La UE endurece las condiciones de las multimillonarias ayudas que prepara para España e Italia dirigidas a la reconstrucción tras la crisis del Covid-19. El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a un total de 140.000 millones de euros, pero si quiere recibir el dinero europeo deberá someterse a la tutela económica no sólo de Bruselas sino del resto de capitales de la UE. 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha presentado este viernes su primera propuesta de compromiso sobre el fondo anticrisis de 750.000 millones de euros y sobre el presupuesto plurianual para 2021-2027. El objetivo es tratar de facilitar un acuerdo en la cumbre que se celebrará el 16 y 17 de julio en Bruselas, la primera presencial desde el estallido de la pandemia.

La propuesta de Michel mantiene el tamaño del fondo de reconstrucción (750.000 millones) que había puesto sobre la mesa Ursula von der Leyen. También preserva el equilibrio entre subvenciones a fondo perdido (500.000 millones) y préstamos a devolver (250.000 millones), con el fin de no sobrecargar a Madrid y Roma con un nivel excesivo de deuda. En estas dos cuestiones centrales, el presidente del Consejo Europeo ha desoído las protestas de los países nórdicos, que querían un instrumento más pequeño y basado exclusivamente en créditos.

La principal concesión del ex primer ministro belga al autodenominado club de los frugales (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca) es precisamente endurecer las condiciones que se exigirán a Italia y España a cambio de estas ayudas. La gran novedad es que la última palabra la tendrán los Gobiernos de la UE y no la Comisión, como había propuesto originalmente Von der Leyen. 

Si quiere acceder a los fondos europeos, el Gobierno de Pedro Sánchez deberá preparar un plan de inversión y reformas basado en las recomendaciones de política económica que le dirige cada año Bruselas en cuestiones como mantener la reforma laboral de Mariano Rajoy, garantizar la sostenibilidad de las pensiones o realizar ajustes presupuestarios. El Ejecutivo comunitario quiere que este plan esté listo antes del 15 de octubre, al mismo tiempo que el borrador de presupuestos para 2021.

Cesión de soberanía económica

El plan español (al igual que el del resto de beneficiarios de las ayudas) será evaluado por todos los Gobiernos de la UE y deberá ser aprobado por mayoría cualificada, lo que refuerza el papel de los países nórdicos que quieren extremar los controles sobre el dinero. Un mecanismo que supone una importante cesión de soberanía en materia de política económica. Las ayudas se desembolsarán por tramos y estarán supeditadas a la puesta en marcha de las reformas comprometidas.

"Si mantenemos una fuerte ambición para el tamaño del fondo de reconstrucción y el equilibrio entre préstamos y subvenciones, debemos estar seguros de que se apliquen las reformas que necesitamos para ser más fuertes en el futuro", ha explicado el presidente del Consejo Europeo en rueda de prensa.

"Tras mis contactos de los últimos días he tenido la impresión de que era esencial reforzar la responsabilidad del Consejo (el órgano que reúne a los Gobiernos de la UE) con el fin de garantizar que las reformas necesarias se aplicarán en todas partes", sostiene Michel. 

"Me doy cuenta de que es un tema difícil, una cuestión sensible. En torno a la mesa hay opiniones diferentes. Algunos Estados miembros consideran que es mejor que el Consejo no esté implicado (en referencia, sin nombrarlos, a los países del Sur), para otros es fundamental que el Consejo lo decida todo (los nórdicos)", ha confesado el presidente del Consejo Europeo.

De hecho, los frugales todavía quieren endurecer mucho más las exigencias en materia de reformas para España e Italia y someterlas incluso al control de sus parlamentos nacionales. "No habrá dinero sin condiciones. Y nunca podremos aceptar asumir deuda en favor de otros países sin que nuestro parlamento lo avale", explica a EL ESPAÑOL un diplomático de uno de estos países.

30% del dinero al cambio climático

La otra condición nueva que plantea Michel es que el 30% de todas las ayudas que reciba España se consagren a la lucha contra el cambio climático. Finalmente, la UE exigirá un estricto respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, un requisito dirigido sobre todo a países como Hungría y Polonia, cuya deriva autoritaria preocupa a Bruselas.

El presidente del Consejo Europeo plantea también cambiar el criterio de reparto del fondo de reconstrucción. Bruselas proponía utilizar los datos de población, renta y paro entre 2017 y 2019. Con estos factores, a España le corresponderían 140.000 millones de euros. Los países nórdicos se quejaban que estas cifras se refieren al pasado y no a los efectos de la crisis del coronavirus. 

Lo que propone Michel es que el 70% de las ayudas se comprometan en 2021 y 2022 teniendo en cuenta los criterios de la Comisión. El 30% restante se comprometería en 2023 teniendo ya en cuenta la caída del PIB provocada por el Covid-19. Todo el dinero tendrá que haberse desembolsado en 2026. En principio este cambio de criterio no tendría un gran impacto en España puesto que es el segundo país más golpeado por la pandemia (tras Italia).

El único recorte que plantea el presidente del Consejo Europeo afecta al presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2021-2027: pasa de los 1,1 billones que había propuesto Bruselas a 1,074 billones. Las rebajas adicionales no afectan no obstante ni a la política agrícola común ni a los fondos estructurales para las regiones.

Gesto a los nórdicos

Como gesto a los nórdicos, Michel propone mantener los descuentos de los que gozan en su contribución al presupuesto de la UE, que en principio debían desaparecer con el adiós de Reino Unido y el fin del 'cheque británico". Unos descuentos que ascienden a 3.671 millones en el caso de Alemania, 1.576 millones para Holanda, 798 millones para Suecia, 237 millones para Austria y 197 millones para Dinamarca.

Para financiar el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, la Comisión realizará por primera vez en la historia de la UE una emisión a gran escala de deuda europea en los mercados, usando como garantía el presupuesto comunitario.

Michel plantea que el dinero empiece a devolverse a partir de 2027 -un año antes de la propuesta de Bruselas- y hasta 2058. Para no aumentar las contribuciones de los Estados miembros, la UE deberá crear nuevos impuestos, empezando por una tasa a los plásticos, un impuesto en frontera al CO2, parte de los ingresos del sistema de comercio de emisiones o una tasa digital.

Una negociación difícil

La propuesta de compromiso que ha presentado Michel es la base de negociación que tendrán sobre la mesa los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 en la cumbre que celebran el 16 y 17 de julio, la primera presencial en Bruselas. El objetivo de los dirigentes de la UE es cerrar ya un acuerdo en esa reunión tanto sobre el fondo de reconstrucción como sobre el presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2021-2027.

Sin embargo, las posiciones de los Estados miembros todavía están muy alejadas entre sí. La fractura entre el Norte y el Sur sigue siendo tan profunda que el propio presidente del Consejo Europeo duda de que pueda llegarse a un acuerdo la semana que viene. Al mismo tiempo, cualquier retraso podría provocar turbulencias en los mercados y agravar los costes de la crisis, según ha avisado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.