El TC se dispone a rebajar el fraude de los ERE con un primer fallo favorable a Magdalena Álvarez

Se produjo a lo largo de más de 10 años durante los mandatos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía. Los tribunales declararon probado que el importe del fraude ascendió a 679,4 millones de euros.

Hace cinco días, en un mitin celebrado en Benalmádena, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionó a una de las condenadas, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. La equiparó a la condición de víctimas del "fango" que Sánchez se atribuye a él y a su esposa, Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de corrupción.

"No somos ingenuos ni soy yo el primer presidente que ha sufrido. Aquí tenemos a Magdalena, que ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años", dijo Sánchez. La aludida se levantó entre vítores y aplausos.

Solo cinco días después, el orden del día del pleno del TC que comenzará el próximo día 18 incluye el debate del recurso de amparo de Magdalena Álvarez. La ponente, Inmaculada Montalbán, propone la estimación parcial de la demanda, con la anulación de la condena que fue impuesta a la exconsejera por prevaricación continuada.

Devolución a la Audiencia

La ponencia no plantea una absolución directa, sino la devolución del asunto a la Audiencia Provincial de Sevilla para que vuelva a dictar una sentencia sobre Álvarez respetuosa con el derecho fundamental que se afirma vulnerado, el derecho a la legalidad penal.

A diferencia de otros implicados en el fraude de los ERE como José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez no está condena a penas de prisión (anudadas al delito de malversación) sino únicamente a nueve años de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público. Manuel Chaves está en la misma situación, con la misma pena de inhabilitación. 

Consejera de Economía y Hacienda entre agosto de 1994 y febrero de 2004, la Audiencia de Sevilla y luego el Tribunal Supremo declararon probada su intervención en el cambio en el sistema de elaboración de los presupuestos de Andalucía para introducir la vía que permitió el fraude de los ERE.

Esa vía consistió en reducir la partida presupuestaria de subvenciones de la Consejería de Empleo -que era la adecuada para las ayudas sociolaborales, pero exigía controles de la Intervención, que ponía pegas- y dotar de fondos a otra partida - llamada Transferencia al IFA en materia de relaciones laborales, dentro del programa 31L- que no era la legalmente apropiada.

De este modo, los fondos se dejaban a cargo del director general de Trabajo -que no era competente para esa disposición-, sin publicidad y sin ningún control y sin atender a los fines propios para los que esos fondos estaban destinados.

El sistema articulado permitió que el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, repartiera los fondos con total discrecionalidad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino y comprometiendo el erario de la Junta de Andalucía.

Prevaricación

La sentencia de la Audiencia de Sevilla subrayó que Magdalena Álvarez "tiene formación en la materia de la que era responsable, pues es doctora en ciencias económicas e inspectora de finanzas del Estado, por lo que se daba perfecta cuenta de la trascendencia de los cambios señalados", en referencia a las transferencias de financiación como fórmula para pagar los ERE y evitar la fiscalización de la Intervención.

La Audiencia consideró "no creíble" que, como sostuvo la exconsejera, no supiera que el IFA se dedicara a pagar las ayudas ordenadas por el director general de Trabajo. "Dentro de la documentación anexa a las leyes de presupuestos de cada año, junto a la memoria de programas, se encuentra el Informe Económico Financiero, que es responsabilidad de su Consejería", argumentó el tribunal. "Dentro de los elaborados durante su mandato como consejera, la memoria económica del presupuesto de 2003 hace referencia expresa a la existencia de un convenio marco de julio del 2001, firmado entre la Dirección General de Trabajo y el IFA, todo ello dentro del programa 31L".

La ponencia de la vicepresidenta del TC sostiene que no todas las fases de elaboración, tramitación y aprobación del presupuesto de una comunidad autónoma pueden ser constitutivas de prevaricación si la ley emanada del Parlamento regional no ha sido impugnada.

Considera, además, que las decisiones adoptadas en la fase de procedimiento legislativo no pueden ser consideradas actos administrativos a efectos del delito de prevaricación, que sanciona a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

Desestimación del recurso de Viera

Además de la demanda de Magdalena Álvarez, el pleno del TC abordará el recurso del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, respecto al que ya hubo una propuesta de inadmisión por falta de fundamento que ahora se confirma.

Viera, de 79 años, ingresó en la prisión provincial de Huelva el 2 de enero de 2023 para cumplir la pena de siete años de cárcel que se le impuso por malversación, pero al cabo de cinco meses obtuvo el tercer grado debido al cáncer que padece

Justo hoy se ha sabido que Carmen Martínez Aguayo, la que fuera mano derecha del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, también ha accedido al tercer grado penitenciario tras un año y medio de prisión. 

Griñán no ha llegado a entrar en prisión, igualmentepor motivos de salud. Su recurso y el del resto de los condenados no han sido incluidos para su debate en el próximo pleno del TC, pero la idea es que todos estén resueltos antes del verano.

El asunto ha sido controvertido en el seno del Tribunal Constitucional ya desde la propia fase de admisión.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional admitió a trámite, dividida, los recursos de los 12 condenados. Los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa discreparon de la decisión porque, a su juicio, las demandas se centran en cuestionar la interpretación que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha hecho de los delitos de prevaricación y malversación de fondos y este es un terreno que corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria.