Bruselas rechaza que la amnistía sea un "asunto interno" y estudiará si viola el Tratado de la UE

Para el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, la proposición de Ley de Amnistía no es, sin embargo, un asunto doméstico español, como alega el Gobierno.

En sus dos intervenciones, el político belga se mostró firme en que la Comisión Europea "debe actuar", como "guardiana de los Tratados", para verificar la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario.

Se refirió, en concreto, al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea -en el que se señala que la UE se fundamenta en valores de respeto a la "igualdad" y al "Estado de derecho"- y mencionó otros "elementos penales" de la futura norma. No especificó cuáles, pero sí dejó claro que referidos a ese mismo artículo 2. 

"Puedo asegurarles que la Comisión seguirá ocupándose de esta cuestión y estará atenta a su desarrollo", ha insistido Reynders, aunque el informe final no será elaborado hasta que la ley esté aprobada por el Parlamento español.

Cuándo habrá informe

"Cuando el comisario Reynders no quiere decir nada, hace un discurso muy largo", criticaba a la salida del debate un europarlamentario que prefiere mantener el anonimato. Y es verdad que el titular de Justicia de la Comisión habló mucho para lo poco que dijo. Pero sí que dijo.

En un resumen rápido: que pone bajo vigilancia la amnistía por si "atenta contra el artículo 2 del Tratado" de la Unión; que también quiere "tener los textos de otros acuerdos alcanzados en el marco de la formación del nuevo Gobierno español"; y que "el asunto catalán sí es un tema interno de España, pero esto no, porque el Estado de derecho es de todos los europeos" y su obligación es protegerlo.

Así que seguirá evaluando el texto legal, esperará a que se apruebe por si hay enmiendas y, finalmente, lo incluirá "en el informe sobre el Estado de derecho en España de 2024". Lo que no es tampoco poca cosa.

Y es que su primera intervención había sido, más o menos, una lectura-resumen de la última edición de ese informe, llena de reproches, deficiencias y recomendaciones "no abordadas" por el Gobierno y el resto de "partes implicadas" del Estado español.

Así, hablando mucho entre obviedades, el comisario podía ser leído entre líneas: desde 2020, cada año, la nota de España es peor, y en el próximo documento se va a incluir la amnistía. De modo que más le vale al PSOE y a sus socios que a Reynders le acabe cuadrando.

Porque, si hacemos caso a dos fuentes cercanas al político belga, éste no se irá de su puesto en el Ejecutivo comunitario "sin poder sacar pecho", es decir, tragando este sapo sin más. "En Bélgica también hay elecciones, tras las europeas de junio", y se supone que Reynders aún quiere seguir en la brega. Además, explica otro político cercano a él, "el comisario está bastante harto de Sánchez y de Bolaños", por cómo ha sido tratado en sus viajes a España... y por la respuesta "desabrida" a su última carta.

Incumplir el citado artículo 2, lleva a un Estado al artículo 7, que es el de las sanciones que ya sufren Hungría y Polonia. O al Tribunal de Justicia de la UE, que obligaría a rectificar la ley. Un TJUE que si no se cumple su fallo, impondría el Mecanismo de condicionalidad (es decir, cortaría los fondos), como ya le ocurre a Polonia.

'Lawfare' y terrorismo

Pero decíamos que Reynders quiere todos "los textos" acordados "en el marco de la formación del nuevo Gobierno". Y que había citado otros "elementos penales" que serán objeto de su análisis.

Lo primero, según su entorno, se refiere a las comisiones del lawfare. Y lo segundo, según lo desvelado por el entorno de la Comisión, los delitos de terrorismo y los de corrupción... sobre todo, la malversación de fondos procedentes de la UE.

Dijo Reynders que había escuchado "opiniones muy diversas" durante el debate. Pero la cuenta sale fácil: el 65% de los oradores atacó la amnistía, 27 discursos contra 15.

Una de las que la defendió fue Iratxe García. La que más, en realidad, por lo que le iba en el envite. Es la presidenta de los socialistas europeos (S&D) y ha estado toda la legislatura convenciendo a sus colegas de levantar la inmunidad del "prófugo" Puigdemont... pero ahora defiende pactar con él y darle la amnistía.

Para armar su discurso, la política socialista utilizó varios argumentos, sobre todo políticos: que si "el único riesgo para el Estado de derecho es que el PP no asume los resultados del 23-J", que Alberto Núñez Feijóo iba a "pactar con la ultraderecha", que los populares llevan "cinco años bloqueando el CGPJ" y que Mariano Rajoy "usó a la Policía para destruir pruebas de la corrupción del PP".

Pero cuando quiso defender de verdad el texto legal, incurrió en inexactitudes, cuando no "en mentiras flagrantes", según Dolors Montserrat, líder de los populares españoles en la Eurocámara.

Sostuvo García que la norma "impide amnistiar" delitos de malversación de fondos europeos y "los de terrorismo". De hecho, leyó parte del artículo 2 de la proposición de ley... pero dejó fuera el final de la frase que indica que no se amnistían las causas de terrorismo" que tengan sentencia firme". Todas las demás sí.
"Y esos intentos de engaño no los va a llevar muy bien Reynders", explicaba a también Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos.

Este asunto del terrorismo puede ser clave. El cambio de calificación por parte del magistrado Manuel García-Castellón en la causa de Tsunami, y la imputación a Carles Puigdemont y a Marta Rovira por presuntos delitos de terrorismo estuvo a punto de hacer descarrilar la negociación entre Junts y el PSOE.

Los posconvergentes insistieron en incluir el terrorismo y las comisiones para juzgar a los jueces en el Congreso, en busca de lawfare. "Hemos ganado en todo", celebraba un dirigente de Junts al día siguiente. El PSOE se había negado hasta el final a aceptar lo de la "persecución política por la vía judicial" y a citar el terrorismo en la norma... pero acabó claudicando. Si no, no había acuerdo.

De hecho, la redacción de los nuevos párrafos en la proposición de Ley provocó que ERC no la quisiera firmar. "No merece la pena arriesgar que la UE la haga caer por incluir esto", explicaban entonces fuentes del partido de Oriol Junqueras. Ahora se entiende por qué.

Y es que un Estado miembro de la UE no puede dejar de perseguir los delitos de terrorismo: son inamnistiables por ser considerados de lesa humanidad y, por tanto, contrarios al fundamento mismo de los tratados. A eso se refería Reynders al hacer referencia a "otros aspectos penales".

Por eso la amnistía tampoco "es un asunto interno español". Y por eso Iratxe García acusó a Weber tan gravemente: "¡Usted miente!", citando la entrevista de su homólogo popular, líder del EPP, el domingo pasado en EL ESPAÑOL: "Amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa, la UE tiene que actuar ya", dijo el político alemán.

La verdad a medias de García para negar que la ley vaya a borrar esas causas se le volvió en contra a la socialista. Y también las amnistías aprobadas en Portugal este año y en Francia en 2022, citadas como ejemplos homologables: "Señora García, eso es un insulto a esos países, porque precisamente fueron esos delitos", terrorismo y malversación, "los que dejaron fuera expresamente aquellas leyes", le afeó Javier Zarzalejos.

La clave García-Castellón

Así se entiende la importancia de que García-Castellón insista en la investigación del caso Tsunami por delito de terrorismo. Porque, aunque la Fiscalía haya cambiado su calificación (antes sí veía Terrorismo y ahora solo ve desórdenes públicos agravados), si el caso sigue adelante, el Gobierno podrá tener graves problemas.

Si aprueba y aplica la amnistía a toda velocidad, como pretende, se arriesga a que Reynders no trague con esa redacción y lleve al Estado español ante el TJUE.

Si la instrucción es la que va rápido y el juicio se celebra antes de que se pueda amnistiar a los encausados, quizás la acusación a Puigdemont y Rovira no prospere, pero podrían ser condenados los miembros del autodenominado Tsunami Democràtic o a los CDR. Y eso no lo admitirá Junts, ya que fue este asunto el último y que con más ahínco arrancó a los negociadores del PSOE.

El relato y los valores

Como dijo Maite Pagaza al final del debate, mucho más importante que el criterio político, en el que tanto insistieron todos los detractores de la norma es el de los principios y valores.

Es decir, peor que "impunidad por votos" es que se pueda estar rompiendo la igualdad ante la ley, por el perdón de delitos; la separación de poderes, por las comisiones del lawfare; y la lucha contra la corrupción y los derechos fundamentales, por la amnistía a la malversación y al terrorismo.

Por eso es importante esa afirmación que, como de pasada, dejó el comisario de Justicia en su segunda intervención. Quiere ver "todos los documentos anejos que aún" no ha recibido. Y lo hará bajo la lupa del artículo 2 además de "siguiendo la misma metodología que en otros casos de Estados miembros con en el Estado de derecho".

Eso sí, habrá que esperar. No será antes de las elecciones europeas de junio, a las que podrá presentarse Puigdemont, amnistiado o no… sino como muy pronto en el informe de julio.

La Comisión no puede actuar hasta que la ley no se apruebe, pero ya la va estudiando en su borrador. Tardará en dar un criterio, pero ya señala dónde detecta los conflictos.