El dictamen secreto de la Comisión del Diputado rechaza la "persecución política" que alega Borràs

El Tribunal Supremo "no persigue perturbar el funcionamiento de las Cámaras ni la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular", afirma el dictamen aprobado este viernes por la Comisión del Estatuto de los Diputados, en el que propone que el Congreso conceda el suplicatorio cursado por la Sala Penal para poder investigar por presuntos delitos de corrupción a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs.

El dictamen, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, niega que la actuación judicial busque alterar la composición de la Cámara surgida de las urnas, que dieron 8 escaños a los nacionalistas catalanes, encabezados por Borràs.

Desmiente, así, la tesis de la portavoz de JxCat, que en una comparecencia el pasado 11 de junio ante la Comisión sostuvo que "desde el inicio de la investigación" -que tiene su origen en unas diligencias del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona- "se han sucedido numerosas irregularidades procesales que, a su entender han violentado su derecho a la presunción de inocencia y su derecho a la defensa".

El dictamen resume las alegaciones de Borràs, presentadas a puerta cerrada dado que los trabajos de la Comisión relativos a un suplicatorio son secretos, señalando que, según la diputada, esas "irregularidades" constituyen la "prueba de que ha existido una persecución contra su persona fundada en la actuación política que ha venido desarrollando".

"Esta situación", señaló Borràs, "constituye no sólo un ataque contra su figura sino contra toda la institución representativa. De ahí que la causa penal impulsada en el seno del Tribunal Supremo suponga una injerencia contra el funcionamiento y la composición de la propia Cámara, razón que justifica la denegación de la autorización para proceder" contra ella.

La Comisión ha desmentido a Borràs argumentando que, sin entrar en valoraciones sobre la realidad de los hechos a los que se refiere la causa penal que pretende tramitar el Supremo ("puesto que en el modelo constitucional español el Parlamento no puede ejercer función jurisdiccional alguna ya que ello corresponde, en exclusiva, a jueces y Tribunales") "la actuación judicial examinada no persigue perturbar el funcionamiento de las Cámaras ni la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular".

El dictamen, que deberá remitirse a los miembros de la Cámara 48 horas antes de la votación sobre el suplicatorio, prevista para el próximo jueves, ha prosperado gracias a los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. 

Podemos no apoya el suplicatorio

PNV y JxCat se han pronunciado en contra, mientras que ERC y Bildu no han participado en la votación.

Unidas Podemos se ha abstenido, pese a que había había anticipado su intención de votar a favor de la concesión del suplicatorio. Según aseguraron a Europa Press fuentes de Podemos, no pueden concluir que la figura del aforamiento haya sido menoscabada en la instrucción del caso pero tampoco pueden descartar la "motivación política" que alega la diputada independentista.

El representante de JxCat en la Comisión, Jaume Alonso-Cuevillas, ha intentado que un escrito contrario al dictamen fuera anexado a éste como voto particular, lo que ha sido rechazado.

El escrito sostenía que es "palmario" que el proceso judicial contra Borràs "se produce en un contexto de tensión territorial" relacionado con el "ejercicio del derecho a la autodeterminación".

La respuesta del Estado, según Alonso-Cuevillas, es una "inusual judicialización de la política" y una "politización alarmante de la Justicia" mediante la "persecución" de políticos de la minoría nacionalista catalana.

El diputado, que reprocha al Tribunal Supremo no haber respetado la suspensión de los procedimientos judiciales impuesta, a su parecer, por el estado de alarma declarado por el Covid-19, ve una "injerencia judicial con motivación política" en las acciones penales contra su compañera Borràs. Aunque "no hay indicios de delito", sostiene, "el proceso ya es una pena anticipada".

La representante del Grupo Popular, Isabel García Tejerina, le contestó que la determinación de los indicios corresponde a los jueces y "no debe haber interferencia política en la acción de la Justicia". Para la diputada, "nadie entendería que un político no responda ante los jueces so pretexto de que es diputado, y menos aún por presuntos delitos de corrupción".

El dictamen apuntala ese criterio. Citando la doctrina constitucional, la Comisión señala que el suplicatorio "no puede concebirse como un privilegio personal, esto es, como un instrumento que únicamente se establece al objeto de sustraer las conductas de diputados y senadores del conocimiento o decisión de los jueces".

Contratos a un amigo

La causa contra Borràs, abierta el pasado diciembre, se encuentra paralizada a la espera de la decisión del Congreso.

La investigación, que apunta a presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administracion, malversación de caudales públicos y falsedad documental, se refiere a la actuación de Borràs como directora de la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2017, cuando adjudicó contratos por importe de 259.863 euros a favor de un amigo suyo, Isaías H.F. Lo hizo, presuntamente, fraccionando los contratos para evitar el procedimiento administrativo aplicable y reflejando conceptos e importes inventados.

Según la investigación del Juzgado de Barcelona, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías H.

Borrás y H. habrían actuado de común acuerdo mediante el presunto fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas ajenas a los hechos.