Bruselas

La detención de los inmigrantes irregulares pendientes de expulsión en centros especializados (como los CIE en España) es una exigencia de la legislación de la UE, en concreto de la directiva de retorno. Y precisamente el aumento de las repatriaciones es una de las prioridades de los líderes europeos para atajar la crisis migratoria en el Mediterráneo, como se ha puesto de relieve en la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 han acordado firmar acuerdos migratorios con cinco países africanos: Níger, Nigeria, Etiopía, Senegal y Mali. La UE premiará con más ayudas a los que acepten el retorno de irregulares.

En la actualidad, menos del 40% de los inmigrantes irregulares a los que se ordena salir de la UE abandonan efectivamente el territorio comunitario. Y los dirigentes europeos quieren aumentar de forma urgente esta tasa. "Para cumplir su obligación de llevar a cabo las repatriaciones, los países miembros deben usar la detención, como medida legítima de último recurso, cuando sea necesaria para evitar que los inmigrantes irregulares huyan", reclama la Comisión Europea en su última comunicación sobre retornos. 

El Ejecutivo comunitario ha recibido múltiples quejas de eurodiputados sobre los problemas en los CIE españoles, pero hasta ahora siempre ha evitado abrir un expediente sancionador. La última denuncia la han presentado este mismo jueves representantes de Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Equo y se refiere precisamente al CIE de Aluche. Reclaman por carta al comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, que investigue la "situación deteriorada de los derechos humanos que motivó a los detenidos a protestar".

En el pasado, los eurodiputados de Izquierda Unida han denunciado también la presencia de una plaga de chinches en el CIE de Zapadores (Valencia), deficiencias en higiene en el centro de Barranco Seco en Las Palmas o supuestos casos de maltrato policial también en Zapadores o Aluche. En su misiva de este jueves a Avramopoulos, Izquierda Unida y Podemos exigen el cierre de todos los CIE en España por considerar que no respetan las normas comunitarias y vulneran los derechos de los migrantes.

Sin embargo, el comisario de Inmigración ha rechazado dar trámite a estas denuncias, aunque asegura que mantendrá su vigilancia por si se confirma alguna irregularidad. Alega que "la evaluación de deficiencias e incidentes concretos que se produzcan en centros de internamiento de cada país es, ante todo, competencia de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales nacionales pertinentes". Y recuerda que los países miembros están obligados a detener a los inmigrantes si es necesario para deportarlos.

Entre los países más garantistas

Si se compara con el resto de la UE, España es uno de los Estados miembros más garantistas en las condiciones de detención de los inmigrantes irregulares, según se desprende de un estudio realizado por la propia Comisión. España, Alemania y Rumanía son los únicos países en los que la detención sólo puede ser ordenada por un juez. En el resto, la competencia está en manos de autoridades administrativas, como la policía o la guardia de fronteras.

Además, la legislación española fija uno de los periodos de detención más breves de toda la UE: 2 meses, frente al máximo de 18 meses previsto en la directiva de retorno. Sólo Francia aplica un límite inferior, un mes y medio. República Checa, Alemania, Dinamarca, Italia, Holanda, Estonia, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria o Grecia agotan el plazo de 18 meses.

Mientras que España dispone de centros especializados para los inmigrantes, en otros países como Alemania, Dinamarca, Holanda o Suecia se les puede detener en prisiones. La directiva de retorno obliga en estos casos a separarlos del resto de presos, pero no todos cumplen. Los detenidos en los CIE tienen pleno acceso a asistencia jurídica y a atención sanitaria completa, según el informe, algo que no ocurre en todos los países miembros. Y las organizaciones humanitarias están autorizadas a acceder a los centros.

Finalmente, España no detiene a menores no acompañados, una práctica que sí se produce en países como Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Holanda o Dinamarca, entre otros.

Ambiente carcelario

Pese a que formalmente España cumple todas las exigencias de la directiva de retorno, el Comité contra la Tortura del Consejo Europeo (un órgano ajeno a las instituciones de la UE) sí que ha encontrado deficiencias en los CIE españoles. Una misión de este Comité visitó en 2014 los centros de Zona Franca y Aluche. Su conclusión es que "los dos CIES muestran un entorno carcelario que no es apropiado para personas detenidas de acuerdo con la legislación de extranjería".

El Comité contra la Tortura reclamó más espacio en las celdas para los detenidos y menos restricciones a la hora de recibir visitas. También recomendó medidas para erradicar cualquier caso de violencia policial contra los inmigrantes y de ataques entre los detenidos. "En general, los servicios sanitarios de los dos CIE tienen suficientes recursos, y los detenidos tienen acceso rápido a un médico", dice el informe.

Para evitar problemas de violencia, el Consejo de Europa aconseja que todos los policías asignados a los CIE reciban formación en comunicación intercultural, técnicas de contención física y prevención de maltrato.

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