Reynders impondrá una negociación por escrito del CGPJ para evitar engaños entre el Gobierno y el PP

Ésta es una de las ventajas de la que fue advertido Alberto Núñez Feijóo por sus colaboradores más estrechos cuando, una semana antes de la cita con Pedro Sánchez, se decidió en Génova apostar por incluir a la Comisión, como garante de la negociación. La experiencia de finales de 2022 sirvió de "escarmiento" a la actual dirección del PP.

Ha acabado el año y todavía no ha habido contacto entre Félix Bolaños y Esteban González Pons para la renovación y reforma del CGPJ. 

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Según fuentes de Moncloa, el ministro de Justicia tenía previsto llamar al vicesecretario institucional del PP "lo antes posible", pero desde la sede de Génova se le hizo saber que no merecía la pena que se molestase: el negociador popular no se fía de él, y ya sólo espera que el gabinete del comisario de Justicia concierte una cita, ya entrado el mes de enero, para "una reunión a tres".

Y es que Feijóo ya le transmitió a Sánchez que preferiría otro negociador por parte del Ejecutivo, no a Bolaños: "Simplemente, nos mintió. Y la confianza, que es importante para avanzar, es difícil recuperarla si te engañan". Pero, ¿a qué se refería el líder del PP?

Por un lado, a que con el acuerdo "ya prácticamente cerrado", todo saltó por los aires tras la "mentira a la cara" del negociador del PSOE al del Partido Popular. Y por otro, a que esa mentira consistía no sólo en una negociación paralela con los independentistas de ERC, sino en su contenido: "Exactamente el contrario de lo que decía la letra de las reformas" pactadas entre socialistas y populares para "garantizar la separación de poderes".

Sin Reynders, sin avances

Siempre según fuentes de la cúpula del PP, la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación fueron interpretadas como un ataque a la división de poderes por parte del Ejecutivo, "pagando así el precio que le imponían los independentistas para aprobar los Presupuestos de 2023".

Fuentes oficiales de Justicia lamentan que "el PP no quiere ningún avance ni reunión hasta que la Comisión no se pronuncie y acepte el rol de mediador". Y respecto a si hay algún matiz sobrevenido a su posición de "rotundamente no" aceptar una reforma en el método de elección de los vocales jueces del CGPJ, se remiten "a la discreción de las negociaciones".

De momento, y tras la advertencia del Partido Popular de que no tiene "nada que hablar con Bolaños" hasta que la Comisión cite a ambas partes, el único avance en este asunto es que Moncloa ya ha pedido a Bruselas que "facilite" los trabajos. Aún no se sabe si será el propio Reynders o Vera Jourová, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, quien convoque a Bolaños y González Pons.

Es más, la Comisión ni siquiera ha dicho que sí. De momento, asegura "estar reflexionando en estos momentos sobre esta solicitud por parte de las autoridades españolas".

Didier Reynders y Félix Bolaños conversan durante el primer Consejo de Justicia de la UE del ministro, en Bruselas. UE

Pero en el PP dan por sentado que Bruselas aceptará. "Dos días antes de la reunión del presidente Feijóo con Sánchez, sondeamos a Reynders", afirma un miembro de la dirección popular. "Y se mostró entusiasta con la idea, si ésta servía para desbloquear esta situación insostenible en el Poder Judicial".

"Golazo por la escuadra"

Los populares admiten su parte de responsabilidad en el bloqueo, pero afirman que lo "insostenible" son dos cosas: que la no renovación está causando "perjuicios a los ciudadanos por culpa de la reforma del Gobierno Sánchez"; y que el objetivo de Sánchez "es controlar también al Poder Judicial", y por eso se empeñan en que la renovación y la reforma de la ley vayan simultáneas.

"Para que los jueces elijan a los jueces, como exigen los informes sobre el estado de derecho de la Comisión", añaden.

Y por eso, aseguran, fue "un golazo por la escuadra" forzar al presidente del Gobierno a aceptar una propuesta "irrechazable". Según el PP, "Sánchez no podrá engañar a la Comisión Europea".

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Primero, porque "Reynders y Jourová ya lo conocen, y no se fían de su Gobierno". Segundo, porque "Bolaños volvió a mentir, manipulando las palabras del comisario Reynders, al decir que había 'cero preocupación' con la ley de amnistía en Bruselas".

Pero también, tercero, porque "tenemos al árbitro de nuestra parte... ya que sólo pedimos lo mismo que la Comisión". Cuarto, porque "la Comisión tiene competencias", recuerda el PP, refiriéndose a su misión como guardián de los Tratados para hacer cumplir el artículo 2 del Tratado de la UE:

"La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres".

Y finalmente, quinto, "porque si todo queda por escrito, no caben triquiñuelas, juegos o mentiras" respecto de la reforma de la ley. El PP pide que se cumplan los "estándares europeos", tal como los describe Reynders: "Que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean jueces elegidos directamente por los jueces, sin interferencia de los políticos, ya sea del Legislativo o del Ejecutivo".

Eso, en España y atendiendo a la Constitución, se traduciría en que 12 de los 20 vocales, los de extracción judicial, deberían ser votados por el sufragio universal de los miembros de la carrera judicial. El resto, los otros ocho procedentes del cupo de "juristas de reconocido prestigio", sí saldrían de una votación en las Cortes.

Lo que alega el Gobierno

El Gobierno, por su parte, acusa a los populares de haber "esgrimido decenas de excusas diferentes" para negarse a renovar el CGPJ, "porque su objetivo es mantenerlo secuestrado con unas mayorías que datan de hace más de una década, de la mayoría absoluta del primer Gobierno de Mariano Rajoy".

Es cierto que los vocales ya llevan más de cinco años con el plazo vencido. Y que, por tanto, constitucionalmente, ya habría que haber renovado el CGPJ dos veces ya desde que permanece bloqueado.

Y señalan que la reforma que impulsaron PSOE y Unidas Podemos y hoy impide a ese Consejo en funciones seguir haciendo nombramientos, se impulsó "para forzar al PP a entrar en razón". Pero el efecto ha sido pernicioso, porque haberle retirado sus atribuciones constitucionales al CGPJ con el mandato cumplido, hoy tiene al Tribunal Supremo con alrededor de un tercio de los juzgados vacantes, lo que ralentiza todo el sistema judicial.

Fuentes de Moncloa no se cierran a "hablar de todo lo que quiera el PP", pero se agarran a la literalidad de la posición expresada por el portavoz de la Comisión: que "lo prioritario es la renovación" del Consejo. Y que después, con Reynders "mediando", como dice el Gobierno, o "supervisando", como puntualiza el PP, se abordará la otra exigencia de la Comisión: "Inmediatamente después, impulsar una reforma del sistema de elección de los vocales jueces, bajo los estándares europeos".

Al PP le basta con eso, y asegura que si Bolaños o Sánchez quieren enredar, "con Bruselas, y todo por escrito, tienen un grave problema".