Los líderes de la Unión Europea han firmado un acuerdo que demuestra que, a pesar de las críticas, Europa responde y lo hace de manera responsable.
El pacto alcanzado, como ya adelantamos en esta columna, tendrá condicionalidad, estará sujeto a reformas estructurales, tiene una menor cuantía de subvenciones y además incorpora una cláusula de control (veto) por parte de los estados miembros.
No sólo es positivo por su cuantía y por estar sujeto a reformas y condiciones. Lo es porque es un muro de contención que evita las contrarreformas de la izquierda radical, gracias al llamado 'freno de emergencia'.
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El acuerdo de 750.000 millones de euros es importante, pero no debemos fiar la recuperación de la Unión Europea a este programa. Ya tenemos las experiencias del Plan de Crecimiento de 2009 y del Plan Juncker. Ambos tuvieron una bajísima efectividad a la hora de aumentar el PIB. La clave de este plan es que fortalece el club comunitario y ayuda a salir de la crisis, pero no lo garantiza.
Las subvenciones se han reducido a 390.000 millones de euros desde los 500.000 inicialmente anunciados, mientras que la parte de préstamo sube en 110.000 millones de euros hasta los 360.000 millones.
Estos préstamos baratos se pagarán en un periodo amplio, a devolver entre 2027 y 2058. En realidad, es como una emisión de deuda perpetua y el coste será bajo por estar soportado por la Comisión Europea.
El plan debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y los parlamentos de los estados miembros, pero se considera un paso diplomático que tendrá pocos escollos.
El acuerdo de 750.000 millones de euros es importante, pero no debemos fiar la recuperación de la Unión Europea a este programa.
La deuda que emita la Unió Europea se repagará en el presupuesto comunitario hasta 2058, creando una especie de “eurobono” con condicionalidad y compromiso.
El gran problema para el crecimiento de Europa es que se impongan nuevos escollos fiscales para financiar parte de esta deuda, incluidos nuevos impuestos indirectos a los usuarios vía plástico o la tecnología.
Ahora bien, el plan supone un aumento enorme del gasto de la Unión Europea y ata a los países al proyecto europeo con una combinación de créditos a largo plazo y compromisos ineludibles. El gasto sube al 2,6% del PIB anual desde el 1,2% anterior.
De esta manera la Unión Europea se asegura el cumplimiento de las reformas en los países con mayores desequilibrios y, a la vez, el compromiso con el proyecto europeo de los mal llamados frugales.
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Otro factor importante es que no es para el sector público. La mayor parte del dinero está destinado a proyectos del sector privado, por lo que no es un regalo para esconder déficit ni gasto político.
El 70% de las subvenciones se darán entre 2021 y 2022. El 30% en 2023, sujetas a condicionalidad. Es decir, a reformas estructurales y con posibilidad de aplicar el freno de emergencia.
Para recibir el dinero habrá que presentar proyectos serios, rentables y que fortalezcan la competitividad. No son cheques en blanco para cualquier cosa.
Grecia es la más beneficiada, con un 12% de su PIB en subvenciones durante cuatro años. España logra el 6% e Italia un 4%.
El 70% de las subvenciones se darán entre 2021 y 2022. El 30% en 2023, sujetas a condicionalidad.
Eso significa que las reformas y los ajustes son inevitables, ya que el total de subvenciones para el sector público que reciba España en cuatro años no llega a cubrir una quinta parte del déficit de 2020.
El Consejo Europeo monitorizará las ayudas y su utilización. Tendrán que ser aprobadas por mayoría cualificada. Los pagos serán aprobados por mayoría en el Comité Económico y Financiero, y podrán recibir el veto de uno o más estados miembros si se duda del uso apropiado de los fondos.
El Plan de Recuperación de la Unión Europea no va a ser una panacea ni va a aumentar el crecimiento potencial. Tiene muchos elementos difusos. Lo importante es que disipa el fantasma de las contrarreformas y que perfila una unión entre países miembros centrada en la responsabilidad crediticia y la prudencia. Esperemos que funcione.
