Madrid es la única CCAA con la que Sánchez no ha llegado a ningún acuerdo en dos años de legislatura

El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado durante los dos primeros años de la XIV Legislatura un total de 95 acuerdos con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, que han evitado conflictos de competencias y recursos ante el Tribunal Constitucional. Según el departamento de Isabel Rodríguez (antes, de Miquel Iceta, y al inicio del ejercicio, de Carolina Darias), la única región con la que Pedro Sánchez no ha acordado nada es con la que preside Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid se ha quedado fuera de toda negociación y pacto político con Moncloa.

Así se extrae de los datos oficiales que reconoce el Ministerio [consúltelos aquí en PDF] que, sin embargo, se ha esforzado en acordar hasta 13 veces con la Generalitat de Cataluña (primero, con la Administración de Quim Torra y después, con la de Pere Aragonès), en 12 ocasiones con el Gobierno de Canarias (PSOE), y 10 veces con el de las Islas Baleares (PSOE). Más de un tercio de las resoluciones de conflictos competenciales y jurisdiccionales se las llevan estas tres regiones.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguran que "desde luego, Madrid no es el origen o foco de conflictos con el Gobierno", más allá de los que nacen en Moncloa, a la que consideran beligerante con la región. "Llevan marginando a Madrid desde la moción de censura", insiste un portavoz de la presidenta.

Por su parte, la Consejería de Presidencia de Ayuso defiende que "nosotros no tenemos conflictos de competencias y por eso no hay acuerdos".

Pero lo cierto es que en la estadística oficial del Ministerio aparecen negociaciones y resoluciones con todas las CCAA menos con la de Madrid. Y que después de las ya citadas que acumulan el grueso de las resoluciones, sí aparecen otras regiones gobernadas por el Partido Popular, como Galicia (con siete acuerdos), o Andalucía y Murcia, con seis.

Alarma y "armonización"

Castilla y León, la otra región con un Gobierno de los de Pablo Casado y que afronta unas elecciones anticipadas en apenas tres semanas y que se ha enfrentado más abiertamente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sólo presenta dos acuerdos en estos dos años. Y ambos por leyes de iniciativa regional a las que puso pegas de interpretación la Administración central: la de "impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva" y una modificación de la normativa "sobre acceso a la renta garantizada de ciudadanía".

En estos dos años, la conflictividad mediática entre Moncloa y la Puerta del Sol ha sido enorme, con dos picos principales en octubre de 2020 y el verano de 2021. En el primer caso, el Gobierno de Pedro Sánchez y Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, llegaron a imponerle un estado de alarma a la Comunidad de Madrid, que trataba de imponer una vía muy distinta en lo tocante a las restricciones a la actividad económica por la pandemia.

Pedro Sánchez, junto a Isabel Díaz Ayuso, en el Palacio de Correos de la Puerta del Sol. Efe

Curiosamente, las iniciativas que entonces preconizaba Madrid se fueron asumiendo después por el Estado: el pasaporte Covid, la rebaja de las cuarentenas, la unificación de criterios para las ciudades de más de 100.000 habitantes, o la apertura de la hostelería y el ocio nocturno con salvaguardas. La visita de Sánchez a Ayuso en Sol, aquélla de las banderas, se saldó con un presunto acuerdo para crear una comisión conjunta de seguimiento de la pandemia. 

El grupo de trabajo "nunca se llegó a formar ni a reunir", explican fuentes de la Comunidad, porque sólo dos semanas después, Moncloa le impuso el cierre de la región. 

En el verano pasado, fue Ayuso la que acudió a Moncloa. Lo hizo cargada de una carpeta con 25 propuestas en los más diversos ámbitos: desde Sanidad y Educación hasta Hacienda, Medio Ambiente y Digitalización. Ninguna de esas peticiones se ha atendido, alegan desde el equipo de la presidenta. "El Gobierno de Sánchez viene marginando y atacando a Madrid por lo que no han promovido nada de lo que nosotros hemos pedido".

Un portavoz de la presidenta explica a este periódico las iniciativas que ella le planteó al jefe del Ejecutivo o que han ido impulsando, "ante su silencio".

Por ejemplo, medidas de natalidad para potenciar el proyecto de ley que se presenta este mismo lunes (y del que informa en exclusiva EL ESPAÑOL), que "se desbloquee la variante de la A1"; un carril bus-vao de la carretera de acceso y salida de Madrid A2 hacia Zaragoza y Barcelona; el plan de Cercanías de 5.000 millones comprometido con el ministro popular Íñigo de la Serna "y hoy aparcado"; o el apoyo de Sanidad a las terapias avanzadas Células T, "en las que Madrid es pionera".

Y finalmente, la Ley de Autonomía Financiera que aprobó la semana pasada el Consejo de Gobierno madrileño. En el departamento de Hacienda de Javier Fernández Lasquetty dan por hecho que si Política Territorial hace una estadística el año que viene, similar a la que encabeza esta información, en ella aparecerá este conflicto. "Si impulsan su reforma fiscal, habrá conflicto en este punto", apuntan fuentes del Gobierno Ayuso.

María Jesús Montero sigue insistiendo en subir impuestos y desde su entorno se acusa a Madrid de "perder recaudación en plena recuperación" mientras "ponen el cazo para pedir". El Gobierno de Sánchez, incluso, acusa al de Ayuso de "utilizar lo peor de la retórica nacionalista catalana" en una pelea que es ya tan personal como ideológica.

Las otras regiones

Llama en todo caso mucho la atención la distancia que separa a estas regiones del PP con las que más negociaciones ha resuelto el Gobierno central. Según fuentes del Gobierno, "la cogobernanza está funcionando". Al punto de que ha logrado "reducir la conflictividad en un 76,1%" en comparación con los dos últimos años de Gobierno de Mariano Rajoy. La normativa autonómica impugnada por Moncloa ante los tribunales alcanzaba un 9,46%, y desde la llegada de Sánchez al Gobierno "se ha recurrido solo el 2,26%" de las leyes y decretos de las CCAA.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, posan a su llegada a la reunión previa de la mesa de diálogo. EP

En el caso canario, más allá de la adscripción política socialista del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, la explicación hay que buscarla en la ultraperificidad del archipiélago. Al menos, la mitad de los pactos tienen que ver con las especiales condiciones fiscales y de ordenación otorgadas a las islas y reconocidas en su Estatuto de autonomía, reformado en la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre.

Así, el Gobierno central ha negociado condiciones especiales en el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la Covid-19; en el decreto para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos Next Generation EU; se negoció directamente el de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias; se otorgaron condiciones especiales en el del copago de productos farmacéuticos, etc.

En el caso balear, por el contrario, hay asuntos mucho más políticos como la negociación de la ley de consultas populares y procesos participativos. Algo parecido ocurre con los 13 acuerdos alcanzados con Cataluña, producto de su trato especial, en la comisión bilateral que la ministra Rodríguez, de hecho, prevé convocar de nuevo en esta última semana de enero o en la primera de febrero, según fuentes de su propio Ministerio.

Así, con la Comunidad Autónoma catalana se han negociado condiciones especiales en asuntos como el decreto ley 5/2021 para los fondos REACT-EU; se ha tenido que negociar la interpretación e incluso el desarrollo reglamentario de la Ley 10/2019, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales; la de vitivinicultura; los cuatro decretos catalanes de medidas económicas contra la pandemia del 24 de marzo, del 29 de abril, del 20 de octubre y del 28 de diciembre de 2020. Y sigue en pie el recurso al Constitucional del decreto ley 50/2020, sobre Vivienda y alquileres.