Sánchez busca vincular el 'concierto catalán' a la reforma fiscal pendiente para no perder a sus socios

La vicepresidenta primera será la responsable de ponerle la letra pequeña al acuerdo oficialmente firmado por el PSC y ERC, pero que a ella misma se le escapó que es un pacto "con la Generalitat de Cataluña".

Cuando lo haga, se le habrá abierto el debate del nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas del régimen común, todas ellas a la contra del cupo catalán.

Pero a Montero le vendrá bien porque, en el fondo, su jefe, el presidente Pedro Sánchez, busca vincular este debate con el de la reforma fiscal pendiente con Bruselas. La Comisión Europea ya ha advertido de que no librará el quinto pago de los Fondos de Recuperación hasta que se cumpla ese hito comprometido.

Y ya anunció el líder socialista, en su conferencia de este miércoles, a la misma hora que Montero se zafaba de la oposición, dos medidas simultáneas: que dará más dinero a todas las CCAA y que subirá los impuestos "a los de arriba". Esos "ricos "que tienen "dinero para vivir más de cien vidas".

La terminología, elegida con tino, buscaba reagrupar a sus socios parlamentarios, de los que depende para sacar toda esta apuesta adelante.

Montero trataba, en su comparecencia, de no llamarle "concierto" a la "financiación singular" de Cataluña, aunque haya sido desautorizada por Josep Borrell, y desafiada hasta por algunos de sus barones.

Pero sabe que la palabra será lo de menos, y que la clave estará en cómo forzar los apoyos de los diputados regionales de Sumar -Compromís y la Chunta no están por la labor- al tiempo que compromete la unidad del Partido Popular, con ofertas individualizadas a sus presidentes regionales.

Por eso mismo, Sánchez convocará, uno a uno, a los líderes autonómicos en Moncloa mientras se prepara una Conferencia de Presidentes que él quiere centrar en la vivienda y ellos, en que el reparto de la tarta fiscal no se quede sin el 20% que aporta Cataluña. 

Lo de Bruselas

El cuarto pago de los fondos europeos ya llegó de Bruselas con un año de demora, con descuentos y con polémica en la propia Comisión Europea. Y para el quinto desembolso de fondos europeos, España no sólo va con nueve meses de retraso, sino que le falta por hacer la reforma clave, la fiscal.

Y si Sánchez tiene alguna esperanza de seguir en la Moncloa, habrá de tenerla lista antes de fin de año.

Porque para abordarla, se verá obligado a encajar este nuevo puzle con otras leyes y, sobre todo, buscando apoyos que hoy no tiene en el Congreso.

El presidente tiene previsto que su apuesta más arriesgada -la del cupo catalán que le concede a Cataluña la 'desconexión fiscal'- vincule en un solo proceso la reforma de la financiación autonómica con el compromiso del Componente 28 del Plan de Recuperación: la Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI [consúltelo aquí en PDF].

Así lo ha podido confirmar este diario en fuentes de su entorno y de la Vicepresidencia Primera. Y para ello se preparan ya en las filas del Partido Popular, primer partido en el Congreso y que hoy gobierna 12 CCAA, según ha sabido EL ESPAÑOL.

El objetivo de Sánchez es someter a una especie de chantaje político a las regiones del PP -contrarias, como otras del PSOE, al "concierto económico solidario" catalán-, con medidas fiscales que puedan compensarles en ingresos por la eventual pérdida de la porción de Cataluña, una quinta parte del total. Y con eso, meter una cuña de discordia con la dirección nacional del PP.

Relación entre ambas

Ambas reformas están íntimamente relacionadas en su contenido. Y desde el principio de los gobiernos de Sánchez, así lo ha dejado claro la también ministra de Hacienda y número dos del PSOE. Pero ahora, además, se añade la necesidad de cumplir con la Comisión Europea, y la oportunidad que eso abre en el relato político.

Sobre lo primero, los compromisos con Bruselas, el ministro Carlos Cuerpo trató de convencer hace casi tres meses a la Comisión de que el Gobierno ya ha "tomado todas las decisiones" contempladas en los compromisos con la UE. Aunque sabía que no es cierto.

La redacción del Componente 28 es leve e inconcreta. Pero su reforma 7 promete expresamente "medidas tributarias de adopción a corto plazo en los Impuestos personales de forma que pasen a ser más progresivos, redistributivos y justos".

Es decir, un nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), largamente anunciado por Montero y nunca abordado... aunque ahora que se quiere ceder a Cataluña al 100% será imprescindible.

Y sobre lo segundo, Sánchez sabe que tendrá que volver a empujar al PP con acusaciones de que "trabaja contra España en Europea". Así, cualquier oposición del partido de Alberto Núñez Feijóo será aprovechada para acusarle de torpedear el cobro de los fondos NextGenerationEU.

En la casilla de 2014

Hasta ahora, Montero ha sido incapaz de impulsar una nueva ley de financiación de las Comunidades Autónomas, aunque la ha prometido desde su llegada al Consejo de Ministros, en junio de 2018. El sistema lleva caducado más de una década, pues la ley se remonta a 2009, con los gobiernos de Zapatero, y debió ser cambiado en 2014.

Aquél fue el año en el que el procés comenzó a convertirse en real, con la consulta de cartón impulsada por Artur Mas cuando Mariano Rajoy le dijo "ni se puede legalmente, ni habría dinero" para lo que entonces se llamaba "el pacto fiscal"... y hoy es "el cupo catalán".

Diez años después, volvemos a la casilla de salida, pero con el Gobierno en el otro lado de la ecuación. 

Varias veces se ha comprometido a ello, incluso anunciando como inminente el inicio de los trabajos en el seno de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera. Pero la ministra de Hacienda siempre ha encontrado obstáculos políticos de diversa índole.

Primero, la caída del primer Gobierno Sánchez, al no poder aprobar los Presupuestos de 2019, tumbados por ERC. Después, la inestabilidad de la coalición con Podemos. Más tarde, los diferentes 'rallies' electorales. Y ahora, su dependencia parlamentaria de una llamada "mayoría progresista" que no es tal...

...y mucho menos ahora, que tiene que conjugar los intereses absolutamente contrapuestos de Junts y de Esquerra.

Sin los siete votos de cada una de estas dos formaciones independentistas catalanas, que además someten toda su relación con el PSOE a revisión en sus congresos de octubre (Junts) y noviembre (ERC), habrá Gobierno pero no hay legislatura.

Y ahora mismo, para sostenerse en 2025 necesita unos Presupuestos, que Junts no le aprobará, tras el pacto con ERC para investir a Salvador Illa: ya lo demostró tumbándole la senda de déficit en el último pleno de julio.

Pero para sacar adelante lo comprometido con ERC, necesita acompañar la reforma de la financiación autonómica de la reforma fiscal. Porque lo pactado incluye la salida de Cataluña del régimen común, por un lado, y la cesión de todos los tributos a la Generalitat, por el otro... y también debe de ponerse en marcha en 2025.