Disparar el gasto político, subir los impuestos y endeudar al país sin control no es una política social. Es antisocial.

Los servicios públicos no se ponen en peligro por tener una fiscalidad atractiva, sino por disparar el gasto corriente sin rentabilidad y aumentar el déficit estructural -el que se genera crezcas o no-. La inmensa mayoría de países de nuestro entorno tienen una fiscalidad más competitiva y atractiva y mejores servicios públicos.

España es uno de los países con peor competitividad fiscal de los países desarrollados, con el puesto 30 de los 37 países analizados. De hecho, en el año 2021 hemos retrocedido cuatro puestos en el ranking de competitividad fiscal. Esto es por la obsesión gubernamental por mantener una fiscalidad extractiva y confiscatoria sobre el contribuyente cautivo y no llevar a cabo políticas que expandan y atraigan bases imponibles.

España no “recauda menos que la media de la UE” porque los impuestos sean bajos, sino porque tenemos más del doble de paro, más economía sumergida y empresas mucho más pequeñas. Al obstinarse en mantener una fiscalidad depredadora, ni se reduce el paro ni la economía sumergida y se ponen frenos al crecimiento empresarial. Mientras en España hay 19.000 empresas con más de 50 trabajadores (0,6% del total), en Alemania hay 72.000 (2,6%), según el IEE.

En el Libro Blanco para la Reforma Fiscal en España del IEE se observa que el esfuerzo fiscal en España es un 6,6% superior al promedio de la Unión Europea y el cuarto lugar de esfuerzo fiscal de la Unión.

“España tiene una fiscalidad muy alta para los que contribuyen, y poco adecuada a su nivel de renta… Si se diseña una fiscalidad desconectada de esa realidad, no se va a incrementar la recaudación a medio y largo plazo porque no se crecerá, ni se creará empleo de acuerdo con el potencial de la economía”, concluye.

Todo es récord de empleo para la propaganda, pero España sigue liderando la OCDE en tasa de paro

Es muy triste que el gobierno se lance a la propaganda y nos dice que hay récord de empleo con 20,1 millones de afiliados en el tercer trimestre y también con 19,8 millones en marzo de 2022. Todo es récord de empleo para la propaganda, pero España sigue liderando la OCDE en tasa de paro.

El gobierno de España ha despilfarrado el mayor estímulo monetario y fiscal de la historia reciente y lanza al país a una década perdida. ¿Por qué?

Disfrazando paro con contratación pública. Entre febrero de 2020 y marzo de 2021 los afiliados al sector público han aumentado en 261.050, mientras que en el sector privado solo en 223.182. Este aumento no es por Sanidad y Educación, ni de lejos -esa cifra no llega a 90.000. Disparar el empleo público para disfrazar el paro es un grave riesgo para los funcionarios de carrera al hacer insostenibles las cuentas públicas.

España ya gasta en sueldos públicos 140.000 millones de euros anuales, un 12,5% del PIB, casi cuatro puntos sobre PIB más que Alemania, por ejemplo. Las retribuciones públicas totales superan en 496.776 personas a los sueldos privados. 

Con una carga tan grande en impuestos, el elevadísimo peso del sector público burocrático funciona como un freno al crecimiento, el empleo y la productividad. Un gasto público superior al 51,5% del PIB es insostenible para una economía de pymes y microempresas, cíclica y con altísimo paro.

Esto significa que el sector privado sostiene a 13,4 millones de personas y 320.000 millones en sueldos y pensiones. Insostenible.

El otro gran problema de España es el enorme consumo de reservas monetarias sin rentabilidad económica o social real. 

El Gobierno se endeuda mucho más incluso cuando la economía se recupera

El Gobierno, a pesar de aprovecharse de la inflación con una subida generalizada de impuestos a todos los contribuyentes y aumentar con ello la recaudación en más de un 20% en 2021 a máximos históricos, deja un déficit estructural de más de 50.000 millones de euros anuales.

El Gobierno se endeuda mucho más incluso cuando la economía se recupera. Con un rebote de PIB del 5,1%, la deuda pública creció el 6,1% en 2021 hasta 1,43 billones de euros, el 118,7% del PIB.

En 2020, la peor gestión de la pandemia de la Unión Europea con un Gobierno que se negó a reducir un solo euro del gasto político ya desde 2019 y priorizar. Esto generó el mayor déficit de la UE, un 11% del PIB, 115.200 millones de euros. El mayor consumo de estímulo monetario de toda la eurozona.

En 2021, España registró la peor recuperación, un rebote del PIB de solo 5,1% tras caer un 10,8% en 2020 y todo con un aumento de deuda del 6,1%. Esto generó un déficit adicional de 82.800 millones de euros, con mucho mayor consumo adicional de emisión monetaria del BCE.

Es decir, el Gobierno de España consumió casi 200.000 millones de espacio fiscal para la mayor caída de la UE y el peor rebote. Pero la deuda queda.

A ello hay que añadir un déficit comercial de 13.400 millones en 2020 y de 28.900 en 2021. Un consumo de reservas monetarias de 42.300 millones adicional. 

España no va a poder absorber los 50.000 millones anuales de déficit estructural subiendo impuestos

En resumen, el sector político burocrático está fagocitando el potencial de crecimiento de España y deja un panorama muy complejo para los próximos años.

España no va a poder absorber los 50.000 millones anuales de déficit estructural subiendo impuestos. Ya se ha comprobado que, cuando sube la recaudación, el gobierno gasta más y cuando cae, también gasta más. Las eternas falacias del socialismo sobre ingresos perdidos y recaudaciones fabulosas si se sube este u otro impuesto son simplemente mentiras. 

Es peor, un país que consume más de 240.000 millones de euros de reservas monetarias tirando de la paciencia y solidaridad del resto de socios de la eurozona, se convierte en un freno a la Unión Europea, no el motor de crecimiento e inversión que debería ser.

Si, además, la reforma laboral va orientada a disfrazar temporalidad bajo el subterfugio de “indefinidos discontinuos” y mantiene elevadísimas cuotas de autónomos e impuestos al trabajo, está condenado a seguir con un altísimo e inaceptable desempleo.  

España se enfrenta a una década perdida si se blanquea este sistema confiscatorio y depredador

En España el Gobierno de Sánchez ha instaurado la idea de que el sector privado está al servicio del sector público, y no al revés, como debe ser. La mentalidad extractiva y confiscatoria ya es generalizada en el parlamento, y se acusa de extremismo o falta de centralidad al que rechaza ese sistema tristemente similar al argentino.

Ya explicamos hace meses que los fondos europeos iban a perderse en un mar de burocracia y así ha sido. La economía española no se ha beneficiado en nada.

España se enfrenta a una década perdida si se blanquea este sistema confiscatorio y depredador. El centro no es la equidistancia entre el comunismo devastador y el socialismo extractivo. Es defender una economía que crezca, facilite el crecimiento empresarial, la contratación y la atracción de inversión.