Costa y Rambla pagarán los platos rotos de la financiación irregular del PP en Valencia

La Fiscalía considera probado que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se financió de manera irregular los años 2007 y 2008 para pagar el sobrecoste de sus campañas electorales autonómicas, municipales y generales. También que "maquilló" sus cuentas concienzudamente con tal fin, recibiendo la financiación de distintos empresarios valencianos a través de la empresa de Correa, Orange Market.

Sin embargo, el Partido Popular no está considerado responsable (aunque sea a título lucrativo como en el caso Gürtel Época I) de los delitos electorales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública que se juzgan en el caso. Los dos únicos responsables del PP valenciano que se han sentado en el banquillo por esta causa han sido Ricardo Costa, el secretario general de la formación en Valencia, y Vicente Cotino, exvicepresidente del Consell valenciano que se encargó de dirigir una de las campañas electorales que se juzgan, aunque dijo "no tener ningún control sobre las facturas". La Fiscalía pide para Costa 4 años y 3 meses de prisión en lugar de los 7 años y 9 meses de prisión que pedía al inicio de la causa y 6 años y 4 meses de prisión para Vicente Rambla, retirándole únicamente el delito electoral relativo a las elecciones autonómicas de 2007.

"Los que han pagado se van de rositas"

Las defensas de los principales acusados de la causa, como Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' se han quejado durante la última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Nacional de que la Fiscalía no haya "querido llegar al fondo del asunto" y encontrar a los últimos responsables de dicha financiación irregular.

Así, Margarita Crespo, que es a la vez defensora de Pablo Crespo e hija de éste, para quien la Fiscalía solicita 13 años y seis meses de prisión, ha preguntado al Ministerio Público por qué no preguntó a los nueve empresarios que reconocieron haber pagado en negro los actos de campaña del PP a través de Orange Market "qué concesiones o adjudicaciones de obra pública recibieron a cambio". En este sentido, se ha quejado de que el Ministerio fiscal "no haya tenido ningún interés en averiguar la intención de los hechos. Lo grave se ha dejado a un lado y los que han pagado se van de rositas por un acuerdo de conformidad a cambio de no hablar sobre lo que ha generado el caso. Se les está exigiendo a los acusados un esfuerzo mucho mayor del que se le exige a los empresarios que han llegado a un acuerdo", le ha reprochado a la representante de la Fiscalía, Myriam Segura.

En este mismo sentido se ha manifestado el defensor de otro de los acusados que salen peor parados de la petición de la Fiscalía, Álvaro Pérez 'El Bigotes' para el que se solicitan 16 años y seis meses de prisión. Javier Vasallo se ha quejado de que no se hayan aplicado a su defendido las mismas atenuantes de confesión que a Correa si éste se basó en lo que 'El Bigotes' le trasladó para facilitar datos a la Fiscalía, según el letrado.

En este sentido, se ha quejado de la "falta de rigor de la acusación que está protegiendo a los empresarios y matando al mensajero", según Vasallo. El abogado ha dicho que "si el objetivo de la acusación es recaudar dinero, se ha cumplido, el procedimiento es rentable", se ha quejado Vasallo, quien también ha dicho que "como Álvaro Pérez es insolvente y no tiene más que la desgracia de verse cada día en una prisión, no se le puede pedir nada más"., pues no le vamos a pedir nada más.

El momento de la confesión

Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado han coincidido en que la diferencia para aplicar la confesión como atenuante -como ha ocurrido en el caso de Francisco Correa para el que finalmente piden 7 años y tres meses de prisión en lugar de los 22 años iniciales- es el momento que comenzó a colaborar con la Justicia.

Así, han destacado que tanto Correa como los empresarios implicados reconocieron los hechos antes de que comenzara el juicio oral. En el caso de Correa, también se mostró dispuesto a devolver el dinero defraudado solicitando su entrega a Credite Suisse, el banco suizo donde tiene sus fondos bloqueados por los distintos procedimientos abiertos.