016, hace ahora cinco años. Ocurrió solo dos días después de que Barberá prestara declaración por esta causa, ahora archivada por haber sido fundamentada en una "mera sospecha". La posterior autopsia reveló que padecía una grave cirrosis hepática que le provocó un fallo multiorgánico.

El "sufrimiento" vivido

El escenario en la ciudad también fue frenético. En la llamada pieza del 'pitufeo' fueron imputados por blanqueo 9 de los 10 concejales que tenía el PP. Como Barberá, ninguno entregó el acta, de modo que la formación, al dilatarse durante años la investigación, se pasó toda la legislatura con un único representante en el grupo municipal, y acudió a las elecciones de 2019 con una lista completamente renovada. Todos los ediles de 2015 fueron defenestrados. En consecuencia, ninguno de los nuevos aspirantes había ejercido la oposición contra el alcalde Joan Ribó, al que intentaron sin éxito derrocar en las urnas.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial acuerda ahora el sobreseimiento provisional para 13 de los 49 investigados. Se trata de María Jesús Puchalt Farinós, Francisco Lledó Aucejo, Vicente Igual Alandete, Silvestre Senent Ferrer, María Dolores Cubells Fuertes, Juan Pedro Gómez Cerón, Ignacio Pou Santonja, José Navarro, Andrés Rodríguez Guisado Bolinches, Lourdes Bernal Sanchis, Félix Crespo Hellín, Beatriz Simón Castellets y Manuel Mas Gaspar.

Al conocer el contenido del auto, el PP manifestó en un comunicado su "satisfacción por el sobreseimiento de la causa que afectaba a exconcejales y asesores del gobierno de Rita Barberá".

"Estamos muy satisfechos. Hoy se ha hecho Justicia. Siempre hemos mostrado nuestro máximo respeto y prudencia a los tiempos de los procesos judiciales. Y lo seguiremos haciendo. El tiempo pone las cosas y a las personas en su sitio. Hay que evitar juicios paralelos que vulneran la presunción de inocencia, como los que se han producido en este caso", manifestó la secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá.

La dirigente lamentó "el sufrimiento por el que han tenido que pasar nuestros compañeros durante estos seis años y las veces que se ha puesto en duda el trabajo y el legado de Rita Barberá y de su equipo". "En política no vale todo. ¿Quién va a reparar ahora tanto daño ocasionado? Hoy, por dignidad, la izquierda debería pedir perdón", concluyó.