Pumpido encargará un informe interno para tratar de impedir que la Audiencia de Sevilla lleve a Europa el fallo de los ERE

Son dos los tribunales que están "desafiando" -por utilizar un término utilizado durante la deliberación- la "autoridad" del Tribunal Constitucional. En el caso de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Constitucional ya va tarde porque se acaba de enviar a la Corte de Luxemburgo el auto en el que el TSJM expone que la doctrina de una sentencia sobre arbitraje dictada el pasado diciembre por la Sala Primera del TC es contraria al Derecho de la Unión Europea.

El TC tiene, en abstracto, la opción de declarar la nulidad de ese auto del Tribunal Superior madrileño haciendo uso de los artículos 4 y 92 de su ley orgánica. El primero permite al Constitucional preservar su jurisdicción con "cuantas medidas sean necesarias". El segundo establece que el TC "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones" y podrá disponer "las medidas de ejecución necesarias".

Pero una decisión revocatoria tan drástica -nunca utilizada por el TC con los órganos judiciales ordinarios- no solo supondría un conflicto con el Poder Judicial sino, muy posiblemente, también con el propio TJUE. Y ese escenario impone respeto a varios magistrados del Constitucional, que son partidarios de iniciar una "reflexión" sobre lo que están sucediendo, pero no bloquear una cuestión prejudicial ya tramitada.

Distinta es la situación de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictado una providencia para oír a las partes personadas en el caso de los ERE sobre la incompatibilidad de las sentencias del TC (que desactivaron, de facto, las responsabilidades por el mayor fraude de ayudas sociolaborales registrado en España) con el Derecho de la UE y, en concreto, con las normas que imponen una lucha efectiva contra la corrupción.

Los fallos del TC sobre los ERE, con la exculpación de los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros exaltos cargos andaluces, fueron muy controvertidas no solo por su resultado sino también por las quejas de que el Constitucional se ha inmiscuido en el terreno de la jurisdicción ordinaria para reinterpretar -sin corresponderle- las normas penales e imponer una distinta valoración de las pruebas.

En el sector mayoritario del TC se sostiene que el planteamiento de una cuestión prejudicial se está utilizando "en fraude de ley" -otra de las expresiones manejadas ayer- para desatender unos fallos "que no han gustado a los jueces" y soslayar el sometimiento de los tribunales ordinarios a las decisiones e interpretaciones del Constitucional, "quebrando así el sistema de Estado de Derecho".

A diferencia del TSJM, la Audiencia de Sevilla aún no ha planteado la cuestión prejudicial. Conde-Pumpido ordenó el lunes requerir a la Sala del caso de los ERE la providencia en la que abre la preceptiva consulta a las partes. Varios miembros del TC criticaron durante el pleno de ayer este movimiento, que, a su juicio, correspondía acordar, en su caso, a todo el tribunal y no solo al presidente. Un movimiento en el que algunos ven, además, una voluntad de condicionar a la Audiencia de Sevilla.

Un relevante número de magistrados considera que, aunque las preguntas que pretende plantear al TJUE la Audiencia sevillana estén planteadas en términos improcedentes, el Tribunal de Luxemburgo ha establecido una nítida doctrina en el sentido de que es competencia exclusiva de los jueces nacionales dirigirse a la Corte europea y que corresponde a ésta la admisión o inadmisión de la cuestión. Ningún tribunal nacional -tampoco el TC- puede decir a un juez que plantee o deje de plantear una cuestión prejudicial, subrayaron estos magistrados.

Otros miembros del Constitucional -señaladamente, Ramón Sáez y el propio presidente- destacaron que es la primera vez en 45 años de historia del TC que órganos de la jurisdicción ordinaria se "rebelan" frente al TC, algo que consideran de una extraordinaria gravedad, especialmente si cunde el ejemplo: de generalizarse la presentación de cuestiones prejudiciales después de que el Tribunal Constitucional haya hablado, sus sentencias serán papel mojado.

Después de dos horas y media de debate, el pleno acabó sin ninguna conclusión clara. Conde-Pumpido anunció que pedirá un informe a los letrados cuando se reciba la providencia de la Audiencia de Sevilla y volverá a plantear al pleno la conveniencia o no de tomar medidas.

Un enfrentamiento con el TJUE no es un asunto menor. Por ello, se considera que habrá que calibrar la situación teniendo en cuenta que, en el caso de los ERE, en realidad el efecto principal de las sentencias del TC ya está conseguido: todos los condenados fueron excarcelados y las sentencias condenatorias ya no existen.