El fiscal general reclama el envío al TS de la querella del novio de Ayuso al ser él el "máximo responsable"

García Ortiz considera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "carece de competencia" para investigar los presuntos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad atribuidos por el empresario Alberto González Amador a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Salto. Este último es el firmante de la denuncia por dos presuntos delitos fiscales y falsedad documental interpuesta contra la pareja de Díaz Ayuso.

La investigación del TSJM se centra en una nota informativa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 14 de marzo con el fin de salir al paso de informaciones falsas de algunos medios, según los cuales la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad penal a González Amador y luego lo había retirado "por órdenes de arriba" con el fin de llevarle a juicio.

La realidad era que el pacto había sido ofrecido por el abogado de González Amador en un correo electrónico enviado a la Fiscalía en el que se asumía que el empresario había cometido dos delitos fiscales.

El escrito enviado por García Ortiz al instructor del TSJM, Francisco José Goyena, recuerda que en un acto institucional celebrado el pasado 15 de abril el fiscal general asumió en primera persona la responsabilidad de la difusión de la nota por la que están siendo investigados sus subordinados.

Esa declaración, "que se dirigía a zanjar especulaciones sobre mi notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa", fue aportada por la propia Fiscalía a Goyena el pasado 22 de mayo, y "ya permitía conocer al magistrado instructor la intervención del fiscal general del Estado en los hechos investigados", afirma.

El escrito insiste en la irrelevancia penal de los hechos. "Recibir libremente información veraz constituye un derecho fundamental", señala, y la nota de prensa objeto de la querella fue plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de la competencia del Ministerio Fiscal".

Comienzo de la 'Nota informativa' de la Fiscalía Provincial de Madrid, objeto de la querella de Alberto González Amador./ E.E.

"Ningún secreto se desvela cuando las informaciones difundidas en una nota de prensa habían circulado ya amplia y propiamente en los medios de comunicación", subraya.

García Ortiz señala que "en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de González Amador había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación y también en el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"No solo es una evidencia que dichos correos habían salido del ámbito de  confidencialidad de la relación entre un abogado y la Fiscalía, sino que su contenido  —parcial y sesgadamente manipulado— era objeto de controversia mediática", añade.

"Era, pues, de público conocimiento la existencia de los correos electrónicos, su contenido, los delitos fiscales reconocidos por la defensa de González Amador, la propuesta de pacto y una posible conformidad, aunque no en los términos interesadamente expuestos por los medios que inicialmente poseían y publicaron la información", señala el fiscal general, citando expresamente a El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital.

Accedió a los correos

A la vista de esas publicaciones periodísticas, "interesé la remisión de los correos electrónicos intercambiados entre la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y la defensa de González Amador, comunicaciones que el fiscal Salto remitió directamente a la fiscal superior de Madrid [Almudena Lastra] y a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid [Pilar Rodríguez], quien puso aquellas a mi completa disposición".

Para García Ortiz, resulta "cuando menos sorprendente" que solo se investigue a dos miembros de la Fiscalía "mientras que el entorno de Alberto González Amador  señalado por los citados medios de comunicación como su fuente de información— aparezca únicamente como parte acusadora".

En todo caso, subraya que "cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como fiscal general no puedo consentir ni tolerar".

Reitera, por ello que la nota de prensa "no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directas", es decir, es «el máximo responsable (en rango) que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado", tal como preguntó Goyena en las primeras diligencias de investigación que acordó.

"Ese comunicado, que volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal", explica.

"Ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos —no solo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por el fiscal [Julián Santo]— habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación".

Para el fiscal general, "indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia".