Los fiscales Concepción Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno.
Los fiscales del 'procés', firmes en no amnistiar la malversación, retan a García Ortiz
Madrigal, Cadena, Zaragoza y Moreno anuncian que firmarán ningún dictamen dirigido al Tribunal Supremo que suponga el olvido de ese delito.
13 junio, 2024 02:27Los cuatro fiscales de Sala encargados de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo esperan que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, comunique hoy su criterio favorable a aplicar la amnistía al delito de malversación de fondos públicos, criterio que no aceptarán.
Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han comunicado a su superior que no firmarán ningún dictamen que suponga asumir el olvido de la malversación del 'procés', ya que sostienen que la ley de amnistían, tal como ha quedado finalmente redactada, excluye de su ámbito ese delito.
En sus propuestas de informe -uno pedido por la Sala Penal del Supremo y otro por el magistrado Pablo Llarena- explican que la amnistía es aplicable a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos pero no al más grave de los delitos del 'procés': la malversación de millones de euros procedentes de los fondos públicos y que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y cinco exconsejeros destinaron al proceso independentista en 2017.
Según la demanda de la propia Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas, solo en gastos del referéndum ilegal del 1-0 se emplearon 883.695 euros, mientras que 2.209.503,8 euros fueron a la promoción del 'procés' en el extranjero.
"Sustrajeron caudales públicos"
Los fiscales de Sala sostienen que Puigdemont, Junqueras y los exconsejeros Comín, Puig, Bassa, Turull y Romeva "sustrajeron por sí mismos caudales públicos".
A su juicio, no es que consintieran que otros funcionarios o terceros se apoderasen de fondos destinados a gastos del 'procés', sino que "ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia". "Y esos fondos no han sido restituidos", destacan.
Ello implica un "enriquecimiento personal", al poder disponer "para sus ilícitos fines" de fondos públicos, afirman.
La ley de amnistía excluye de su ámbito de aplicación las malversaciones en las que haya habido propósito de enriquecimiento y en la exposición de motivos se especifica que quedan excluidos los actos de malversación que hubieran implicado enriquecimiento personal o beneficio patrimonial.
"Es claro que en nuestro caso ese beneficio patrimonial existió, pues con ánimo de lucro se apropiaron de los fondos públicos y asumiendo sobre ellos, extraídos de su función pública y legal, facultades de titularidad los destinaron al pago de quienes ellos mismos habían contratado en contratos públicos ilícitos para realizar las actividades que conformaban el 'procés' en su globalidad", sostienen los fiscales de Sala del 'procés'.
Intereses financieros de la UE
En su opinión, además, hay un segundo motivo legal para no amnistiar la malversación por "afectar a los intereses financieros de la Unión Europea".
"La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", defienden.
La discrepancia entre el fiscal general y los fiscales de Sala del 'procés' hace previsible la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, órgano que el estatuto fiscal obliga a convocar para dirimir si la orden del superior es improcedente.
