IU registra una iniciativa para que estudiantes con problemas de salud mental disfruten de bajas como los trabajadores

El diputado de Izquierda Unida (IU) y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha impulsado la redacción y registro en el Congreso de una iniciativa parlamentaria para mejorar la situación de los estudiantes que padecen ahora o puedan padecer en el futuro algún tipo de problema de salud mental e implementar un sistema de 'bajas estudiantiles' similares alas bajas laborales existentes.

Con esta proposición no de ley, la formación de Antonio Maíllo busca hacer frente a la creciente crisis de salud mental entre los jóvenes y adolescentes en España, que como recuerda IU es cuatro puntos superior a la media europea (16,3%) y siete puntos superior a la media global (13,2%).

La iniciativa elaborada técnicamente desde IU -que firman su también diputado Nahuel González y la parlamentaria del Grupo Plurinacional de Sumar Águeda Micó- subraya que "si un trabajador que padece este tipo de trastornos tiene derecho a una baja laboral, también debería ser así para los estudiantes". Estas bajas dirigidas a "estudiantado post obligatorio" funcionarían como bajas en el ámbito laboral a través de la realización de un informe, en un plazo de 12 meses.

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El diputado Toni Valero subraya la necesidad de estas 'bajas' en estudiantes con problemas de salud mental, entre otros motivos, porque aquellos que los sufren “si dejan de ir a clase pueden sufrir consecuencias graves al carecer de este derecho, como puede ser la pérdida de becas o un descenso en las calificaciones, al margen todo ello de otro tipo de problemas más personales por su estado de salud”.

La iniciativa de IU denuncia, a modo de ejemplo, que los criterios de concesión y devolución de becas suponen una discriminación contra cierta parte del alumnado, sobre todo en los casos de quienes problemas de salud mental. Así la beca MEC, exige a los alumnos no universitarios que no asistan al 80% de las horas lectivas devolver la ayuda, lo que añade más presión a estos estudiantes.

Con esta proposición no de ley, IU se hace eco del informe de Unicef sobre salud mental Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia 2023-2024”, que señala que el 41,1% de jóvenes entre 13 y 18 años manifiesta o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año.

Dentro de este grupo, “más de la mitad (51,4%) no ha pedido ayuda y uno de cada tres no ha hablado con nadie sobre estos problemas. Todos estos datos llevan a afirmaciones tan crudas como el hecho de que el suicidio es, hoy por hoy, la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años”, incide el texto.

Ante esta creciente crisis de saludad mental, IU propone la siguiente batería de medidas:

1. Estudiar la implementación de ‘bajas estudiantiles’ para estudiantado post obligatorio, que funcionen de manera similar a las bajas laborales existentes, a través de la realización de un informe, en un plazo de 12 meses.
2. Mejorar las adaptaciones en el proceso educativo de la enseñanza a personas con diagnósticos de problemas de salud mental incapacitantes, en coordinación con la administración competente.
3. Modificar los criterios de concesión y devolución de becas de carácter estatal, para no penalizar faltas de asistencias en casos de problemas de salud mental incapacitantes, y para becar segundas matrículas.
4. Implementar coordinadamente con el Ministerio de Juventud e Infancia la incorporación en las administraciones de políticas activas para minimizar el impacto de patologías como la ansiedad generalizada y la baja tolerancia a la frustración, así como protocolos y métodos que nos permitan avanzar en la gestión de esta problemática en el estudiantado.
5. Reforzar el personal capacitado para atender problemáticas de salud mental, reforzando los roles de orientadoras, psicólogas, enfermeros y otros profesionales de la salud mental, en base a las realidades y necesidades de cada centro.
6. Establecer campañas de concienciación, que puedan ser desplegados en colegios o centros educativos, en coordinación con las consejerías de educación de las comunidades autónomas, sobre los efectos y peligros de la socialización a través de las redes sociales.