El fiscal busca los 12 M que la candidata de Sumar dio a centros de menas: "Todo es tétrico y carcelario"

Noemí Santana es la secretaria general de Podemos en las Islas y cabeza de lista de Sumar al Congreso por Las Palmas de Gran Canaria en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

La visita realizada el pasado 17 de marzo al centro de menores Guiniguada, situado en Las Palmas de Gran Canaria, arrojó resultados desoladores. "La situación en la que se encuentran los menores residentes es de hacinamiento", escribió la fiscal decana de Menores en su informe, "las habitaciones son manifestamente pequeñas, oscuras y mal ventiladas, de aspecto tétrico y carcelario".

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"No alcanzamos a comprender en qué se están invirtiendo los fondos que recibe el centro para la manutención y el cuidado de los menores", añadió la fiscal en su escrito. La Consejería de Derechos Sociales del gobierno canario, que dirige Noemí Santana, destina a este centro una asignación de 136.520 euros al mes.

Esta cifra incluye una partida fija de 1.700 euros semanales, más 95 euros diarios por cada menor internado (125.400 euros al mes) y otros 72 euros diarios por las dos plazas que permanecen desocupadas.

La investigación desarrollada por la UDEF indica que los directores de este y otros cuatro centros de menas gestionados en Canarias por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI desviaron en su propio beneficio parte de los 12,5 millones de euros que recibieron del gobierno canario para atender a los menores.

Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, los directores de los centros de menores ejecutaron "innumerables y cuantiosas disposiciones de dinero en efectivo, traspasos a sus cuentas personales, pagos personales (como un tratamiento de belleza personal) con cargo a la tarjeta bancaria de los centros (...) y el apoderamiento de las cantidades dinerarias sufragadas por las Administraciones públicas de Canarias".

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El análisis de su contabilidad ha destapado que algunos de los directores destinaron parte de los fondos públicos a comprarse alcohol, cartones de tabaco, un tratamiento de belleza por importe de 1.500 euros e incluso un fármaco contra la disfunción eréctil.

Los contratos a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI para gestionar estos centros fueron adjudicados por la vía de emergencia por la Consejería de Derechos Sociales de Noemí Santana. Anticorrupción señala en su informe que el desvío de fondos públicos ha sido posible debido al "grosero incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control" de la gestión económica de estos centros, por parte de la Consejería de Noemí Santana.

Los técnicos de la Consejería de Derechos Sociales inspeccionaron el 10 de junio de 2021 el centro de menas Puerto Rico, situado en el municipio de Mogan (Gran Canaria). Se trata de un antiguo complejo de apartamentos turísticos, con 60 habitaciones distribuidas en tres plantas, con una piscina que se encuentra fuera de servicio.

En su informe, los técnicos dejaron constancia de que "los chicos están encerrados en sus habitaciones o deambulando por los pasillos sin ninguna tarea concreta ni realizando actividad alguna. Ni las instalaciones reúnen las condiciones óptimas para residir, ni el personal educativo se encuentra cualificado ni preparado para atender a los menores que se encuentran acogidos". Tras analizar el informe, el Gobierno canario decidió cerrar el complejo.

Sin ropa ni calzado

La dirección del centro de menores Acoran, en la isla de Gran Canaria, justificó en tan sólo siete meses (desde junio a diciembre de 2021) un gasto de 20.288 euros en gasolina. Anticorrupción destaca que esta cifra equivale a un gasto de 3.385 euros al mes en gasolina o a trayectos de 1.200 kilómetros diarios. En algunas ocasiones se llegaron a justificar hasta 12 repostajes de gasolina en un solo día, ocultando la matrícula del vehículo. Un dinero que era sustraído al cuidado de los menores.

El Defensor del Pueblo realizó una visita a este centro en noviembre de 2021 y constató que los menores internados no tenían cubiertas necesidades básicas como la ropa o el calzado.

Por su parte, la Fiscalía de Menores comprobó el mal estado de las instalaciones: "Es una edificación carente de las condiciones —por ventilación, luz, puertas— para ser considerada vivienda, no siendo más que una sucesión de estancias en las que se instalaron literas, sin disponer ninguna de las habitaciones de armarios o cualquier otro mobiliario, teniendo los menores que guardar sus pertenencias en maletas".

La Fiscalía Anticorrupción señala que los cinco directores de centros contra los que dirige su querella "incrementaron sus gastos personales a costa del dinero público que debían destinar a la integración social y económica de los menores".