Ahora podría parecer lo contrario. Los medios dan prioridad a las trifulcas políticas frente a las económicas. Cabeceras y titulares se centran en la sedición, la malversación y el asalto al Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.

Mientras tanto, los temas económicos, aunque importantes, están en segundo plano. Por otra parte, al ser más técnicos, tienen un círculo de influencia más restringido.

No obstante, política y economía son dos realidades inseparables. Las perturbaciones de una influyen en la otra y viceversa.

El intento del Gobierno Sánchez de asaltar todas las instancias del poder arrollando el concepto de "independencia" de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) es una noticia malísima para la economía.

Para el ciudadano común, la batalla institucional que se ha librado en las últimas semanas puede parecer algo lejano y propio de expertos, alejada de sus intereses económicos concretos.

No es así. La democracia representativa, el sistema más eficiente para tener una economía sana, no funciona sin la premisa de Montesquieu de un equilibrio de poderes legislativo, judicial y ejecutivo, en el que se respeten las leyes y ninguno de ellos pueda acogotar a los otros.

Cuando en un país se inicia el deterioro de separación de poderes, al principio la relación entre equilibrio institucional y desarrollo económico no parece evidente. La economía parece funcionar por su cuenta. 

Pero todos los estudios sobre el desarrollo económico de los países, dicen que la debilidad institucional es el factor decisivo que conduce al subdesarrollo o impide salir de él, deteriora la economía o le corta alas.

"La debilidad institucional es el factor decisivo que conduce al subdesarrollo"

Desde los trabajos de John Kenneth Galbraith (1908/2006) y los economistas de la escuela de la Economía Institucional, se sabe la gran relación entre las condiciones políticas y sociales en la economía. No solo en lo referente a los países subdesarrollados, también en otros como Canadá o EEUU, donde Galbraith trabajó, tanto en la academia como en cargos políticos y sociales.

Ahora si hablas con algún venezolano radicado desde hace unos pocos años en España te avisa: "inicialmente nadie pensó en que el deterioro de nuestra democracia en mi país iba a influir también en el desastre económico que vivimos. ¡Tengan cuidado!".

[Opinión: Lo que España tiene que aprender de Venezuela. Por María Blanco.]

El español medio piensa que estamos en Europa y tanto la vigilancia de la UE como nuestra democracia, nos dotan de mecanismos para defender la sanidad institucional.

No obstante, son preocupantes los últimos acontecimientos políticos: las leyes que se están aprobando y las enmiendas que se intentan colar para dominar el poder judicial desde el Ejecutivo.

La sanidad de una democracia exige que el único poder que no emana directamente del pueblo, el judicial, sea independiente y alejado de las influencias de los otros dos; en particular del Ejecutivo. Sin esa premisa, tarde o temprano la economía flaquea. Los inversores pierden confianza en la seguridad jurídica y huyen hacia otros países.

"La sanidad de una democracia exige que el único poder que no emana directamente del pueblo, el judicial, sea independiente"

El Sr. Guerra, exvicepresidente durante Gobiernos de Felipe González, se queja de la deriva del Sr. Sánchez. Él fue el que dijo: Montesquieu ha muerto. ¡Error, que gran error! Son esos polvos iniciales (1985), los que han traído los lodos actuales (2022). Tampoco el centro-derecha ha corregido la situación en sus legislaturas. ¿Por qué Aznar o Rajoy no intentaron una ley en la que los jueces eligieran al Consejo General del Poder Judicial?

Los males de la política actual y los problemas económicos que padecemos y padeceremos, tienen, entre otras causas, su origen en esa esencia totalitaria de la izquierda española, cada vez más acentuada y un centro-derecha conformista con esa situación.

El discurso actual del PSOE y sus aliados es intransigente con aquellos que no piensan como ellos. Tratan de imponer sus postulados sin importar lo que de razonable pueden tener los discrepantes.

Hasta que no dejen de ver a los discrepantes como enemigos a batir. Hasta que no piensen que un gobierno democrático tiene sus límites institucionales. Hasta que no se conviertan en defensores de la independencia del poder judicial en todos sus niveles. Hasta entonces, la democracia española será débil y la economía no despegará como debería hacerlo. 

*** J. R. Pin es profesor del IESE.