La eventual aprobación de una desconexión de Cataluña, cuyo borrador se ha conocido esta semana, provocaría una “colapso económico” tanto para la propia comunidad autónoma como para sus empresas y sus trabajadores. Ésta es la opinión de buena parte de los empresarios catalanes, aunque muchos de ellos prefieren el anonimato para no verse perjudicados por las represalias del procés.

EL ESPAÑOL ha tomado el pulso de las principales patronales catalanas un día después de que se conociera el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, un proyecto que no habla de implicaciones económicas de la desconexión, pero que tendría un impacto muy importante en las empresas catalanas, según reconocen los propios representantes de los empresarios.

En el caso de producirse la anunciada separación, el primer efecto sería la salida de Cataluña no solo de España, sino también de la Unión Europea. Los expertos consultados coinciden en que esto significa la anulación casi inmediata de los tratados que permiten la libre circulación de personas, capitales y mercancías dentro de la UE.

Dependencia comercial de España

Según Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya (EC) -entidad que representa a medianas empresas catalanas- “esto colocaría directamente a todos los productos catalanes con un impuesto arancelario” y con barreras de entrada a toda Europa. Si consideramos que más de la mitad del PIB de Cataluña se ingresa por ventas a España, “el impacto sería brutal”, indica Bou.

El último informe de Convivencia Cívica Catalana, organización que se define como “defensora de los derechos de los ciudadanos y que aporta, desde un punto de vista independiente del poder político catalán, información y análisis sobre la realidad catalana”, indica que casi un tercio de todo lo producido por las empresas catalanas (31%) está asociado a las compras del resto de españoles.

Este porcentaje de dependencia económica se incrementa en sectores tan relevantes como el comercio (35%), la industria (41%) y la agricultura (45%). El informe El resto de España, motor de la economía catalana refleja que el impacto es más relevante en otros sectores como la producción papelera de Cataluña, donde el 60% de la producción va dirigida hacia el resto de España. En el caso de los productos alimenticios, es el 57%; en farmacéuticos, es el 56%; mientras que en edición de libros, es el 55%.

¿Diversificación internacional?

Convivencia Cívica cifra en 54.000 millones de euros anuales las compras que el resto de los españoles repercuten en la economía catalana, en 27.000 millones de euros los beneficios empresariales y en 973.000 los puestos de trabajo que generan estos intercambios.

¿Impacto real? Jesús Sanz, jefe de estudios de Convivencia Cívica, indica que si las ventas de las empresas catalanas al resto de España cayeran al nivel de un país extranjero, como Francia, perderían 20.900 millones de euros anuales en beneficios empresariales. En remuneraciones salariales, la pérdida sería por valor de otros 20.800 millones de euros, principalmente por la generación del efecto frontera, es decir, por poner una barrera física y, por tanto, comercial al comercio con el resto de España.

Un reciente informe de la Generalitat de Catalunya realizado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional deslegitima este argumento indicando que “las relaciones comerciales entre Catalunya y España podrían experimentar, a mucha menor escala, un retroceso a raíz de una eventual independencia de Catalunya, que aceleraría de forma repentina el proceso de diversificación del comercio catalán con el exterior”.

Impacto en el empleo 

El estudio titulado Las relaciones comerciales entre Catalunya y España, califica de “catastrofistas” las previsiones de informes que auguran un duro impacto para las empresas catalanas e indica que “una dilución progresiva del efecto frontera es algo natural en un espacio económico global, que hace tiempo que ya sucede en la práctica”.

El presidente de Empresaris de Catalunya duda de esta diversificación. “Vendemos más a Cantabria que a Estados Unidos, más a La Rioja que al Japón, más a Murcia que a China, más a Aragón que a Francia”, indica tajante.

En cuanto al empleo, Jesús Sanz indica que el 27% de los puestos de trabajo en Cataluña están ligados al comercio del resto de España, mientras que Empresaris advierte que el paro podría llegar al 42% de los ciudadanos catalanes tras una eventual desconexión, unos niveles de desempleo que no se han visto ni en los peores momentos de la crisis económica reciente.

Caída del PIB y pensiones

¿Y las pensiones? "Estimamos que al día siguiente de la desconexión los pensionistas cobrarían un 27% menos”, indica Josep Bou, quien advierte del fin de la financiación del Banco Central Europeo a las entidades catalanas y el colapso de la Seguridad Social.

La posible desconexión también tendría un duro impacto sobre el PIB catalán. En estos momentos, Cataluña genera 204.000 millones de euros al año, el 19% del PIB de toda España. Un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores indica que la independencia de Cataluña tendría “efectos adversos sobre los flujos comerciales, el turismo y la inversión extranjera, lo que reduciría significativamente el PIB del nuevo Estado”.

De esta manera, el Gobierno arroja una pérdida de casi el 19% del PIB catalán. Una cifra que la Generalitat catalana rebaja solo al 1%. “La hipotética pérdida en el PIB catalán a corto plazo asociada con la caída del comercio catalán con España con mucha probabilidad sería en torno al 1%, muy difícilmente superaría el 2%”, indican.

Fuga de empresas

Independientemente de los efectos que pueda tener una eventual desconexión, la realidad muestra que todo el procés ha generado una gran incertidumbre en las empresas catalanas, lo que ha repercutido directamente en la temida deslocalización, un coste para la economía catalana que algunos empresarios catalanes cifran en mil millones de euros anuales.

Un estudio de Informa D&B refleja que en el primer trimestre del año en Cataluña se han instalado menos empresas provenientes de otras comunidades (162), que las que se han ido, que alcanzaron las 220, registrando una pérdida neta de 58 firmas. En este mismo periodo, el saldo en Madrid ha sido positivo en 49 empresas, tras recibir 364 empresas y dejar partir 315.

No obstante, es difícil poner nombres a estas compañías. De momento, solo ha trascendido el caso de Naturhouse, aunque otras empresas relevantes, como Planeta, Almirall o Pronovias, han llegado a manifestar su intención de replantearse su permanencia en Cataluña si el procés va a más.

Inseguridad jurídica 

Otros empresarios catalanes advierten que también habría que prever una importante fuga de empresas extranjeras que utilizan a Cataluña como base en España por razones logísticas, pero que si se encuentran en un Estado fuera de la Unión Europea "no dudarían en marcharse a otra ciudad".

Lo que es evidente es que la preocupación de los empresarios catalanes es cada vez mayor por la inseguridad jurídica que todo este proceso representa. El último episodio de sus desencuentros con la administración catalana ha sido la posibilidad de que la Generalitat les obligue a liquidar el impuesto de sociedades en la Agencia Tributaria de Cataluña y no en la Agencia Tributaria estatal (AEAT), lo que generaría serios problemas, en especial para las pequeñas empresas.

Contra la declaración unilateral

Respecto del procés, Foment del Treball, la principal patronal de empresarios catalanes, ha sido tajante. A pesar de que ha declinado hacer declaraciones respecto de la ley de desconexión conocida ayer, hace un mes indicaron que la ley del referéndum de Cataluña que llegará al Parlament no debería aprobarse en ningún caso porque supondría "un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno e internacional".

La comisión jurídica de Foment entendía que la proposición de ley que impulsan Junts pel Sí y la CUP "impone una declaración unilateral de independencia exprés con una simple mayoría de votos" y eso supone un "ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles".

Por su parte, la CEOE, la principal patronal de los empresarios españoles a nivel estatal, se ha mostrado un poco más conciliadora. En diciembre, Juan Rosell, presidente de la patronal y expresidente de Foment, abogó por un diálogo auténtico para afrontar el desafío soberanista catalán y ha reclamado a los políticos de ambas partes "perspectiva" y "sensibilidad" para hallar una solución a un problema "que viene de lejos".