Para 2022, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen un gasto previsto en pensiones de 170.494 millones de euros. Sin embargo, esta cifra se quedará muy corta en 2023. La reforma legislativa que se aprobó en 2021 de la Seguridad Social vincula estas prestaciones a la evolución de la inflación. 

Si los precios se mantienen en los niveles actuales en el segundo semestre del año, el Estado tendrá que aumentar las pensiones, al menos, un 8,1%.

Esto significa que el impacto presupuestario de estas prestaciones se elevará, como mínimo, en 14.000 millones de euros. Y eso sin tener en cuenta en estos cálculos a las personas que se jubilen a lo largo de 2022 y de 2023, es decir, a los nuevos pensionistas. 

El coste de indexar las pensiones al IPC va a ser mucho más elevado en 2023 que cuando se puso en práctica por primera vez esta medida, que fue este mismo año. De hecho, esta medida fue la causa de que el gasto en estas prestaciones engordara en 3.700 millones en 2022. 

Es decir, que el incremento de las pensiones de 2023 podría casi cuadruplicar el que ya se ha aplicado sobre estas prestaciones este mismo año. 

Se trata de unos incrementos que no son coyunturales, sino estructurales. Llegan para 'instalarse' en los Presupuestos y suponer más gasto público, pese a la elevada preocupación que existe por entes como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por el déficit estructural.

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Los avisos también llegan de fuera. La Comisión Europea ya ha advertido al Gobierno de España de que no le salen las cuentas y ve un "agujero significativo" en el sistema de pensiones si no se adoptan nuevas medidas de ajuste.

En su último examen, Bruselas resalta que la nueva regla de indexación de las pensiones incrementará el gasto de forma significativa. Y no cree que un retraso de la edad efectiva de jubilación vaya a lograr compensar esta situación. 

En cualquier caso, el Gobierno tiene clara (al menos por ahora) su postura. La indexación de las pensiones al IPC no se tocará. Insisten en que la inflación de 2022 será "excepcional" y que no tiene por qué repetirse en próximos años. 

Además, recuerdan que los ingresos públicos están cifras récord. La recaudación, respaldada por la inflación y la generación de empleo, mejora mes tras mes. Algo parecido ocurre con las cotizaciones. Hasta mayo, los ingresos públicos por esta vía han crecido un 8,1%. 

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Sin embargo, no es el único incremento de gasto que posiblemente tenga que afrontar el Gobierno. Los sindicatos de los empleados públicos están apretando para que los funcionarios tengan una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de la última década. Y también por la inflación de 2022, claro.