Puigdemont calca el juicio político a la Corte Suprema argentina para perseguir a los jueces en España

La estrategia puesta en marcha por ERC y el partido de Carles Puigdemont para perseguir a los jueces que procesaron a políticos independentistas imita, paso por paso, la impulsada por el peronismo en Argentina, a través de la llamada Comisión de Juicio Político.

Tras ser condenada a seis años de cárcel por corrupción, la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner protagonizó el pasado mes de diciembre una comparecencia televisada llena de dramatismo, en la que calificó de "mafia" a los jueces y fiscales que la han procesado.

"No voy a ser candidata", anunció entre sollozos, "a partir del 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fuero y me van a poder poner presa. Siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar a alguna banda de marginales para que me peguen un tiro. Así es como me quieren: presa o muerta".

A continuación, el presidente saliente, Alberto Fernández, ordenó a la Comisión de Juicio Político del Congreso (el único órgano constitucional que puede remover de su cargo al presidente, a los ministros y a las máximas instancias judiciales) abrir una investigación para destituir a cuatro magistrados de la Corte Suprema. La misma Corte que debe revisar la condena a Cristina Kirchner.

Durante los últimos once meses, los peronistas han hecho desfilar a 65 testigos por esta Comisión, que se ha convertido en una auténtica batalla campal, y han sacado a la luz datos personales y mensajes privados de jueces y funcionarios de Justicia para desacreditarlos. El peronismo ha intentado demostrar así que la condena a la Kirchner responde a un complot político.

Es el más claro precedente de lo que se puede vivir durante los próximos meses en las tres comisiones de investigación creadas el martes en el Congreso de los Diputados (sobre la Operación Cataluña, el caso Pegasus y la intervención del CNI en los atentados de Las Ramblas), gracias al pacto entre el PSOE y sus socios separatistas.

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Junts y ERC quieren utilizar estas comisiones para poner contra las cuerdas a los jueces que han intervenido en los procesos contra el independentismo, tal como anunció Míriam Nogueras.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se vio obligado el viernes a recordar ante el ministro Félix Bolaños que "ningún juez puede ser emplazado a comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional. Iniciar esta vía", advirtió, "implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado".

Pablo Iglesias importó de Latinoamérica el término lawfare, para desacreditar a los jueces que investigan a dirigentes de Podemos, y Carles Puigdemont pretende utilizar ahora esta herramienta, como una llave maestra para que se beneficien de la amnistía a la familia Pujol (investigada por corrupción), Laura Borràs (condenada a cuatro años y medio de cárcel por falsedad y prevaricación) y el abogado Gonzalo Boye (investigado por presunto blanqueo de capitales del narcotráfico). Para ello han de servir las tres comisiones creadas en el Congreso, a propuesta de Junts y ERC.

El concepto del lawfare, acuñado a finales del siglo XX por dos académicos del mundo anglosajón, sirve para que cualquier político investigado o condenado por corrupción se declare víctima de una persecución judicial por motivos ideológicos.

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En España, Podemos ha declarado víctimas del lawfare a Juanma del Olmo (que fue investigado en el caso Neurona, finalmente archivado), a Juan Carlos Monedero (que ha sido investigado en la Audiencia Nacional por las revelaciones del Pollo Carvajal) y a la exalcaldesa Ada Colau, que también ha salido indemne de la investigación judicial por presuntas coacciones a un fondo buitre.

Pero Podemos también esgrimió el mismo argumento cuando fueron procesados su exdiputado canario Alberto Rodríguez (que fue condenado por agresión a un policía en una manifestación en 2014) y su exportavoz Isa Serra (condenada por atentado a la autoridad en otra manifestación).

Del mismo modo, en América Latina se han declarado víctimas del lawfare no sólo Cristina Fernández de Kirchner, sino también Lula da Silva (que ha regresado a la Presidencia de Brasil, tras lograr anular los procesos judiciales en los que fue condenado a 12 años de prisión), el expresidente de Ecuador Rafael Correa (que tras huir a Bélgica fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel por cohecho), el expresidente de Bolivia Evo Morales (denunciado por fraude electoral y por dejar embarazada a una niña de 15 años, entre otras causas) y el exministro de Paraguay Fernando Lugo (condenado por corrupción).

El Grupo de Puebla (del que forman parte destacados dirigentes del PSOE, como Adriana Lastra, y de Podemos, como Irene Montero) organizó el pasado mes de marzo un homenaje a Cristina Fernández de Kirchner, bajo el título El lawfare contra la democracia en Argentina.

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Para asistir al acto, peregrinaron hasta Buenos Aires el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el juez inhabilitado por prevaricación Baltasar Garzón, el ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero, la exsecretaria de Estado de Agenda 2030 Lilith Verstrynge, el secretario general del PCE Enrique Santiago y el secretario de la Mesa del Congreso de los Diputados Gerardo Pisarello.

Todos ellos esgrimieron el concepto del lawfare (es decir, la persecución judicial por motivos políticos) para defender la inocencia de la exvicepresidenta corrupta de Argentina.

El diputado argentino Juan Manuel López explica a EL ESPAÑOL que, durante los últimos cuatro años, el kirchnerismo ha desplegado en su país una ofensiva en tres frentes: controlar el Poder Judicial (allí denominado Consejo de la Magistratura), desacreditar a los jueces con el concepto del lawfare y acosar a los medios de comunicación críticos con el Gobierno, como el grupo Clarín (que además del rotativo gestiona varias emisoras de radio y televisión). Los paralelismos con España son inquietantes.

Como miembro de Coalición Cívica (formación integrada en la plataforma Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich), Juan Manuel López ha sido vicepresidente de la Comisión de Juicio Político del Congreso.

Juicio contra la Corte Suprema

El entonces presidente Alberto Fernández activó esta Comisión de la Cámara de Diputados el pasado mes de enero, utilizando como pretexto la resolución que había dictado la Corte Suprema sobre el reparto de fondos públicos entre la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Nación. Pero el objetivo final del kirchnerismo era destituir a los magistrados de la Corte Suprema que deben pronunciarse, en última instancia, sobre la condena a Cristina Kirchner.

Aunque se trata de un mecanismo previsto en la Constitución argentina, no se había activado desde 2003. Durante las 24 sesiones celebradas desde el mes de enero, el pereronismo recurrió a actuaciones de espionaje y "operaciones de inteligencia ilegales" para desacreditar a altos cargos judiciales y acusarlos de connivencia con la oposición, señala el diputado Juan Manuel López. 

Tras la victoria electoral de Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner ha perdido sus fueros y, por tanto, podría ser detenida en cualquier momento, una vez su condena sea firme. No obstante, al haber cumplido los 70 años el pasado mes de marzo, la legislación argentina permite sustituir su pena de cárcel por arresto domiciliario.  

Pero la Kirchner tiene aún otras cuentas pendientes con la Justicia. En la causa que más puede inquietarle, está investigada por aprobar el Memorándum de entendimiento Argentina-Irán, que habría servido para encubrir a los terroristas que atentaron en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.

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