Míriam Nogueras, Félix Bolaños y María Jesús Montero.

Míriam Nogueras, Félix Bolaños y María Jesús Montero. Eduardo Parra / Europa Press

Macroeconomía

El Gobierno perderá 11.000 millones de gasto público si cede a las autonomías el déficit que exige Junts

La formación catalana exige que las regiones puedan 'gastar' un tercio del déficit previsto en 2025, que se detraería del que dispondría la Administración Central. 

25 septiembre, 2024 02:56

A pesar de que el Gobierno sigue trabajando en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, su tramitación está frenada. El Ejecutivo ha decidido retirar del Congreso su propuesta de senda de déficit para las Administraciones Públicas por la falta de apoyos parlamentarios, especialmente el de Junts. La clave está en que los independentistas catalanes exigen una mayor capacidad de gasto, a través del déficit, para las comunidades autónomas.

Ahora el Gobierno medita qué hacer. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Moncloa abre la puerta a elevar la capacidad de déficit de las comunidades autónomas. Lo que no está claro es si está dispuesto a llegar a los límites que exige Junts. Sobre todo porque supondría hurtar unos 11.000 millones de euros al gasto público que había previsto para la Administración Central (que suma al Estado y la Seguridad Social)

La formación independentista catalana, que está llevando al límite todas las negociaciones parlamentarias con el PSOE y Sumar, exige que las comunidades autónomas tengan, al menos, un tercio de la capacidad de déficit (que supone ampliar sus horizontes de gasto público) planteada para 2025.

El Ministerio de Hacienda ha puesto un objetivo de déficit del 2,5% del PIB para el próximo año. Esto permitirá, según las estimaciones de este periódico, en unos 37.458 millones de euros de gasto adicionales.

En la senda fiscal que se ha retirado de tramitación, la Administración Central disfruta de 2,4 puntos de déficit y las comunidades autónomas sólo de una décima

La reclamación de Junts daría una importante vuelta a esta tortilla fiscal. El partido independentista reclama que las regiones puedan disponer de un tercio del déficit previsto para poder ampliar su gasto. Esto supone unos 12.486 millones de euros

Si se cediera a esta pretensión, la capacidad de gasto de la Administración Central (es decir, el Gobierno) se vería mermada.

Con los límites fiscales tal y como están establecidos ahora mismo, el Ejecutivo contaría con casi 36.000 millones de euros de gasto gracias al déficit, es decir, el equivalente al 2,4% del PIB.

Pero si se responde a las exigencias de los de Puigdemont, la Administración Central podría aspirar, como mucho, a unos 25.000 millones de euros en déficit. Es decir, 11.000 millones menos de lo que había previsto el Ministerio de Hacienda para desarrollar el techo de gasto. 

Cabe recordar que, por ahora, el Gobierno no baraja cambiar los objetivos de déficit planteados por las correcciones ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la semana pasada, que han llevado a mejorar el crecimiento económico de los últimos años

No lo ve así Comisiones Obreras (CCOO). El sindicato calcula que el techo de gasto debería sumar 5.160 millones más para 2025, tras las actualizaciones del INE. 

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. E.P.

De vuelta a la senda fiscal, en el Gobierno insisten en que la propuesta que hay sobre la mesa supone una mejora respecto a la que hay en vigor, que obligaría en 2025 a comunidades autónomas y entidades locales a lograr un superávit del 0,1% del PIB. 

En este sentido, Pilar Alegría, ministra portavoz, alegó este martes que con la propuesta gubernamental se mejora la capacidad de gasto de regiones y ayuntamientos en unos 12.000 millones de euros

De hecho, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, acusó al PP de tener una actitud "irresponsable" sobre la senda fiscal.

En este sentido, argumentó que el PP ya se sentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a través de sus comunidades autónomas, que se abstuvieron. "No votaron en contra", apuntó.

Responsabilidad

"Pedimos un ejercicio de responsabilidad al PP. Los presidentes autonómicos del PP saben que esos 12.000 millones de euros son beneficiosos para la ciudadanía que atienden", subrayó.

De cara a la negociación que se tiene que librar en próximos días y semanas para lograr tramitar la senda fiscal, Alegría no dejó claro si se sentará a hablar con el PP.  Pero sí con Junts. ¿Acabará aprobando el Gobierno nuevos objetivos de déficit para satisfacer a Junts y abrir la puerta a unos nuevos Presupuestos Generales del Estado? La respuesta, en unas semanas.