Un repartidor de Glovo (El Español)

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La UE aprueba la 'Ley Rider' para mejorar las condiciones de los trabajadores de plataformas como Glovo

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Los Gobiernos de los 27 han dado este lunes su aprobación final a la primera 'Ley Rider' de la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats y acabar con los abusos de falsos autónomos. Alemania ha sido el único Estado miembro que se ha abstenido en la votación definitiva por las discrepancias internas en su coalición de Gobierno.

Una vez que la 'Ley Rider' se publique en el Diario Oficial de la UE en los próximos días, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para incorporar esta directiva a sus respectivas legislaciones nacionales

Más de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de una o varias plataformas digitales y se prevé que en 2025 esa cifra alcance los 43 millones. Según los cálculos de Bruselas, la gran mayoría de las personas que trabajan mediante plataformas digitales son auténticos autónomos. Sin embargo, se estima que un total de 5,5 millones de trabajadores están clasificados como independientes de forma incorrecta, lo que limita sus derechos sociales y les condena a la precariedad.

El objetivo de la 'Ley Rider' es precisamente combatir estos abusos. Para ello, la norma obliga a los Estados miembros a establecer en sus ordenamientos jurídicos la presunción legal de la existencia de una relación laboral, presunción que se materializará cuando los hechos denoten el ejercicio de control y dirección por parte de la plataforma sobre los trabajadores.

Los trabajadores de las plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán acogerse a esta presunción y alegar que su clasificación laboral es errónea. Corresponderá a la plataforma demostrar la inexistencia de relación laboral.

Sin embargo, los Gobiernos europeos han aprovechado la tramitación legislativa para descafeinar considerablemente la propuesta original de Bruselas. El proyecto de ley establecía una serie de criterios de control comunes para determinar si la plataforma es un 'empleador'. Por ejemplo, fijar límites máximos de remuneración; supervisar la realización del trabajo con medios electrónicos; o restringir la libertad de los trabajadores para escoger sus horarios o periodos de ausencia.

Sin embargo, el texto final aprobado este lunes suprime los criterios comunes a nivel de la UE y se deja libertad total a los Estados miembros para fijarlos en su legislación nacional. Eso llevó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una de las grandes promotoras de la 'Ley Rider' durante la presidencia española de 2023, a replantearse su apoyo. Sin embargo, al final España se ha sumado al consenso.

La nueva norma garantiza que los trabajadores sean debidamente informados de la utilización de sistemas automatizados de supervisión y de toma de decisiones que afecten a su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos, entre otras cosas.

Por otra parte, el acuerdo prohíbe el empleo de sistemas automatizados de supervisión o de toma de decisiones para el tratamiento de ciertos tipos de datos personales de quienes trabajan para plataformas digitales, como datos biométricos o datos sobre el estado emocional o psicológico de estas personas.

También garantiza la vigilancia y la evaluación humanas de las decisiones automatizadas, con inclusión del derecho a recibir explicaciones sobre dichas decisiones y a que estas sean revisadas.