Vox no logra sacar de la comisión que controla el CNI a Iglesias: el Supremo rechaza su recurso

Vox ha fracasado en su intento de sacar al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que coordina todos los servicios de información e inteligencia del Estado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisibilidad del recurso que los diputados de Vox en el Congreso interpusieron contra un real decreto aprobado el pasado 25 de febrero por el que se modificó la composición de esa comisión para que Iglesias tuviera acceso a los secretos de Estado.

Vox argumentaba que se desconocían las razones por las que el responsable gubernamental de Derechos Sociales y Agenda 2030 “debía acceder a la información sensible que centraliza el Centro Nacional de Inteligencia" y sostenía que su integración en la comisión encargada de controlar al CNI contradecía la Ley 11/2002, reguladora de ese organismo.

El Gobierno cambió esa norma posteriormente, el 18 de marzo, para dar cobertura legal a la presencia de Iglesias en la comisión, por lo que la Abogacía del Estado pidió al Supremo que rechazara el recurso de Vox por pérdida sobrevenida de objeto.

La Sala lo ha hecho pero por otro motivo: los diputados de Vox, sean como partido, grupo parlamentario o a título individual, carecen de legitimación para impugnar ese asunto.

En una resolución en la que no constan votos particulares discrepantes y de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Teso, el alto tribunal recuerda su doctrina de que los la relevancia constitucional de los partidos políticos "por sí sola, no supone razón suficiente para reconocer una legitimación activa general o de simple interés de legalidad para recurrir en el orden contencioso-administrativo cualquier actuación del  Poder Ejecutivo".

El hecho de que el recurrente sea un partido político "no añade un plus en
orden a la determinación de su legitimación activa, ni permite extender el
ámbito del preceptivo interés legítimo de manera difusa a los objetivos o fines
de interés de política general del partido", añade.

Acción popular 'encubierta'

En el caso del recurso de Vox, la condición individual de diputados y su “interés legitimo en preservar su función legislativa” no les confiere una legitimación "para
impugnar cualquier actuación del Poder Ejecutivo que consideren contraria a la legalidad, pues ello equivaldría a reconocerles una suerte de acción popular
encubierta" inexistente en el ordenamiento jurídico.

La Sala destaca que los recurrentes "no invocan un interés propio y singular que ponga de manifiesto que obtendrán un beneficio o que se producirá un perjuicio, si el
recurso fuera estimado o desestimado, que es lo esencial del título legitimador".

Dado el rechazo del recurso, que ni siquiera va a ser tramitado, la Sala ha impuesto a Vox las costas del proceso iniciado a su instancia.

Iglesias no ve peligrar, por tanto, su presencia en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. El líder de Podemos siempre ha mostrado un especial interés por los servicios de inteligencia. En febrero de 2016, cuando planteó a Pedro Sánchez su primera oferta para formar un gobierno de coalición, Iglesias ya reclamó para él una Vicepresidencia del Ejecutivo de la que dependiera el CNI.

De acuerdo con la ley que regula el servicio secreto, corresponde a la Comisión Delegada proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del Centro Nacional de Inteligencia que han de integrar la Directiva de Inteligencia.

También se encarga de realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos del CNI y de velar por la coordinación entre este organiso y los demás servicios de información.