El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en el 15º Congreso Regional del PSOE-M.

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en el 15º Congreso Regional del PSOE-M. Jesús Hellín / Europa Press

Política

Óscar López elige las muertes por Covid en residencias como arma contra Ayuso, pero más de 60 sentencias le rebaten

El ministro acusa de "deshumanización" a la presidenta madrileña y le echa en cara su gestión, pero los tribunales siguen fallando a favor de ella. 

Más información: Ayuso crea una comisión para mejorar la atención sanitaria en las residencias en plena polémica por su gestión.

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El ministro Óscar López ha entrado en la política madrileña decidido a reavivar el debate sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Desde que comunicó su decisión de aspirar a la secretaría general del PSM para sustituir a Juan Lobato, ha intensificado sus críticas a los protocolos sanitarios aplicados en aquellos meses críticos.

En su pugna con Isabel Díaz Ayuso, Óscar López ha abanderando la tesis de las denuncias de centenares de familiares en el sentido de que hubo decisiones políticas que provocaron muertes en las residencias de ancianos

La realidad es que la Justicia ha cerrado ya más de 60 causas sin hallar negligencias en la actuación del Gobierno madrileño.

La preocupación del ministro para la Transformación Digital por los ancianos fallecidos por la Covid en las residencias coincide, según refleja su cuenta de X (antes Twitter), con su operación de aterrizaje en el PSOE de Madrid y su estrategia de oposición a Ayuso.

También en sus intervenciones empezó a hablar entonces de "los mayores que murieron abandonados en residencias durante el covid" y el recorte de los servicios públicos, como estas instalaciones para mayores.

Desde el pasado 10 de febrero sus ataques se han intensificado, coincidiendo con la publicación del documental de Jordi Évole en la Sexta.  

Tras el programa, el ministro acusó a la presidenta madrileña de "deshumanización". "Algunos [mayores] se podrían haber salvado si los hubieran trasladado a los hospitales", escribió en las redes sociales.

 

El jueves, el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Madrid dictó el sobreseimiento de una denuncia de la asociación Marea de Residencias por la muerte de seis ancianos en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez durante la primera ola del Covid-19.

El juez ha determinado que no hubo negligencia en la gestión del centro y que los protocolos seguidos fueron los adecuados para las circunstancias excepcionales del momento.

En su resolución, haciendo suyas las valoraciones del médico forense, el magistrado  concluye que "se atendió a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse".

"Los hospitales estaban saturados, desbordados más bien, no se sabía cómo curar la enfermedad, no se disponía de medios. Recuérdese que al inicio no había mascarillas, no había equipos de oxígeno de alto flujo, las bajas por contagio del personal sanitario y asistencial, también en las residencias que nos ocupa, eran elevadas. La incidencia en personas vulnerables con afectación de otras enfermedades o de la propia edad avanzada, fue mucho mayor", prosigue la sentencia.

Además, el auto insiste en que "los protocolos no descartaban de manera absoluta el ingreso en los hospitales de los residentes, dependiendo del criterio de los geriatras de guardia o de referencia, y de hecho, algunos de los fallecimientos investigados inicialmente recomendaban la derivación al hospital".

El juez también subraya que "si descartamos la comisión del delito de homicidio o lesiones por imprudencia, al haberse deparado a los residentes el tratamiento adecuado dadas las circunstancias, es inviable considerar cometido un delito de omisión del deber de socorro del artículo 195 del C. Penal o de trato degradante del artículo 175 del C. Penal (EDL 1995/16398) o de prevaricación del artículo 404 del mismo texto legal".

Esta resolución se suma a las más de 60 causas judiciales archivadas que, según fuentes de la Comunidad de Madrid, han concluido que no hubo actuación negligente por parte del Ejecutivo de Ayuso ni de los responsables de los centros.

Desde el Ejecutivo madrileño han evitado realizar declaraciones sobre estas sentencias hasta que se obtenga un informe oficial de Servicios Sociales que compile todas las resoluciones judiciales sobre este asunto.

Al margen de estas sentencias, asociaciones de afectados insisten en solicitar que se abra una investigación en la Asamblea de Madrid, después de que el PP haya impedido que se constituya una comisión. 

Piden ser escuchados por Ayuso, que les ha calificado de ser una "plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas", y a los que les ha acusado de utilizar una "cifra inventada" de víctimas "junto con una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad".

La cifra de víctimas es, precisamente, uno de los argumentos al que recurre el Ejecutivo madrileño para defender su gestión en la Covid-19.

El jueves pasado, Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que en regiones como Navarra, Valencia o Aragón, "en proporción, murieron muchos más mayores" durante la primera ola de la pandemia que en Madrid. Y acusó a la izquierda de callar ese dato porque "entonces gobernaban ustedes en esas comunidades".