El PP apoya el tren gratis pero votará 'no' al decreto energético: "Es un trágala y machaca al comercio"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha explicado este miércoles que el Gobierno ni siquiera ha telefoneado a su partido para que apoye la convalidación del decreto. Los ministros de Pedro Sánchez se han limitado a insultar a Alberto Núñez Feijóo, lo que "no constituye un ejercicio de diálogo, sino la peor forma de hacer política", ha señalado Gamarra.

En cualquier caso, el Gobierno no precisará finalmente el apoyo del PP para convalidar el plan energético, pues ya se ha asegurado el respaldo de sus principales socios de investidura: entre ellos ERC (que podría votar sí o abstenerse), PNV y Bildu.

El PP considera que el decreto incluye algunas medidas positivas, como la gratuidad del bono-transporte de cercanías durante tres meses: entre septiembre y diciembre.

"Si se sometieran a votación por separado las distintas medidas, votaríamos a favor de la gratuidad del transporte de cercanías", señala un dirigente popular, "pero no podemos apoyar otras medidas como el apagado de escaparates o el control de los termostatos en establecimientos públicos, porque son perjudiciales para el comercio, el turismo y la seguridad ciudadana".

Los populares denuncian además que el decreto ley carece de los necesarios informes jurídicos y económicos: el Ejecutivo desconoce qué impacto tendrá en la economía y qué ahorro energético efectivo va a generar. 

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El Ejecutivo impone obligaciones a los comercios (muchos establecimientos tendrán que sustituir las puertas, porque no pueden mantenerlas abiertas con el aire acondicionado) pero no les facilita ninguna ayuda para financiar la inversión necesaria. No se trata de un decreto de recomendaciones, como planteaba la Unión Europea, sino de "obligaciones", ha recalcado Cuca Gamarra.

Decreto de "imposiciones"

La portavoz parlamentaria critica que el Ejecutivo haya actuado de forma "unilateral", sin consensuar antes las medidas con las Comunidades autónomas (que son las encargadas de aplicar el decreto), ni con los sectores económicos afectados ni con el principal partido de la oposición.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que recurrirá la norma el Tribunal Constitucional, por considerar que invade competencias autonómicas como la regulación del comercio. Por tanto, sería una incongruencia que el PP vote a favor del texto en el Pleno del Congreso de este jueves.

[Los 10 puntos del plan de ahorro energético de Sánchez que Ayuso llevará al Tribunal Constitucional]

El PP denuncia otra práctica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que incluye en estos decretos ley todo tipo de medidas, muchas de ellas completamente ajenas al objetivo principal de la norma.

De este modo, es un "todo o nada": si el primer partido de la oposición vota en contra de la norma por su impacto negativo en el comercio, el Gobierno le acusa de oponerse al transporte de cercanías gratuito, como hizo el martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Mascarillas y pensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez llevó esta práctica hasta el último extremo en el real decreto aprobado el pasado mes de enero, que mantenía la obligación de usar la mascarilla en la calle. El Consejo de Ministros incluyó en este texto la actualización de las pensiones de 2021 con el IPC. 

Esto permitió al Gobierno acusar a los partidos que se oponían al uso de la mascarilla en la calle, de querer perjudicar a nueve millones de pensionistas. Como ahora con la gratuidad del transporte de cercanías.

Del mismo modo, el Ejecutivo coló en un decreto de la pandemia en julio de 2020 (que establecía una moratoria del pago de hipotecas y alquiler para los afectados por el Covid) varios artículos sobre la comercialización de los derechos del fútbol, que beneficiaban a determinados operadores de la televisión.

A petición de sus socios parlamentarios, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado ahora tramitar el decreto de ahorro energético como proyecto de Ley, lo que permitiría incorporar luego las propuestas y enmiendas del resto de grupos.

No obstante, es muy improbable que el proyecto de Ley se llegue a tramitar, pues sus principales medidas (como la gratuidad del transporte de cercanías) expiran en diciembre.

Otras medidas incluidas en la norma se prolongarán hasta septiembre de 2023, como el apagado de los escaparates y el control de la temperatura del aire acondicionado y la calefacción en los establecimientos públicos. 

Pero es muy probable que se vean superadas por el nuevo decreto de ahorro energético que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiere aprobar el próximo mes de septiembre.