El acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco está más cerca nunca. El desarme anunciado por la organización terrorista y el excelente momento que atraviesan las relaciones entre el Gobierno y el PNV están favoreciendo la negociación. El Ministerio del Interior responde oficialmente que “no hay movimientos”. El PP niega en público el acuerdo, pero deja entrever en privado que la dispersión no es una línea roja como en el pasado. “De todas formas, son sólo 200 presos”, dijo este martes un alto dirigente del partido. Hay unos 260 miembros de ETA en cárceles españolas.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, se marcó dos objetivos estratégicos para su legislatura: conseguir las transferencias de Seguridad Social y política penitenciaria. Fuentes del Gobierno vasco admiten que el desarme total anunciado por ETA para el 8 de abril, de confirmarse, abre un nuevo escenario que favorece la cesión de estas competencias y el acercamiento de presos. Así lo constataron Urkullu y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su reunión de la pasada semana en La Moncloa.
La ecuación tiene además el vértice de los Presupuestos, que se negocia al margen del tema penitenciario, pero que facilita el clima de confianza que preside ahora mismo el diálogo entre las dos partes. El PP apoyó a Urkullu en el País Vasco. El Gobierno confía en que el PNV apoye a Rajoy en el Congreso. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentará el proyecto de ley de Presupuestos en el Consejo de Ministros del 31 de marzo.
El papel de Erkoreka
La negociación penitenciaria la está llevando en primera persona el portavoz y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka. El plan de limitar a un máximo de 250 kilómetros la dispersión de presos etarras que desveló este martes el diario El Correo se ha interpretado como un movimiento del PNV para presionar al Gobierno, pero también como un síntoma de que el diálogo está avanzando. Erkoreka es buen conocedor de las instituciones y mantiene una excelente relación personal con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los dos fueron portavoces del Grupo Vasco y el Grupo Popular en el Congreso durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
En Vitoria, Erkoreka dijo este martes que el Gobierno central no ha respondido a la propuesta, pero rebajó la trascendencia de la misma. “La Secretaría de Paz y Convivencia (dependiente de la Presidencia vasca) actualiza periódicamente sus propuestas de política penitenciaria porque la fotografía cambia con el paso del tiempo”, dijo. “En esa información (la de El Correo) no hay planteamientos específicos o singulares que no hayan sido habituales. El alejamiento máximo de 250 kilómetros es el criterio que viene manteniendo la Secretaría de Paz y Convivencia”.
Erkoreka anunció también que el Gobierno vasco se ha ofrecido a mediar con los interlocutores de ETA. El liderazgo de los procesos de desarme y acercamiento es clave en el pulso que PNV y Bildu libran en el País Vasco por la gestión del final del terrorismo.
En Madrid, el acuerdo tampoco se da por inminente. El Gobierno no quiere que el acercamiento de presos, una reivindicación histórica de la izquierda abertzale, se interprete como un acción-reacción al desarme de ETA, cuyos detalles son todavía inciertos. Y mucho menos que se vincule la política penitenciaria a un acuerdo con el PNV en los Presupuestos.
El Gobierno tiene muy en cuenta a las víctimas del terrorismo en todo este proceso. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró a EL ESPAÑOL que no se acercarán presos hasta que ETA se disuelva o sus reclusos se desvinculen de la organización.
Pero existen caminos intermedios. El desarme total de ETA plantea un escenario cercano a la desaparición de la banda. Y, según cálculos oficiales, la cifra de presos etarras está en torno a 340, de los que 260 se encuentran en cárceles españolas y otros 75 cumplen condena en Francia. Los números están muy lejos de los 700 presos de hace sólo unos años, que podían suponer incluso un problema logístico para el Estado.
El ensayo de Rubalcaba
En su etapa al frente de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ensayó algunas fórmulas de acercamiento a las cárceles de Villabona, en Asturias, y Zuera, en Zaragoza. A los etarras que se desvinculaban de la organización se les fue trasladando a estos centros penitenciarios, más próximos al País Vasco. El ex número uno de ETA Francisco Mújica Garmendia, alias Pakito, fue trasladado a Zuera gracias a esta política del palo y la zanahoria, que también preveía alejar a los reclusos más duros.
Más conocida fue la llamada Vía Nanclares, que permitió el traslado a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca a etarras que salieron de la banda terrorista. En 2014, los presos de ETA solicitaron individualmente, pero en una acción colectiva, su acercamiento, a la cárcel alavesa de Zaballa.
La dispersión de presos de ETA es una prerrogativa administrativa que el Gobierno puede parar en cualquier momento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo avaló recientemente esta política al rechazar un recurso presentado por tres miembros de ETA encarcelados en Francia.
La izquierda abertzale ha argumentado que la dispersión es ilegal porque vulnera el principio de arraigo (cumplir la condena en el lugar más próximo a su residencia) recogido en la legislación española. Pero los sucesivos gobiernos democráticos, sin embargo, han mantenido esta estrategia al considerar que el agrupamiento de terroristas en unos pocos centros penitenciarios va en contra de su reinserción social, que es el objetivo prioritario de las penas privativas de libertad en España.
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