Granados seguirá en prisión porque sigue ocultando "una gran cantidad de dinero" a la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de acordar que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, siga en prisión por un máximo de dos años más, hasta cumplir los 4 años de prisión preventiva máxima permitida por ley. La principal razón de que el exnúmero 3 de Esperanza Aguirre no pueda salir de la cárcel desde que ingresó en octubre de 2014 es que sigue ocultando una "gran cantidad de dinero" a la Justicia.

En su auto, el juez concluye que el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del PP en Madrid, además de los fondos en metálico localizados en Suiza al entorno de Granados, así como sus bienes incautados y efectivo en metálico, 1 millón de euros encontrados ocultos en el interior de un armario de casa de sus suegros, sigue disponiendo "de una manera oculta de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación todavía no ha sido capaz de decomisarle que haría que, en caso de ser puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de la justicia".

Para tomar esta decisión el juez ha tenido en cuenta también la no colaboración con la investigación y de " apoyo ideologizado" por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas ( documentos quemados o triturados en el ayuntamiento de Valdemoro) una situación que podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión mas directa y presencial por parte del investigado.

Su cargo en la Comunidad, un “acicate”

En la resolución, Velasco se retrotrae a la época en la que Granados era alcalde de Valdemoro (Madrid), donde utilizó su cargo para intermediar en las adjudicaciones a su amigo David Marjaliza, quien le compensaría con comisiones a cambio. Según constata el instructor, en 2003, tras la celebración de nuevas elecciones municipales, pasó a ocupar el cargo de consejero en la Comunidad de Madrid, “lo que lejos de ser un contratiempo” para la continuación de las irregularidades en Valdemoro, “pudo suponer un acicate, dado que la continuidad política estaba asegurada en el municipio de Valdemoro (a través de su sucesor José Miguel Moreno, también investigado en la causa).

Según el criterio del juez, desde la Administración regional, dirigida por Esperanza Aguirre, Granados podía influir en la aprobación definitiva de un plan general urbanístico que había dejado pendiente en Valdemoro. Según las mismas fuentes utilizadas por Velasco, se habría reservado para sí determinadas contraprestaciones en forma de comisiones y participaciones societarias en el entramado empresarial beneficiado, “donde habría situado a personas de su confianza”.

Asimismo “se han hallado evidencias sólidas de que Granados recibió contraprestaciones en forma de bienes inmuebles, automóviles, artículos de lujo, etc. de estos y otros empresarios por maniobras que dependían de sus decisiones”, como por ejemplo una vivienda, un vehículos, viajes en yate o vacaciones pagadas.

Arpegio, la continuación

Según narra el instructor, tras su entrada en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Granados pasó a tomar el control de entidades como la empresa pública Mintra, Arpegio y la Fundación Arpegio. “En el ejercicio de estos cometidos existen indicios de que dirigió su actuación al objeto de beneficiar, además de los propios, los intereses empresariales de personas de su entorno personal de confianza” como David Marjaliza -socio suyo-, el yerno del constructor Villar Mir, Javier López Madrid -investigado en esta causa en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño- o el empresario José Luis Huerta.

Su propósito era, según el juez, obtener un “rédito económico de las adjudicaciones y/o subvenciones vinculadas con dichas entidades, llegando a hacer un uso patrimonial de dichas administraciones, llegando su esposa a enviar cestas de Navidad a amistades y conocidos, a cargo de la Fundación Arpegio”.

Velasco ha constatado, además, relaciones de negocio con empresarios que han sido adjudicatarios de contratos públicos dependientes de ámbitos de la Administración controlados por él, parte de cuyo dinero cobrado en efectivo –cerca de un millón de euros- se halló en el curso de un registro en el altillo de un dormitorio en casa de sus suegros.

En algunos casos habría incluso colocado a terceras personas o entidades sociales para ocultar su participación. Así habría tenido relación de negocio con Alejandro de Pedro -especialista en reputación 'on line'- en materia de asesoramiento político en Sudamérica o habría tenido participación en la empresa Bustren junto al exdirector general de Infraestructuras de Madrid Jesús Trabada y López Madrid.

La financiación del PP

Otra de las razones por las que Granados no está en disposición de quedar en libertad es por la pieza en la que Velasco investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño y que se encuentra bajo secreto de sumario. En calidad de secretario regional del PP en Madrid, el magistrado sostiene que Granados fue “participe y conocedor” del cobro de comisiones entregadas por distintas empresas, “existiendo evidencias de que retuvo parte del dinero recibido para sí o para terceros”.

En el contexto de las campañas electorales, habría sido además quién habría introducido a Alejandro de Pedro -investigado en la trama- en el PP regional, “quien desde ese momento pasó a realizar servicios de reputación personal a distintos cargos regionales y miembros del partido que lo retribuyeron enmascarándolo con innecesarios e irregulares contratos públicos”.