El fiscal general sanciona por primera vez a una fiscal anticorrupción por burlar una orden del jefe

Es la primera vez que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, sanciona a un integrante de la Fiscalía Anticorrupción, lo que ha hecho acogiendo íntegramente la propuesta de Manuel Moix, Promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía.

La sanción, que podía haber llegado a los 3.000 euros, ha sido impuesta en su mitad inferior pese a que los términos utilizados en el decreto, conocido por EL ESPAÑOL, hubieran permitido acoger una cuantía superior.

El fiscal general censura en duros términos la conducta de García Cerdá por haber utilizado "subterfugios" y "argucias" para burlar una orden del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.

En otro pasaje del decreto habla de que la fiscal quiso obtener "subrepticiamente" lo que su superior había denegado y que actuó de forma "torticera".

La conducta concreta sancionada es que García Cerdá solicitó a la Policía la práctica de una diligencia de vaciado de una cuenta de correo electrónico pese a que, por tres veces, esa diligencia no había obtenido el visto bueno ni de Luzón ni de su número dos, el teniente fiscal anticorrupción, Antonio Romeral.

Este último era el encargado de visar los escritos de la fiscal en un procedimiento que instruye el juez de Tarragona Rubén Rus, que investiga si los responsables de la consultora Equipo Económico, fundada el exministro del PP Cristóbal Montoro en 2006, se valieron de sus "influencias" en el Gobierno de Rajoy para beneficiar a sus clientes.

Propuesta de diligencias

El 28 de abril de 2023, García Cerdá remitió, vía email, tanto al fiscal jefe como al teniente fiscal un escrito solicitando diligencias al Juzgado. Entre ellas figuraba la identificación del titular de la cuenta "aromero@minhap", que se atribuye a Cristóbal Montoro, y "aquellas otras cuentas que recoge el informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la AEAT", al objeto de solicitar como medida de investigación el volcado de dichos buzones.

De acuerdo con los hechos acreditados en el expediente disciplinario, el 9 de mayo siguiente Romeral comunicó a la fiscal que no podía dar el visto bueno al escrito, concretando las razones para su no validación. El teniente fiscal señalaba que ninguno de los correos mencionados por García Cerdá "evidencia el delito de revelación de secretos que ella propugnaba".

Ese mismo día y, de nuevo, el 26 de mayo, la fiscal insistió en su petición, reiterando Romeral la negativa.

García Cerdá remitió a Luzón un escrito en el que consideraba improcedente el visado del teniente fiscal e interesaba autorización para presentar ante el Juzgado el escrito solicitando las diligencias mencionadas.

El fiscal jefe anticorrupción le contestó con un escrito "en el que, con un extenso razonamiento, expresaba tener por correcta la decisión del teniente fiscal de no visar el escrito de 27 de abril de 2023, ratificando expresamente dicha decisión y considerando improcedentes las diligencias que proponía García Cerdá".

18 votos a 5

La respuesta de Luzón desencadenó el mecanismo del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que permite a los fiscales oponerse a una orden que consideran improcedente. Se convocó a la Junta de Fiscales anticorrupción, que por 18 votos avaló la decisión de Luzón. Cinco fiscales, incluida García Cerdá, votaron a favor de solicitar las diligencias mencionadas.

El 8 de noviembre de 2023 tuvo entrada en la Fiscalía Anticorrupción un escrito del inspector jefe de los Mossos d'Esquadra que actúa como Policía Judicial en la investigación del juez Rus.

En ese escrito se relataba que el 25 de octubre de 2023 "el inspector jefe que lo suscribe recibió una llamada telefónica de García Cerdá en la cual solicitaba que por parte del Área Central Anticorrupción y en atención al Informe de la AET se solicitase al Juzgado, mediante escrito policial de los Mossos d'Esquadra, el vaciado de la cuenta de correo corporativo aromero@minhap.es".

En la declaración que prestó ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, el inspector jefe de los Mossos manifestó que "en la conversación del día 25 de octubre García Cerdá solo le habló del correo del ministro", no del resto de las diligencias inicialmente propuestas.

En concreto, le dijo que, "a pesar de ser ella la fiscal encargada del asunto, no le iban a dejar pedir esta diligencia y tenía que ser la Policía la que tenía que ir al Juzgado y solicitar el vaciado de esta cuenta".

"Subterfugio"

El fiscal general explica en el decreto que Carmen García Cerdá, "consciente de que no podía pedir la citada diligencia por escrito, por haber recibido previamente la orden de someter a visado todos los escritos relativos a las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, tanto los dirigidos al Juzgado como los dirigidos a las Unidades Policiales y Unidades adscritas a la Fiscalía Especial, utilizó el subterfugio -y el término utilizado es perfectamente ajustado a la idea que se trata de expresar- de llamar por teléfono al inspector jefe de la Policía Autonómica para que fuese la propia Policía quien pidiese al Juzgado esa misma diligencia del volcado de la cuenta aromero@minhap.es, que a la fiscal expedientada le habían ordenado sus superiores jerárquicos que no pidiese".

El decreto añade que, en varios momentos de su declaración ante Moix, la fiscal sostuvo que el objeto de la Junta de Fiscalía nada tenía que ver con el volcado de la cuenta aromero@minhap.es.

Sin embargo, "basta la lectura de los distintos escritos de la fiscal expedientada y de sus superiores jerárquicos, e incluso del acta de la Junta de la Fiscalía, para comprobar que eso no es así".

La fiscal también se defendió argumentando que sus conversaciones verbales no estaban sometidas a visada.

"Se asume el criterio del Promotor al considerar que el argumento resulta impropio de una integrante la carrera fiscal, además con la notoria antigüedad de García Cerdá", responde el fiscal general.

"Cualquier petición o solicitud relativa a dichas diligencias previas estaba sujeta a visado del superior jerárquico, lo que incluía también las solicitudes verbales, pues, en caso contrario, la orden devendría ineficaz, siendo suficiente para ello con que la fiscal expedientada hiciese sus solicitudes verbalmente".

Añade que el hecho de pedir la misma diligencia, ya denegada, verbalmente al inspector jefe "no fue más que una argucia para enmascarar dicho incumplimiento, lo que fue evitado al poner el citado inspector jefe los hechos en conocimiento del fiscal jefe".

"Una cosa es que, en efecto la fiscal pudiera hablar con las unidades policiales, lo que nadie discute y, otra muy distinta, que pudiera pedirles la práctica de diligencias verbalmente, máxime, cuando la diligencia en cuestión ya había obtenido el rechazo de sus superiores jerárquicos", señala.

El tercer argumento de García Cerdá para afirmar que con la llamada al inspector jefe no incumplía ninguna orden es que "la diligencia, en concreto, estaba autorizada por el teniente fiscal por correo electrónico de 21 de julio de 2023 a las 15.05 horas".

La fiscal había enviado a Romeral el día anterior un escrito solicitando la prórroga de la instrucción. En este escrito García Cerdá recordaba que había tres informes de la Agencia Tributaria que recomendaban la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, se indicaba el volcado de la cuenta de "aromero".

Romeral contestó que no podía dar el visto bueno al apartado 4 del citado escrito, por lo que la fiscal dijo haber entendido que los apartados 1, 2 y 3 sí que estaban visados.

La fiscal "quiso obtener subrepticiamente lo que ya le habían denegado por escrito, esto es, el volcado de la cuenta aromero@minhap.es, y ello, además de revelar una conducta torticera, acreditaría un incumplimiento de la orden del teniente fiscal de considerar improcedente la solicitud de dicha diligencia" señala el decreto.

"En definitiva", concluye, García Cerdá habría acudido a un "ardid" para obtener lo que le habían denegado previamente.