El juez del 'caso Tsunami' pregunta a las partes si debe llevar la amnistía ante la Justicia europea

Entre los investigados de esta causa figuran la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. A ambos, al igual que al resto de imputados, se les atribuye un supuesto delito de terrorismo por los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

En una resolución fechada este viernes, Tardón, como juez sustituta, opta por fijar este plazo común "ante las dudas surgidas sobre la incompatibilidad [de la Ley de Amnistía] en materia de terrorismo con el Derecho de la Unión Europea".

En efecto, el TJUE es competente para analizar si una ley nacional, como la de amnistía, recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, es o no compatible con el Derecho comunitario.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó aplicar esta norma a los investigados en esta causa, lo que extinguiría sus responsabilidades penales y les libraría a todos ellos de acabar sentados en un banquillo.

No obstante, otras partes sí que han solicitado al juez García-Castellón que presente dicha cuestión prejudicial ante el TJUE para que la Justicia europea valore si la amnistía es compatible o no con el Derecho de la UE.

Además de Alay y Rovira, en este procedimiento están investigados la también dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de Tsunami Democràtic, Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el banquero italiano Nicola Flavio Guilio.

No obstante, existe otra rama del caso Tsunami que quedó en manos del Tribunal Supremo (TS) al afectar a dos dirigentes que están aforados: el expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont y el político de ERC y miembro del Parlament Rubén Wagensberg.

Precisamente, la magistrada del TS Susana Polo, encargada de instruir esta causa, ha tomado la misma decisión que Tardón y ha dado un plazo de tres días a las partes "sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial" al TJUE por la Ley de Amnistía.

Por tanto, ahora, tanto la Fiscalía y la Abogacía del Estado como el resto de acusaciones y la defensa de Puigdemont y Wagernsberg tendrán también este "plazo común" para pronunciarse.

El motivo es el mismo que el que reseña la Audiencia Nacional: "las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de la [Ley de Amnistía] en materia de terrorismo con el derecho de la Unión Europea".