El fiscal cree que el nº3 de Transportes "presionó" para bloquear las ofertas rivales de la 'trama Koldo'
Por ello, Anticorrupción ha solicitado al juez que investigue a Jesús Gómez García, actual subsecretario del ministerio, al que accedió en la 'era Ábalos'.
31 mayo, 2024 21:54La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Jesús Gómez García, Álvaro Sánchez Manzanares y Michaux Miranda Paniagua "podrían haber ejercido ciertas presiones" para garantizar que el Ministerio de Transportes, en 2020, concediese contratos a Soluciones de Gestión SL, la empresa clave del caso Koldo, perjudicando de esta forma a las ofertas rivales.
Así lo plasma el fiscal Luis Pastor Motta en un informe, ya enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Por ello, ha solicitado que sean imputados en esta causa las tres personas citadas.
Jesús Gómez García es el actual subsecretario del Ministerio de Transportes (MITMA), dirigido hoy por Óscar Puente. Sánchez Manzanares, apodado Alvarito, es el antiguo responsable de la empresa pública Puertos del Estado, dependiente del MITMA. Fue cesado por Puente a principios del pasado marzo.
Michaux Miranda Paniagua, por su parte, es el director general de Gestión de Personas de Adif, también adscrita al Ministerio de Transportes.
Y en el llamado caso Koldo se investiga el supuesto cobro de comisiones a través de los contratos concedidos a Soluciones de Gestión SL al inicio de la pandemia de la Covid-19 por varias entidades públicas. Entre ellas, Adif y Puertos del Estado, aunque no sólo. La compañía también fue la designada para proveer mascarillas al Ministerio de Transportes y a los Gobiernos de Canarias y Baleares.
En su informe, Anticorrupción señala que Jesús Gómez García, Álvaro Sánchez Manzanares y Michaux Miranda Paniagua habrían influido "sobre las personas responsables de los entes [Adif y Puertos] que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos".
A esta conclusión ha llegado la Fiscalía tras examinar un informe de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil, que recoge varios e-mails entre altos cargos del Ministerio de Transportes planificando la contratación de Soluciones de Gestión SL.
Anticorrupción atribuye a Gómez García, Sánchez Manzanares y Miranda Paniagua un posible delito de tráfico de influencias. Por ello, solicita al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que les cite a declarar como investigados.
El citado informe de la UCO atribuye al actual subsecretario de Transportes el haber actuado como "correa de transmisión" entre "la esfera próxima del ministro José Luis Ábalos" —por entonces, titular del MITMA— y "los entes adjudicadores" de Adif y Puertos.
La Guardia Civil también relata que Alvarito conformó un equipo de funcionarios especializados para "darle forma legal a la contratación" de Soluciones de Gestión SL. El propio Sánchez Manzanares reconoció a una de estas personas que estaba aliviado cuando Adif se encargó del segundo de los contratos.
"Nos hemos librado del [contrato] adicional, se lo encargan a Adif. Ufff... qué descanso", transmitía en uno de los e-mails. "Me estoy intentando librar. Os agradecería argumentos-fuerza en este sentido", pedía a su equipo de funcionarios.
"El poder de decisión"
Durante las fechas señaladas, Puertos del Estado recibió ofertas de otras empresas para presentarse a la licitación del contrato de mascarillas. Según se desliza de las conversaciones intervenidas, Alvarito delegaba todo "el poder de decisión" de las adjuraciones en Koldo García Izaguirre, asesor del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021.
"Koldo, nos acaba de entrar esto por correo electrónico. Nos ofrecen 8 millones, a 1,35 euros. Plazo de entrega: 7 días. Ya me dices", informaba el responsable de Puertos. De esta conversación, la Guardia Civil deduce que la decisión de contratar a Soluciones de Gestión era una orden directa del Ministerio de Transportes.
De hecho, el informe de la UCO señala que Soluciones de Gestión "habría sido seleccionada por el MITMA con anterioridad a las publicaciones oficiales que daban a conocer las necesidades de material sanitario".
Alvarito no sólo informaba al ministerio de las ofertas, sino que también remitía los correos a Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol y el considerado por la UCO como conseguidor de la trama. Por medio de él, Soluciones de Gestión siempre era consciente de quiénes eran sus competidores en las licitaciones.
Varios testigos
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la citación como testigos de varias personas: Francisco Toledo Lobo (presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021), Aránzazu de Miguel Peña (jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado, receptora de varios mails de Álvaro Sánchez Manzanares), María Belén Caballero Martínez (jefa de departamento de contratación adscrita a secretaría general de Puertos del Estado), Martín José Navarro Vicent (director de Recursos Humanos de Adif) y Jesús Ángel Díaz Muñoz (jefe del área de Recursos Humanos, Soporte y Alta Velocidad de Adif).
Completan este listado: la actual presidenta de Adif, así como Guillermo Martínez de Simón (secretario general y secretario del Consejo de Administración de Adif), Javier Sánchez Fuentefría (director general de Organización e Inspección del MITMA) y Daniel Belmar Prieto (subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad).
Por otro lado, el partido Vox, una de las acusaciones populares del llamado caso Koldo, ha solicitado en un escrito que se cite a declarar como testigo a José Luis Ábalos, quien era ministro de Transportes cuando Soluciones de Gestión fue contratada.
"La declaración testifical del señor Ábalos es necesaria para indagar en el conocimiento que tenía éste de los contactos de su asesor personal, Koldo García Izaguirre, con otros miembros del MITMA, como el señor Gómez García y el señor Sánchez Manzanares", expone el escrito de Vox.
Fiscalía Europea
Soluciones de Gestión SL no sólo recibió contratos de entes adscritos al MITMA. También, del Ministerio del Interior y de los Gobiernos de Canarias y Baleares.
La Fiscalía Europea, que vela por el correcto funcionamiento de los fondos de la UE, ya había solicitado al juez información sobre estas dos adjudicaciones autonómicas.
No obstante, tal y como publicó EL ESPAÑOL, este miércoles, pidió a la Audiencia Nacional poder asumir la investigación de todo el caso Koldo, al considerar que se trata de una única trama, una misma red interconectada.
El todavía instructor de la causa, Ismael Moreno, ya ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción por su opinión sobre la solicitud de los fiscales europeos. Este dictamen, no obstante, no es vinculante.
Una vez lo reciba, el magistrado decidirá si cede o no el caso Koldo al Ministerio Público europeo, creado, precisamente, en 2020 a raíz de la pandemia de la Covid-19. Si se niega, puede incluso plantear un conflicto de competencia ante el Supremo y que sea entonces el Alto Tribunal el encargo de decidir en qué manos queda la causa judicial.