Sánchez no tramitará por falta de mayoría las leyes sobre jornada laboral, vivienda o impuesto a banca y eléctricas

De hecho, fuentes de Moncloa explican que Pedro Sánchez ha decidido volcarse en el empeño con el convencimiento de que es la manera de salvar la legislatura y llevarla lo más cerca posible de la primavera de 2027.

Si hubiera Presupuestos ahora, el presidente del Gobierno tendría oxígeno político suficiente para llegar a finales de 2026 sólo con una prórroga en 2025. Si finalmente no los hay, será mucho más difícil que pueda afrontar una legislatura completa con las cuentas aprobadas en la anterior, en este caso, en 2023.

Eso explica que Sánchez haya rectificado y aceptado cambiar la senda de déficit y retrasar todo el calendario para aplazar la negociación sobre los Presupuestos hasta que hayan pasado los congresos de Junts y de ERC.

Así lo ha hecho, a pesar de que las noticias que el Gobierno recibe desde dentro de Junts indican que no hay ninguna opción de que los "pragmáticos", "exconvergentes" y "moderados" le puedan ganar el pulso a Puigdemont en ese congreso de Junts.

Tomás Serrano

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"Todo el pescado está vendido y el congreso sólo será la coronación de Puigdemont", explican desde dentro del partido independentista. El Gobierno ha sondeado al entorno empresarial de Junts y también a algunos de los dirigentes más alejados del expresident de la Generalitat, y la impresión es muy negativa sobre las opciones de un cambio en este partido.

Según esas fuentes, Puigdemont está entre mantener su posición de arrancar cesiones del Gobierno dejando claro que él es quien realmente sostiene la legislatura, o evitar aprobar los Presupuestos para no quedarse sin armas contra Sánchez.

Porque si hubiera Presupuestos para 2025, Sánchez ya no tendría necesidad de aprobar otros el próximo año y, por tanto, Junts perdería su capacidad de presión. Ya no sería imprescindible. Obviamente, Junts descarta apoyar una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo que incluya a Vox, porque también le haría perder su capacidad de decidir sobre la política española.

Por el momento, el Gobierno ha expurgado entre su agenda legislativa para resucitar las iniciativas que puedan reunir al bloque de la investidura, apartando las que puedan debilitarlo y provocar derrotas parlamentarias.

Objetivo: más leyes

La idea es priorizar las normas técnicas o con claro sesgo ideológico que puedan ser apoyadas por la izquierda y por el independentismo. Se pasa de la mayoría progresista, que ahora se demuestra inexistente, a la mayoría plurinacional.

Se trata de evitar la imagen de un Gobierno que no puede gobernar por falta de apoyos parlamentarios y engrosar la lista de leyes aprobadas.

Para lograr ese objetivo se ha echado mano de normas en las que ya había perfilado un bloque suficiente para aprobarlas, por ejemplo, la ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza, sobre la que ya había un consenso de todos, salvo del propio Gobierno.

Moncloa levantó las líneas rojas que mantenía desde la legislatura pasada sobre esta reforma legal, sabiendo que hay garantías de sacarla adelante con sus socios.

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Prosperará también una ley muy técnica sobre la Administración de Justicia que se debate en el Congreso y que responde a una transposición de normas europeas, y este mismo martes el Pleno del Congreso admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que modifica la Ley Orgánica de Derecho de Asociación para poder ilegalizar entidades que enaltezcan el franquismo, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco. Ese asunto sirve también para recomponer el bloque de investidura.

Algo parecido ocurre con la propuesta del PNV para dar más control judicial a la actividad del CNI, a la que el PSOE se ha subido sabiendo que el resto de socios parlamentarios lo hará también.

En cambio, el Gobierno y sus socios son conscientes de que será mucho más complicado sacar adelante normas fiscales o sociales.

Por ejemplo, ha parado el impulso de Yolanda Díaz de promover la reducción de jornada si antes no hay acuerdo con la patronal. Sólo con el certificado del apoyo de los empresarios se garantiza el voto a favor de PNV y Junts. De ahí que se posponga.

Marta Fernández Europa Press

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No hay tampoco opción de tramitar y sacar adelante asuntos vinculados a política fiscal. De hecho, aún no hay acuerdo con sus socios parlamentarios sobre el futuro de los impuestos a la banca y a las energéticas, que caducan a final de año.

Tampoco hubo posibilidad de acuerdo con Junts sobre la reforma de la Ley de Inmigración para facilitar el traslado de menores migrantes a otras comunidades. Los independentistas ya votaron una vez en contra en el Congreso, y el Gobierno busca el voto del PP para aprobarlo.

Ni es fácil tampoco que Moncloa pueda lograr el voto de Junts para abordar medidas sobre vivienda.

Por ello, el Gobierno teme que Junts vuelva a alinearse con el PP y Vox para aprobar en el Congreso iniciativas que tengan que ver con políticas económicas y sociales más próximas a la derecha.

Botón rojo

De hecho, el PP se ha lanzado a presentar iniciativas como las medidas de conciliación y vivienda, entre otras. En ese caso, Moncloa tiene un botón rojo que puede apretar, que es la capacidad de veto que tienen los gobiernos sobre proposiciones de ley que supongan algún aumento de gasto y disminución de ingresos. 

Esa vía ya se ha utilizado en numerosas ocasiones por diferentes gobiernos, no requiere argumentación y se invoca justo después de que la proposición sea calificada por la Mesa, en el inicio del trámite parlamentario.

En la Moncloa ha sorprendido y molestado el artículo de The Economist titulado "Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española". Y el texto, publicado en uno de los medios que más condicionan e interesan a Sánchez, asegura que "su Ejecutivo de coalición gobierna en minoría a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos, y a un coste creciente para la calidad de la democracia española y sus instituciones".