De Marino Barbero a Joaquín Aguirre: así fueron linchados los jueces incómodos con el poder

Pocos jueces que hayan puesto en aprietos a políticos se han salvado de ser señalados, amenazados o puestos en la picota pública.

Los instructores de los casos Volhov y Tsunami no son sino los dos últimos ejemplos de esa tan cierta como peligrosa tendencia del Ejecutivo y el Legislativo de ir más allá de la sana crítica a las decisiones judiciales que no les son favorables y llegar a apuntar, con nombre y apellidos, a quienes las rubrican, para arrojar sobre ellos la sombra de la sospecha.

Por la A, Alaya. La instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, sufrió protestas a la puerta de los juzgados, hasta el punto de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, tuvo que reprochar el "acoso" sufrido por la magistrada.

La entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), echó más leña al fuego al lamentar que sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, fuesen tratados "injustamente" por la juez y "señalados mediáticamente".

Mercedes Alaya, en una imagen de archivo. Efe

"Yo no estoy acusando a nadie de prevaricación, ni muchísimo menos, pero los autos de la jueza Alaya coinciden siempre con hechos políticos relevantes", manifestó la dirigente socialista Elena Valenciano sobre la magistrada; unas críticas casi exactas a las recientes palabras de la ministra Teresa Ribera contra Manuel García-Castellón, el juez que ha imputado por terrorismo a Carles Puigdemont.

En medio de estas tensiones, la juez Alaya tuvo que tomarse seis meses de baja por depresión. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la apartó de la macrocausa de los ERE, que quedó en manos de la juez María Núñez (a la que Alaya había acusado de mantener una "estrecha amistad" con el entonces consejero de Justicia de la Junta, el socialista Emilio Llera).

El PSOE y 'Filesa'

Por la B, Barbero. El instructor del caso Filesa, la investigación sobre financiación ilegal por la que acabaron condenados varios dirigentes del PSOE en 1997, también sufrió durísimos ataques por parte de altos cargos del partido. Y se hicieron tan insostenibles para el magistrado que acabó abandonando la judicatura.

En 1992, Marino Barbero era juez del Supremo y ordenó el registro de la sede nacional de la formación política, ubicada en la madrileña calle Ferraz. Uno de los mayores exabruptos contra el magistrado vino por boca del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien lo comparó con ETA, en tanto que el dirigente consideró que la instrucción trataba de influir en los ritmos electorales.

Marino Barbero. Telemadrid

No obstante, el CGPJ concluyó que estas desafortunadas palabras no constituían un "ataque ni una perturbación para el ejercicio de la función jurisdiccional" de Barbero. Ante lo que consideró una "infundada" falta de respaldo del Poder Judicial hacia su labor, éste abandonó "con profunda amargura" la judicatura en 1995.

Por la C, Castro. El juez José Castro es el único magistrado en España que ha imputado a un miembro de la Familia Real: citó a declarar a la infanta Cristina en el caso Nóos, en la investigación sobre los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin. Las presiones que sufrió, incluyendo amenazas de muerte, fueron aún más intensas que en cualquier causa sobre corrupción política.

El juez Castro, en una imagen de archivo. Efe

La Policía alertó en 2013 tanto al juez como al fiscal de la causa, Pedro Horrach, de que estaban siendo objeto de seguimientos continuados. La publicación de unas fotos en el diario ABC, en las que Castro aparecía tomando una copa con la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ejercía la acusación popular en la causa, dio pie a una campaña para cuestionar la imparcialidad del instructor.

Finalmente, el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, fue condenado a ocho años de cárcel como autor de un delito de extorsión a empresas y entidades financieras. La Audiencia Provincial consideró probado que Bernad se reunió en 2015 con el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, al que pidió dos millones de euros a cambio de que Manos Limpias se retirara como acusación del caso Urdangarin.

El PP y la 'Gürtel'

Por la D, De Prada. El juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada firmaba la sentencia de la llamada Época 1 de la Gürtel, la mayor trama corrupta que ha salpicado al Partido Popular.

José Ricardo de Prada, en una imagen de archivo. Europa Press

De hecho, aquella resolución condenó por primera vez como partícipe a título lucrativo a la formación política. El fallo, además, daba por probado que el PP contó con una caja B, con una contabilidad extraoficial e irregular. Ahora bien, aquel extremo no era la cuestión enjuiciada, que sí se dirimió en otra de las piezas de esta causa.

Pero aquella mención judicial a la caja B del PP (que mereció la crítica del Tribunal Supremo, que estimó el recurso del Partido Popular en ese punto) sí fue utilizada por el llamado bloque de investidura para desalojar de la Moncloa a Rajoy y aupar a Pedro Sánchez.

Recientemente, De Prada pidió amparo al CGPJ tras ser acusado por el senador del PP José Antonio Monago de haber cometido lawfare con aquella sentencia.

"El mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España, lo mecieron ustedes", manifestó en el Senado en respuesta al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. "Porque un juez, el juez De Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito (...), que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy", añadió. Posteriormente, Monago pidió disculpas.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en 2019 apartar al juez De Prada del juicio de la caja B del PP, por considerar que había "destruido su apariencia de imparcialidad" al incluir valoraciones de índole política que "no eran necesarias" en la primera sentencia de la Gürtel.

El abecedario continúa. El juez Baltasar Garzón fue atacado por la cúpula del Partido Popular a la vez que avanzaba la investigación sobre los tejemanejes de Francisco Correa con el PP. En 2010, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, exigió al Partido Popular "respeto" a los jueces, tanto cuando "abren cajones ajenos" como cuando investigan el "fondo de armario propio".

Baltasar Garzón, en una imagen de archivo. Efe

Finalmente, Garzón fue inhabilitado, apartado de la carrera judicial. En 2012, el Supremo consideró delictiva su orden de grabar en la cárcel las conversaciones entre los cabecillas del caso Gürtel y sus abogados, algo que vulnera el derecho a la defensa. Pero años antes, mientras instruía el caso GAL, la guerra sucia del felipismo contra ETA, también recibió furibundas críticas por parte del PSOE.

De hecho, un joven militante de las Juventudes Socialistas, Pedro Sánchez, con 25 años, intervino en el programa de TV Moros y Cristianos que presentaba Javier Sardá para arremeter contra el juez Garzón y el diario El Mundo por destapar los crímenes de Estado del GAL. Corría el año 1997 y quien años después sería presidente del Gobierno criticó la "connivencia entre determinados jueces y medios de comunicación". "Ha habido un periódico, El Mundo, que ha sacado un determinado proceso por fascículos, sólo le ha faltado las tapas", lamentó, acerca de las exclusivas del diario sobre el caso GAL.

El PP también atacó al juez Pablo Ruz cuando, tras Garzón, instruyó Gürtel. Y Luis Manglano, instructor del llamado caso Naseiro, relató en la Feria del Libro de Valencia el "alto coste personal y profesional" que le supuso investigar esta causa, que toma su nombre del tesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro.

Gómez de Liaño y 'Sogecable'

Precisamente, la ya citada Fernández de la Vega criticó que el Gobierno del PP, en el año 2000, concediese el indulto al exjuez Javier Gómez de Liaño.

Este último fue el primer instructor del llamado caso Sogecable, iniciado en 1997 con una querella dirigida a, entre otros, el presidente de la empresa Sogecable y uno de los dueños de Prisa, Jesús Polanco, grupo que, a su vez, aglutina a El País y la Cadena SER.

Javier Gómez de Liaño, en una imagen de archivo. Efe

La querella acusaba a Polanco de un supuesto delito de apropiación indebida, ya que, según narraba, Sogecable empleó un sistema para apropiarse de las fianzas abonadas por los abonados de Canal Plus para la instalación del paquete de televisión privada en domicilios. De acuerdo con la querella, Sogecable y Canal Plus habrían actuado como sociedades paralelas, traspasándose fondos de la segunda a la primera.

En 1998, Polanco denunció a Liaño por prevaricación. Y el juez fue condenado y apartado de la carrera judicial al año siguiente por el Supremo. Uno de los magistrados del Alto Tribunal que votó a favor de su expulsión fue Enrique Bacigalupo, afín al PSOE de Felipe González.

En 2000, el Gobierno del PP indultó a Gómez de Liaño. Y en 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que no tuvo un juicio "independiente ni imparcial". Una vez fue apartado de la causa, el caso Sogecable cayó en manos del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Podemos, el 'procés'...

El entorno independentista también ha atacado a los jueces cuando éstos dictaban resoluciones contrarias a sus intereses. El procés fue un buen ejemplo de ello. Pablo Llarena, juez del Supremo e instructor de esta causa, lo sufrió en sus propias carnes.

Llarena, en el Tribunal Supremo.

Miembros de la organización separatista Arran rociaron con pintura amarilla (en referencia a los políticos independentistas que estaban entonces en prisión) el portal de la vivienda del magistrado en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). Cuando un grupo de independentistas le localizó en un restaurante de Gerona, fue acosado e insultado a la salida del establecimiento. Desde entonces, Llarena vive escoltado. De hecho, su esposa, Gema Espinosa, también fue acosada.

Los Mossos d'Esquadra llegaron a investigar unas pintadas realizadas en la vía de acceso a la Escuela Judicial en Barcelona, la carretera de Vallvidrera, institución dirigía por entonces Espinosa. En ellas, se podía leer "Peligro" y "Llarena, prevaricador". Una situación similar —pintadas amenazantes cerca de su domicilio— sufrió el ya fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona e investigaba, desde 2016, la creación de las estructuras de Estado paralelas por parte de la Generalitat para avanzar hacia la secesión. Ramírez Sunyer falleció en noviembre de 2018, antes de haber logrado completar la causa.

Pintadas en la carretera contra Llarena y su esposa.

Hace escasas semanas, en la tribuna del Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, también incluyó a Llarena en la lista de jueces, con nombres y apellidos, a los que insultó en la sede donde reside la soberanía nacional.

"Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantos otros que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato... Pero en el Reino de España tienen vía libre para seguir retorciendo la ley y los derechos, vía libre para acusar a muchos independentistas catalanes de terroristas, sólo por ser independentistas...", dijo la diputada, antes de tachar a estos magistrados de "personas indecentes que deberían ser cesadas y procesadas".

Además de a Llarena, la diputada independentista se dirigía contra el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que dirigió el juicio a los responsables del referéndum ilegal, a Concepción Espejel (magistrada del Tribunal Constitucional), a Carlos Lesmes (expresidente del Supremo y del CGPJ) y a la juez del Supremo Carmen Lamela (quien, desde la Audiencia Nacional, instruyó la querella de la Fiscalía contra el Govern de Puigdemont y fue, por tanto, la primera instructora de la causa contra el proceso separatista).

Marchena, además de por presidir el tribunal que juzgó al procés, también fue atacado por la cúpula (y las bases) de Podemos, después de que la Sala Segunda condenase al diputado Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía durante una manifestación en 2014. Aquel fallo llevó a la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a retirar el escaño al diputado canario. Desde entonces, Marchena y Batet fueron puestos en la diana por Podemos.

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

"Marchena y el Supremo son un actor político", manifestó en una tertulia en Cadena SER Pablo Iglesias, exsecretario general de Podemos. Su sucesora en el cargo, Ione Belarra, tachó de lawfare la condena a Rodríguez y acusó a Batet de "hacerle el trabajo sucio" al juez Manuel Marchena y al resto de la Sala Segunda del Alto Tribunal.

Manuel García-Castellón tampoco se ha librado de la furia morada. Mientras instruía el llamado caso Dina, trató de imputar a Iglesias. En aquella causa, investigó el supuesto robo del móvil de la asistente de Podemos Dina Bousselham y la filtración a la prensa de su contenido.

El juez instructor del 'caso Tsunami' y del 'caso Dina', Manuel García-Castellón. Efe

El partido izquierdista ciñó sus críticas al "derecho a la sana crítica", pero García-Castellón denunció ante el CGPJ las amenazas de muerte en su contra emitidas en redes sociales. Y alertó de que los mensajes de acoso fueron "repetidos y amplificados" por varios dirigentes; "entre ellos, algunos miembros del Gobierno de la Nación".

"Desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional", se quejó el juez del caso Dina ante el Consejo General del Poder Judicial.

Otro juez acosado duramente desde la política por su labor investigadora fue Santiago Torres. Tan sólo estuvo 1.095 días en un juzgado de Marbella —de julio de 1997 a octubre de 2000—, pero en ese tiempo fue el instructor del llamado caso Camisetas, por el que fue condenado el alcalde de la localidad, Jesús Gil.

En aquella causa investigó el desvío de 450 millones de pesetas del consistorio al Atlético de Madrid. En 2002, cuando el Supremo ratificó la sentencia, Gil tuvo que dejar la alcaldía marbellí al quedar inhabilitado. Pero no con ello cesaron sus ataques a Torres: el expolítico le llamó "corrupto" en un programa de radio y fue obligado a pagar una multa de 30.000 euros y una indemnización al magistrado de otros 12.000.

Santiago Torres, instructor del 'caso Camisetas'. La Sexta

Santiago Torres acabó abandonando la Carrera judicial por "motivos de salud". "Por los problemas cardiacos que sufrí a consecuencias de las presiones que tuve en Marbella", confesó en una entrevista en el programa Espejo Público. En los tres años que ejerció como juez en la Costa del Sol, habría sufrido dos infartos y seis anginas de pecho.