Sentencia de Gürtel Valencia: El PP se financió "de una manera tan irregular que fue delictiva"

La Audiencia Nacional considera probado que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana financió de manera irregular las campañas autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Así se desprende de la sentencia del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha juzgado el caso de la trama Gürtel en Valencia.

"El PP CV financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva", se puede leer en la resolución firmada por el magistrado José María Vázquez Honrubia.

A pesar de que dicho partido no está considerado responsable de los delitos electorales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública que se juzgan en el caso por la naturaleza de dichos delitos, Honrubia considera que el partido financió de manera irregular sus cuentas con tal fin, recibiendo la financiación de distintos empresarios valencianos a través de la compañía de Francisco Correa, Orange Market. Hasta nueve empresarios valencianos reconocieron durante el juicio haber hecho pagos al partido. Todos han sido condenados a 1 año y 9 meses de prisión sustituible por multas económicas al haber confesado los hechos.

El únicos responsable del Partido Popular que se sentó en el banquillo, Ricardo Costa (secretario general del partido en dicha comunidad), ha sido condenado a 4 años de prisión y Vicente Rambla (exvicepresidente del Consell valenciano) ha sido absuelto. 

Francisco Correa ha sido condenando a 5 años y 3 meses de prisión, Pablo Crespo a 5 años y Álvaro Pérez 'El Bigotes', a 6 años y 9 meses en la sentencia por las piezas separadas 1,2 y 6 de Valencia del caso Gürtel.

El papel de Camps

El juzgador da credibilidad a la versión de Ricardo Costa sobre la posible responsabilidad del expresidente valenciano, Francisco Camps, en la trama, bajo cuya orden, según dijo el exsecretario general del PP en dicha comunidad, se financió el PP.

El magistrado recuerda que no se ha podido juzgar a Camps en esta causa porque ha comparecido como testigo y porque los delitos de los que se le podría acusar han prescrito: "(...) No puede omitir este juzgador que varios de los acusados han apuntado la existencia de otras responsabilidades en concreto los Sres. Fco Camps y Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat valenciana), pero es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto, formalmente, porque en este juicio comparecen como testigos por lo que es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta, por otra parte, los hechos se remontan a 2007/2008 por lo que dada la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave, sus actos, por supuesto en principio y sin prejuzgar, habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna".

El magistrado califica la declaración de Camps en sede judicial de "totalmente infructuosa para aclarar los hechos enjuiciados, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen", escribe.

"Desazón" del juez

El magistrado José Manuel Vázquez Honrubia describe en la sentencia la "trama" en la que participan Francisco Correa con su empresa Orange Market y sus trabajadores, el Partido Popular como beneficiario y los empresarios que hicieron los pagos.

Respecto a estos últimos, el magistrado dice que "las eufemísticamente denominadas aportaciones de los empresarios que constan, que no son sino donaciones encubiertas prohibidas por ley en tanto que contratistas de la administración y aun debiendo constatarse cierta desazón por este juzgador por la frase pronunciada en juicio por el lenguaraz Álvaro Pérez de que son todos los que están (en este juicio) pero no están todos los que son, lo cierto y probado es que estos contratistas pagaron las facturas al PPCV y por ende excediendo, y en mucho, el límite cuantitativo, no solo el de la época, 6.000 euros, sino el actual de 10.000 euros".

Soborno en diferido

Durante la celebración del juicio, aunque no se pudo probar, distintos acusados y testigos hablaron de las contraprestaciones que buscaban los empresarios que financiaron irregularmente al PP: adjudicaciones futuras por parte del Gobierno valenciano. 

Es una idea que sobrevoló durante todo el juicio y que el magistrado también refleja en la sentencia: "Que no produzca una lesión económica inmediata no impide, como se ha hecho, que se conceptúe por este juzgador como un delito de riesgo (peligro futuro), pues en síntesis se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos".

Otros condenados

El exgerente de Orange Market, Cándido Herrero, ha sido condenado a 5 años y 1 mes de prisión. Cristina Ibáñez, la exgerente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ha sido condenada a 3 años y 4 meses de prisión. La extesorera del partido regional, Yolanda García, ha sido condenada a 4 meses de prisión y José Ramón Blanco Balín, al que se consideraba "cerebro económico" al servicio de Correa, a 3 años de prisión.

La Fiscalía solicitó 4 años y tres meses de prisión para el exsecretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y 6 años y 4 meses de prisión para Vicente Rambla, vicepresidente de la Comunidad Valenciana. 

En el caso de Francisco Correa y sus trabajadores en Orange Market, la empresa a través de la que se habría financiado irregularmente las campañas electorales de 2007 y 2008 del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, la Fiscalía solicitó hasta 16 años y seis meses de prisión para Álvaro Pérez, 'El Bigotes', 13 años y seis meses de prisión para Pablo Crespo y 7 años y 9 meses de prisión para Francisco Correa, al que rebajó la petición de 22 a 7 años aceptando el atenuante de confesión para todos los delitos de los que está acusado.