Yolanda Díaz propone que humillar a las víctimas del terrorismo ya no sea delito en pleno idilio con Bildu
La vicepresidenta también aboga por derogar el artículo 504 del Código Penal, que castiga a quienes "injurien o amenacen" al CGPJ, al Tribunal Constitucional, al Supremo o al Gobierno.
19 diciembre, 2023 02:56El Pleno del Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de Ley en la que Sumar pide despenalizar los delitos de injurias a la Corona, ofensa a los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo.
El texto registrado por la coalición que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz argumenta que estos delitos "amordazan y reprimen la libertad de expresión" y son "impropios de una democracia desarrollada".
La iniciativa llega en pleno idilio del Gobierno con Bildu, tras el acuerdo de investidura y sólo una semana después de que se conociera el acuerdo para desbancar a la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola. La sustituirá Joseba Asiron, portavoz de la formación proetarra.
Yolanda Díaz ha insistido en que la prioridad de la nueva legislatura ha de ser la agenda social, pero sus primeros pasos tras las elecciones del 23-J, como los del PSOE, han estado encaminados a complacer las exigencias de los socios independentistas del Gobierno.
La vicepresidenta fue la primera en fotografiarse en Bruselas con el fugitivo de la Justicia Carles Puigdemont, para allanar el camino a los pactos de investidura. Ahora impulsa esta reforma del Código Penal, que en los últimos años venían reivindicando ERC y Bildu.
El artículo 578 del Código Penal, que Sumar propone derogar íntegramente, establece penas de uno a tres años de prisión para quienes enaltezcan o justifiquen el terrorismo, y para quienes realicen actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o sus familiares".
La coalición de Yolanda Díaz recuerda que el delito de enaltecimiento del terrorismo se introdujo en el Código Penal en 2000, como resultado del pacto de Estado contra el terrorismo firmado entre el PP y el PSOE, "en un momento de extrema violencia perpetrada por la organización terrorista ETA".
Dos décadas después, "en un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión", argumenta Sumar para proponer su derogación.
La coalición sostiene que este artículo sólo ha servido para que "tuiteros, cineastas y raperos estén siendo enjuiciados por sus mensajes en la red, sus largometrajes y las letras de sus canciones. Sin embargo, pese a la dureza de sus expresiones se ha puesto de manifiesto que no existe ningún peligro de comisión de delitos terroristas".
En su lugar, la coalición propone modificar el artículo 22.4 del Código Penal para introducir un simple agravante genérico en el resto de delitos, cuando se cometan sobre alguien "por razón de ser víctima del terrorismo".
El texto que ha registrado Sumar también propone derogar el artículo 504 del Código Penal, que establece penas de 12 a 18 meses de cárcel para quienes "calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma".
Ataques a los jueces
La pena se elevará de tres a cinco años de cárcel, para quienes "empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos Organismos asistir a sus respectivas reuniones".
Hace tan sólo una semana, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, tachó de "indecentes" a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Manuel Marchena, Carlos Lesmes, Pablo Llarena, Carmen Lamela y Concepción Espejel, de los que dijo que deben ser "cesados y juzgados de inmediato".
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Nogueras pronunció estas palabras desde la tribuna del Congreso de los Diputados, sin que la presidenta de la Mesa, la socialista Francina Armengol, censurara sus palabras o las retirara del Diario de Sesiones, como pedía el PP.
Sumar argumenta que los artículos del Código Penal que propone suprimir (490.3, 491, 504, 525, 543 y 578) "criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad —la procesión del Coño Insumiso—, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España".
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Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han mostrado su indignación, a preguntas de EL ESPAÑOL, por la iniciativa de Sumar para derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que preside Maite Araluce, ha destacado el "sinsentido" de las políticas que impulsa el Gobierno: "Mientras por un lado se aprueban leyes para castigar y sancionar el enaltecimiento del Franquismo, al mismo tiempo se pretende despenalizar el enaltecimiento de los terroristas".
La AVT considera "de extrema gravedad" la propuesta registrada por Sumar, más aún cuando en las calles del País Vasco y Navarra se siguen celebrando de forma impune homenajes a los terroristas que salen de prisión. Si prospera la iniciativa parlamentaria, indican desde la fundación, "estaríamos retrocediendo en nuestro modelo de protección a las víctimas del terrorismo".
En el mismo sentido, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que preside Consuelo Ordóñez, rechaza la iniciativa para despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, aunque constata que en los últimos años no se estaba aplicando este artículo del Código Penal: "No han condenado a nadie nunca por un ongi etorri", es decir, por los actos callejeros de homenaje a los terroristas.
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El vicepresidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Víctor Valentín Cotobal, constata por su parte que "la libertad de expresión es un derecho fundamental y reconocido por nuestra Constitución y el Derecho internacional".
"Pero el Tribunal Supremo ha recordado en varias ocasiones", añade Cotobal, "que este derecho tiene limitaciones: no puede utilizarse de manera partidista creando espacios de impunidad para enaltecer el terrorismo y humillar a sus víctimas".
