La asociación mayoritaria de jueces suspende el paro, sin dar nueva fecha, "como gesto de buena voluntad"

Tras una larga reunión de su comisión ejecutiva, la APM ha paralizado la medida de presión "como gesto de buena voluntad" y "a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial".

A diferencia de otras asociaciones, la APM no ha acordado poner una nueva fecha para llevar a cabo la huelga en el caso de que las conversaciones con el Gobierno no fructifiquen. 

[Termina sin acuerdo la tercera sesión negociadora del Gobierno con fiscales y jueces a 6 días de la huelga]

Las asociaciones de jueces y fiscales negocian desde el pasado día 3 con los Ministerios de Hacienda y Justicia una subida salarial que palíe la pérdida de poder adquisitivo que han tenido desde 2010 y que cifran en el 20%.

Durante la reunión de la mesa de retribuciones celebrada ayer, miércoles, el secretario de Justicia, Tontxu Rodríguez, exigió a las asociaciones que desconvocasen la huelga para llegar a un acuerdo.

La intervención del número dos de Justicia, que calificó esa huelga de "política", estuvo a punto de dar al traste con la negociación, que pudo reconducirse después de que los representantes gubernamentales plantearan que, si el paro indefinido previsto para el próximo martes no se desconvocaba, al menos se suspendiera o aplazara.

La Asociación de Fiscales, Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales aceptaron en ese mismo momento aplazar la huelga, en principio al día 19.

Por su parte, tanto Juezas y Jueces para la Democracia como la Unión Progresista de Fiscales -que no se sumaron a la convocatoria de huelga- aceptaron la propuesta de mejora salarial que plantea el Gobierno, que asciende a un monto total de 46,7 millones de euros para las dos carreras.

La APM y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria manifestaron que reunirían a sus ejecutivas antes de dar una respuesta.

FV: 22 de mayo

La primera de las dos en contestar, para sumarse también al aplazamiento de la huelga, ha sido Francisco de Vitoria. En un comunicado difundido a media mañana de este jueves, la AJMFV ha indicado que "después de analizar la situación existente, hemos decidido atender a la petición del Ministerio de Justicia" y "retrasar el inicio de la huelga".

El comunicado alude a que ya hay tres asociaciones convocantes del paro que han pospuesto el inicio del mismo. Al ser dos de ellas las asociaciones de fiscales (y no haber convocado la tercera, la UPF), el llamamiento para el día 16 se mantendría, en puridad, solo para la carrera judicial, señala Francisco de Vitoria.

"Las negociaciones en la Mesa de Retribuciones no han dado sus frutos, pero se han
celebrado ya tres encuentros de un órgano de negociación que ha permanecido inerte
durante más de una década. Hay, además una propuesta para sistematizar el calendario de trabajo técnico de la Mesa para el próximo ciclo de negociación, que
es quinquenal", añade.

La AJFV asegura que "ha mantenido una actitud constructiva, con una secuencia
lógica de propuestas que revelan un verdadero espíritu negociador. Desde la
responsabilidad, optamos ahora por mantener esa misma línea de actuación y ampliar el margen de negociación durante unos días, como solicita el Ministerio", señala la asociación que apostilla en que "confía en que este margen adicional no se desperdicie".

"Desde la libertad propia que nos otorga ser una asociación que se mueve exclusivamente por consideraciones profesionales, hemos acordado retrasar
el inicio de la huelga hasta el próximo lunes día 22 de mayo de 2023", concluye la AJFV, que ha elegido la misma fecha en la que los funcionarios de Justicia han convocado un paro indefinido.

APM: "Gesto de buena voluntad"

En un comunicado conocido pasadas las 22 horas, la Asociación Profesional de la Magistratura afirma que convocar la huelga "fue una decisión difícil y muy meditada, pues siempre hemos sido conscientes de la importancia de nuestra función constitucional, sabedores, también, de las graves consecuencias que una huelga puede tener para la tutela y salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como para el normal funcionamiento de la Administración de Justicia".

La asociación más representativa de la carrera afirma que tanto la oferta inicial del Gobierno (44,6 millones de euros para jueces y fiscales) como la planteada el día 5 (46,7 millones) "nos parecen insuficientes e inasumibles, porque no permiten recuperar siquiera la mitad del poder adquisitivo perdido".

"En la reunión celebrada ayer", explica, "el secretario de Estado de Justicia condicionó la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de retribuciones a la suspensión de la huelga convocada, retrasando su inicio, para presentarnos, además, una nueva oferta".

La APM ha aceptado la petición de Tontxu Rodríguez "como gesto de buena voluntad" y a la espera de que se produzcan avances en las próximas negociaciones.

Menos que los LAJ

Los 46,7 millones ofrecidos por el Gobierno equivalen a un media de 447 euros mensuales brutos, es decir, sólo 17 euros más que el aumento que lograron los letrados de la Administración de Justicia, cuyas funciones y responsabilidad son incomparables.

[El Gobierno se planta en una subida de 46,7 M a jueces y fiscales, inferior a los letrados de Justicia]

En términos porcentuales, la cantidad ofrecida por el Gobierno es inferior a la destinada a los LAJ, ya que el aumento concedido a éstos ha sido del 10 % respecto a la nómina media, mientras que la propuesta que se hace a jueces y fiscales no llega al 7%.

En las dos últimas jornadas negociadoras, Hacienda ha insistido en que se trata de una cantidad inamovible y que no hay posibilidad de subirla.

No obstante, se ha abierto a la posibilidad de llevar el día 16 una nueva propuesta que podría contemplar un compromiso futuro de mejora de otros conceptos, como las retribuciones variables, las guardias o los trienios. Hacienda ha advertido, en todo caso, que un eventual acuerdo sobre esos conceptos no se haría con cargo a los presupuestos del Estado de este año, sino que sería para los siguientes.