La UE sugiere que una 'comisión de la verdad' sobre ETA "haga justicia" con las víctimas

El dictamen, de 39 páginas y redactado en inglés, insta al Gobierno de Pedro Sánchez y al resto de "autoridades nacionales" españolas implicadas a poner "todos los medios" para resolver los 379 crímenes de ETA que siguen sin dilucidarse en un proceso penal. Y que, "en los casos en que no se encuentre solución procesal", se arbitre un mecanismo que "dé cabida a una acción por la verdad, la memoria y la paz".

Esta especie de comisión de la verdad se sugiere en numerosos pasajes del documento, un borrador preliminar elaborado por el ponente de la delegación. La misión de la Eurocámara estaba formada por un representante de cada uno de los cuatro principales grupos: la popular francesa Agnès Evren; el socialista maltés Alex Agius Saliba; el liberal rumano Vlad Gheorghe; y el conservador polaco Kosma Złotowski.

Junto a ellos, participaron como "miembros de oficio" la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, la actual presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara (PETI), la popular Dolors Montserrat, la socialista Cristina Maestre y el portavoz de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé.

Según el documento, se debe "establecer un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo de los casos no resueltos". Para la delegación, esto debería hacerse en el seno de la Fiscalía Antiterrorista, con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y "sin una valoración previa de la posible prescripción legal del caso", con el fin de responder a las familias que aún esperan justicia.

Jorge Buxadé (Vox-Esp), Vlad Gheorghe (Ren-Rum), Maite Pagaza (Cs-Esp), Alex Agius Saliba (S&D-Mal), Agnès Evren (EPP-Fra), Cristina Maestre (PSOE-Esp), Dolors Montserrat (PP-Esp) y Kosma Złotowski (ECR-Pol). EP

Uno de los familiares de asesinados por ETA, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, expresa en el documento sus quejas. Según lo que advierte, "se observa una tendencia de los condenados a llegar a acuerdos con el Ministerio Público".

Precisamente, este diario ha tenido acceso a esta documentación en el momento en el que también ha revelado la complicidad entre altos cargos del Ministerio del Interior y el entorno de la izquierda radical vasca a la hora de beneficiar a los presos etarras. Todo, en el contexto de una política sistemática, denunciada por las víctimas, de acercamiento de presos, traspaso de competencias en Prisiones y concesiones de beneficios penitenciarios.

"Diez años después, todo sigue igual", clama Caballero. "Las familias aún no saben la verdad y no han podido encontrar un cierre" a su dolor.

Cómo llegar a "la verdad"

El procedimiento, con el amparo del sistema judicial pero previo al proceso penal, sólo al final de la investigación debería "determinar si el caso ha prescrito" y, por tanto, no es perseguible judicialmente. En todo caso, como ya informaba este diario, el informe reclama un cambio en la interpretación de la ley o una reforma del Código Penal español para lograr "la imprescriptibilidad de todos los crímenes terroristas", calificándolos como de lesa humanidad para que no caduquen ni sean amnistiables. 

Es Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la que más explícitamente plantea una comisión de la verdad que llegue a esclarecer todos los casos. "Si se quiere ayudar a documentar toda la verdad judicial que queda por documentar, se debe conformar una comisión de peritos para solicitar los casos no sentenciados y ya en la Audiencia Nacional".

Según ella, "si se elabora un informe por cada caso, para ver qué ha pasado en cada investigación y si se ha impartido justicia efectiva", se sistematizarían los trabajos. Un concepto que comparte Andrés Jiménez, director de la Unidad de Seguridad y Justicia de la Defensoría del Pueblo.

Para él, "cuando se hayan agotado las opciones" de establecer hechos probados según la ley penal, las autoridades "deben ofrecer a las familias toda la información disponible y continuar trabajando para resolver todos los crímenes no resueltos".

La Fiscalía e Interior

Y en ese sentido, Marcelo de Azcárraga Urteaga, fiscal de la Audiencia Nacional responsable del grupo de coordinación de delitos sin resolver, está realizando un estudio exhaustivo de la documentación remitida por las autoridades francesas en 2016. El objetivo del grupo que dirige es "buscar la verdad sobre todos estos casos no resueltos, independientemente de si están prescritos para ser procesados". Entrevistado el segundo día de la misión, remarca que "el derecho a conocer la verdad no prescribe". 

Atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en 1987. EP

El propio general Valentín Díaz, jefe de Información de la Guardia Civil, reconoce que "se podría hacer más". Según su experiencia, la única forma de investigar a fondo todos los ataques es que los terroristas cooperen, porque "las víctimas deben saber la verdad".

También Montserrat Torija Noguerales, directora del Departamento de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, admite que "determinados casos no pueden ser llevados a juicio". Pero insta a las asociaciones de víctimas y a las instituciones públicas a "esclarecer los hechos de estos casos" para que las familias puedan saber lo sucedido.

En las visitas y entrevistas, el documento recoge los comentarios y compromisos de los eurodiputados. Uno de ellos, especialmente significativo, es el de Agnès Evren, líder de la misión. La popular francesa lamenta reconocer que sus trabajos "no pueden prometer resolver todos los asuntos pendientes", pero sí se comprometió a trabajar por "mantener viva la memoria y educar a las nuevas generaciones sobre lo sucedido".

Esto ayudará también, apunta en varios pasajes, a prevenir la radicalización y el extremismo.

Justicia y/o verdad

"Es necesario garantizar que todas y cada una de las familias de los casi 400 asesinatos impunes de ETA serán siempre y en todo caso notificadas personalmente, y a la mayor brevedad posible, de cualquier cambio en el estado de su causa judicial y de la situación personal y situación carcelaria de los perpetradores", dice otra de las recomendaciones finales.

Asimismo, el borrador del dictamen hace una distinción constante e insistente entre "justicia" y "verdad", admitiendo que "es posible que no se lleguen a resolver procesalmente todos los crímenes", pero que "las víctimas merecen conocer qué pasó y quién fue responsable".

Así, el texto hace un llamamiento "a las instituciones competentes y a quienes dispongan de cualquier tipo de información que pueda conducir a la resolución de alguno de los casos pendientes", para que se elabore un procedimiento reservado.

El objetivo es que si hay obstáculos a esta colaboración por miedo o presión social, se pueda "cooperar de forma totalmente confidencial, protegida y anónima con las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Justicia para que las víctimas del terrorismo puedan tener acceso a la información y la justicia".

Un caso llamó especialmente la atención de la delegación durante sus tres días de visita a las autoridades, fundaciones y asociaciones de víctimas e instituciones, como se puede comprobar en las conclusiones. 

Es uno de los descritos por Florencio Domínguez, director del Centro Memorial. Domínguez explicó los casos irresueltos de cinco personas desaparecidas tras ser raptadas por comandos terroristas, de las que no se ha vuelto a saber nada.

Así, la recomendación 6 del documento se detiene en este asunto y reclama que "en el caso de estas cinco personas secuestradas, asesinadas y hechas desaparecer, cuyos restos nunca han sido encontrados", se aporte información por parte de quienes puedan tenerla. Aunque sea, "de manera confidencial", para que las autoridades y los familiares puedan recuperar los restos de sus seres queridos.

La delegación

La delegación que visitó España en noviembre de 2021 atendía una demanda de la asociación Dignidad y Justicia, cinco años después de ser presentada por uno de sus representantes, el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias.

En su petición (n° 1525/2016), tal como recoge el informe en sus primeras páginas, "el peticionario alega que en España aún quedan 379 asesinatos sin resolver perpetrados por la banda terrorista ETA". El borrador del dictamen destaca que "esto significaría que casi la mitad (más precisamente el 44%) de los asesinatos perpetrados por ETA no han tenido justicia".

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). ADP

El peticionario reclamaba al Parlamento que pidiera al Gobierno español una explicación satisfactoria de por qué hay tantos asesinatos sin resolver perpetrados por ETA. Y solicitaba además a la Eurocámara que formulara recomendaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez instando a las autoridades a "tomar todas las medidas que sean necesarias para investigar, enjuiciar, imponer las sanciones apropiadas y para proporcionar verdad y reparación", de conformidad con los estándares internacionales.

En sus comentarios a las entrevistas y diálogos mantenidos con las instituciones con las que se citó la delegación, el eurodiputado polaco Złotowski se apoya en los siguientes argumentos: "No se trata sólo de la víctima del terrorista, sino también de la nación y la sociedad como víctimas".

Y por eso reclama la persecución de todas las ofensas a las víctimas, y lamenta que "cambiar las tornas [como] la forma más efectiva de lograr la paz nacional" es un error "muy típico de las fuerzas de izquierda". Relajar la voluntad política una vez que la banda terrorista dejó de matar en 2011 -etapa en la que solamente "se han producido 11 detenciones relacionadas con delitos de ETA", tal como recoge el informe- "no es eficaz porque no conduce a un resultado positivo".

Su exigencia es que los 379 casos irresueltos deben sustanciarse con la verdad y la reparación "y los responsables de esas acciones deben rendir cuentas retroactivamente". Y que "si no es posible encarcelarlos", se arbitre un instrumento para "ponerles nombre y que todos sepan que cada uno de ellos es responsable de matar a alguien".

A la espera de oficializar el dictamen, los eurodiputados siguen trabajando en el informe, que incluye una serie de 28 "acciones recomendadas a las instituciones europeas".

La última, de hecho, es "señalar la necesidad de garantizar que ninguna víctima del terrorismo que no haya recibido justicia sea olvidada o rechazada. La verdad, la memoria y la paz deben acompañar a la justicia para proteger la dignidad de las víctimas".

Y finalmente, el dictamen asume la solicitud de que se informe a Dignidad y Justicia de cualquier avance en la investigación, al tiempo que deja abierta la puerta a nuevas iniciativas ante el Gobierno de España, ya que establece que los trabajos de la misión "permanecerán abiertos".