La Guerra Civil no acabó en 1939: duró hasta 1952 y así lo reconoció el propio Franco

En el preámbulo de un decreto ley aprobado a finales de 1944 y que buscaba legislar los premios a los combatientes contrainsurgentes, Franco suscribió lo siguiente: "Han existido núcleos de tropas del Ejército y de Orden público que, con fatigas y riesgos propios del servicio de campaña, han intervenido eficazmente en la ardua y penosa misión de perseguir y dominar las partidas de bandoleros [...] Esta tarea de vigilancia incesante y de peligro evidente ha constituido para las tropas que la llevaron a cabo como una prolongación del esfuerzo requerido para el victorioso remate de la Guerra Nacional".

Este documento, inadvertido para la historiografía, es uno de los pilares que sustentan una de las tesis que defiende Arnau Fernández Pasalodos, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona, en Hasta su total exterminio (Galaxia Gutenberg): la Guerra Civil española no puede enmarcarse en la cronología tradicional de 1936-1936, sino que hasta 1952 se desarrolló un conflicto de tipo irregular, asimétrico, de menor intensidad, pero con un teatro de operaciones que afectó a gran parte de la geografía peninsular —hubo focos de lucha antipartisana en al menos 33 provincias—. Y las autoridades del nuevo régimen así lo admitieron.

Junio de 1938. Llegada de la Guardia Civil al pueblo valenciano de Cabanes. BNE

"El dictador reconoce en ese preámbulo que el combate contra la resistencia antifranquista no deja de ser una continuación de la propia guerra", explica el investigador posdoctoral en el Centre for War Studies del University College Dublin a este periódico. Con una periodicidad media de cuatro días, Franco recibió en su despacho un documento que le detallaba una acción de la lucha antiguerrillera y, aunque delegó las labores de contrainsurgencia en su amigo y paisano Camilo Alonso Vega, director general de la Guardia Civil entre 1943 y 1955, participó en la elaboración de numerosa legislación, como la Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947.

Hasta su total exterminio es una obra original y estremecedora sobre la posguerra española y su violencia, vertebrada por la historia de la Guardia Civil y su compleja relación con la población civil y el régimen franquista, llamada a convertirse en referencia. El explícito título no hace más que recoger una expresión acuñada en varias directrices eliminacionistas de esta larga guerra irregular. Así lo constató en agosto de 1941 Eliseo Álvarez-Arenas, entonces director general de la Benemérita: "A los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su total exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema".

Un grupo de guerrilleros comunistas. AHPCE

"Desde el verano de 1936 lo que se establece es que para combatir a la resistencia, más que combatir a los huidos, hay que destrozar al campesinado que le pueda ayudar", subraya Fernández Pasalodos. Se puso en práctica una violencia indiscriminada y estructural en la que abundaron las torturas, palizas, detenciones, deportaciones, falsos fusilamientos y ejecuciones —el corpus de microhistorias incluido en el ensayo en este sentido es abrumador y escalofriante—. "Si os veis mal, si alguna vez os hieren, si os dejan malheridas o lo que sea, mataos, que no os cojan vivas", aconsejó un padre a su hija guerrillera. Incluso dentro de la Benemérita surgieron voces discordantes, como la del coronel Antonio Díaz Carmona, que calificó este sistema como un "error verdaderamente garrafal", además de ser de "una injusticia descomunal y absurda".

"Lo interesante de acercarse a la violencia antiguerrillera es la cuestión de la discrecionalidad y la libertad de acción que tiene la Guardia Civil: tuvieron el beneplácito de la dictadura para hacer lo que fuese", resume el investigador. Los abusos de algunos agentes dejaron embarazadas a mujeres y no hubo ninguna consecuencia. Desde el golpe de Estado se renunció a tomar prisioneros entre las filas guerrilleras, una práctica que continuaría intacta en la posguerra.

[La gran debacle del PCE en 1947: la traición de dos dirigentes que destrozó el partido]

La lucha se extendió incluso contra el medio rural: en 1948 la Guardia Civil calcinó 75 hectáreas en los Montes do Buio, al norte de Lugo, para evitar que los republicanos pudieran esconderse tras los matorrales. "Las estrategias que se emplean en la guerra antipartisana se habían llevado a cabo en el Rif y en Cuba. No fueron un invento de la Benemérita o de los mandos de la dictadura. El Ejército y la mentalidad militar española habían combatido siempre a la insurgencia o a las resistencias de la forma más violenta posible", desgrana el historiador.

Pactos de no agresión

Algunas investigaciones previas, como las de Jorge Marco, han estimado un total de 8.000 víctimas mortales entre los guerrilleros como resultado de la lucha partisana en España. Arnau Fernández cree que la cifra puede ser dos o tres veces mayor. Uno de esos hombres asesinados por los guardias civiles y las fuerzas auxiliares fue su bisabuelo materno Manuel Sesé Mur. Veterano del Ejército republicano y tras cinco años en prisión, entró a formar parte de un comité de resistencia que se había integrado en Barbastro y se dedicó a pasar armamento y municiones a través de los Pirineos. En enero de 1948 fue arrestado y abatido cuando supuestamente trataba de escapar, aplicándole la retorcida ley de fugas.

La abuela del historiador siempre contó que a Manuel Sesé, su padre, lo mataron por deber dinero a un hermano falangista y por tener una vieja escopeta en casa no declarada. Lo cierto es que hallar su consejo de guerra ha desvelado una historia completamente diferente: la autopsia realizada por dos médicos contradice el informe de los agentes y que la trayectoria de la bala no coincidía con un disparo a larga distancia. Este caso tan cercano y a la vez paradigmático sobre el fenómeno de la violencia antiguerrillera le ha permitido al investigador plantear muchas preguntas también sobre la experiencia de los victimarios de la Guardia Civil.

Cubierta de 'Hasta su total exterminio'. Galaxia Gutenberg

Los hubo implacables y despiadados como Eulogio Lima Pérez, que persiguió sin descanso a las partidas guerrilleras de los montes de Galicia durante dos décadas, o Manuel Gómez Cantos, que ordenó el fusilamiento de cuatro agentes destinados en un pueblo de Extremadura porque los partisanos habían tomado el cuartel. "En cada espacio de lucha antiguerrillera hay un personaje de este perfil porque la dictadura se sirve de ellos, pero en el libro se refleja una cuestión que no se ha visto hasta ahora: la diferencia entre las jerarquías militares y la tropa", incide Fernández Pasalodos.

Si bien en la cima de la pirámide se encontraban mandos hiperpolitizados, en la base sobresalían multitud de agentes que se enrolaron en la Guardia Civil porque buscaban un espacio seguro en el que trabajar, un sueldo que por pequeño que fuera no iba a faltar nunca. "El guardia civil raso, por ejemplo, estableció pactos de no agresión. Entraban a un cortijo, abrían la puerta, se encontraban a los guerrilleros y en lugar de pegarles cuatro tiros se iban corriendo porque no querían morir", relata el historiador, que dedica un capítulo entero a glosar estas experiencias de miserias y fatigas, de fracasos y miedos, que también hubieron de padecer sus esposas y viudas.

"Conocemos la identidad de los guerrilleros, su forma de luchar, su vida... pero faltaba la otra cara de la moneda: qué pasó con la Guardia Civil y cómo entendió la dictadura esta guerra; y este libro trata de dar respuesta a eso", desgrana el autor. 

En enero de 1952, el Servicio de Información de la Guardia Civil remitió una carta a las comandancias implicadas en la lucha antipartisana pidiendo que se enviase a Madrid toda la información referente a estas operaciones en cada provincia. La guerra al fin terminaba debido al éxito de la brutal represión ejercida contra las partidas y la población civil y la desaparición de una posible intervención de las potencias democráticas extranjeras. Pero fue a un coste altísimo: entre 1948 y 1950 el Estado destinó más de dos millones y medio de pesetas a financiar la contrainsurgencia. Ese último año, con las agrupaciones ya prácticamente vencidas, el coste total fue de 898.000 ptas. Al Ministerio de Agricultura solo se le concedieron 166.000 ptas.