Desmontando el tope del gas

Cualquier ciudadano que pague la tarifa de la luz sabe que no es correcto que su recibo haya bajado un 32%.

Sin embargo, ya tenemos datos claros sobre el efecto del llamado “tope del gas”. Y son muy negativos.

Un informe publicado por ESADE (reflejado en una noticia de EL ESPAÑOL) afirma que, gracias a la medida del “tope de gas”, en 2022 se ha producido una rebaja del 32% en la tarifa regulada, con un ahorro medio de 200 euros por cliente, y un ahorro total de 1.900-2.200 millones de euros para los clientes de PVPC. Esto habría tenido un efecto reductor de 0,3 puntos en el IPC.

Sorprende que el informe mencionado no diga nada sobre el incremento de la factura por el “tope de gas” para los clientes en mercado libre, que además son el 65% del total, la inmensa mayoría, y asombra que no se mencione el importante coste de la medida y quién la paga.

Desafortunadamente, el informe denota significativas lagunas de desconocimiento del sector eléctrico y los números que muestra reflejan importantes errores.

En el informe, el cálculo del PVPC hipotético sin “tope de gas” es erróneo, y mucho más alto de lo que realmente ha sido.

El cálculo se basa en la supuesta correlación estimada entre la tarifa regulada (PVPC) y una estimación de precio del gas (TTF y MIBGAS) en el período previo a la aplicación del tope de gas. Los autores parecen desconocer que tanto el precio del PVPC real (con tope) como el del PVPC hipotético sin tope de gas en realidad se pueden conocer con exactitud a partir de la información publicada en las páginas web de OMIE y Red Eléctrica (REE).

Tampoco parece tener en cuenta el impacto de la evolución de los peajes y cargos en la composición del PVPC, ni las modificaciones experimentadas por éstos en enero y marzo de 2022.

Además, el volumen de demanda PVPC considerado -que es estimado- es demasiado alto y no se corresponde con datos reales, por lo que el supuesto descuento global para el colectivo también está exagerado.

Finalmente, el impacto sobre el IPC está exagerado por las razones antes mencionadas, pero además no tiene sentido ya que el INE sólo consideraba la tarifa PVPC en el componente de electricidad del IPC hasta enero 2023 y no computa las tarifas del mercado libre que son las que han sufrido el gran aumento por pasarles parte del coste del tope del gas al obligar el Gobierno a que el coste se incluya como un elemento adicional en las facturas. Sorprende que no se alerte en el análisis sobre este hecho y que no se haga un cálculo que refleje cuál sería el IPC si en el componente de electricidad se considerara la tarifa PVPC y las de mercado libre.

Si se calcula correctamente, la rebaja real del PVPC es sólo del 14% (no del 32%), con un ahorro medio de unos 67 euros por cliente (no 200 euros), y un ahorro global para el colectivo de unos 500-600 millones de euros, muy alejado de los 1.900-2.000 millones anunciados a todo titular. Teniendo en cuenta que el coste de la medida ya supera los 9.000 millones de euros, el fracaso es más que evidente.

Según datos públicos de OMIE, el descuento del precio de mercado ha sido de unos 123 euros/MWh, y el incremento de repartir el coste del tope del gas entre la demanda de unos 77 euros/MWh, por lo que el impacto neto para un cliente en mercado es de unos 46 euros/MWh. Si se suman unas pérdidas del 17% -como refleja la CNMC de mercado a consumidor doméstico- resulta un descuento de unos 54 euros/MWh en factura para el PVPC.

Para un cliente medio en PVPC (4,1 kW de potencia contratada y unos 2.300 kWh/año), esto supone una reducción de la factura de un 14%, y un ahorro de unos 67 euros en el período junio–diciembre (1,240 MWh de consumo en el período).

Si se considera una demanda PVPC de unos 10 TWh (según datos públicos de REE), el descuento global para el colectivo se sitúa en unos 500-600 millones de euros, menos de un cuarto de lo que estima el estudio de ESADE.

Más de 19 millones de españoles pagan un 41% más para que 11 millones paguen un 14% menos

Lo que más sorprende es que el informe no considera el incremento obligatorio y por ley de precio para los clientes con contrato fijo, que son el 65% del total y más de 19 millones de clientes, que no se beneficiaron de la subvención en el precio de mercado, pero sí tienen que pagar el recargo por el tope del gas.

Los autores del informe no parecen ser conscientes de este aspecto. De hecho, en la versión del mismo informe donde se analizaba el descuento del PVPC en el período junio-agosto, se dice textualmente que: “La disminución de precios tras la entrada en vigor del mecanismo permitirá a las comercializadoras actualizar sus ofertas en base a unos precios de mercado más bajos de los previstos en ausencia de este. Así, las familias con tarifa libre también se verán beneficiadas de la política, aunque este ahorro sea más difícil de cuantificar”.

En realidad, eso es empíricamente incorrecto. La mayoría de los consumidores libres tienen contrato fijo y no les afecta el precio de mercado, por lo que las comercializadoras no ajustan y además el ahorro es inexistente. Se tendría que esperar al final del contrato, pero, hasta entonces, el recargo es de más de un 41% y, para entonces, el mecanismo ya no estará en marcha como ha apuntado la Comisión Europea, que ha advertido que este mecanismo sólo puede funcionar hasta diciembre 2023. Como ha reflejado este periódico y muchos otros, la Comisión Europea ha confirmado que la extensión del límite al tope al gas del que gozan España y Portugal no se puede extender más allá de diciembre de 2023. Así, la inmensa mayoría de clientes en el mercado libre pagarán el sobrecoste y no tendrán ninguna ventaja si es que subvencionar al gas natural vía un coste externo puede considerarse como tal.

En realidad, un consumidor doméstico con contrato fijo ha sufrido un incremento del 41% en su factura, con un coste de unos 112 euros en 2022 por efecto del tope de gas.

Los consumidores que hayan renovado o actualizado sus contratos fijos en 2022 están obligados a pagar el recargo del gas, pero no se benefician de la bajada artificial del precio de mercado, por lo que han pagado unos 77 euros/MWh adicionales, que se transforman en 90 euros/MWh en factura por efecto de las pérdidas.

Esto supone un incremento del 41% y un coste de 112 euros en el período (1,240 kWh * 90, suponiendo el mismo tipo de consumidor que en el caso PVPC).

Tope al gas. OMIE, Red Eléctrica, CNMC.

Tope al gas. OMIE, Red Eléctrica, CNMC.

En un informe reciente de CaixaBank, se mostraba que el recibo mediano de los consumidores de tarifa regulada entre enero de 2022 y octubre había subido un 14% y el de los consumidores del mercado libre, un 21%. Ese informe analizaba recibos medianos en los primeros diez meses del año, y el resultado es demoledor ('La evolución de los recibos de la luz de los hogares españoles en 2022', Mestres Domènech y Graziano). Adicionalmente, según ese informe en los dos últimos dos años la mediana de los recibos de tarifa regulada acumula una subida promedio del 46% mientras que los del mercado libre han sufrido una subida del 6% por culpa del sobrecargo del 20% en 2022 por el engaño del tope del gas.

Analizando un recibo típico desde la aplicación del mecanismo, el resultado es mucho peor. Una enorme transferencia de mayor coste a 19 millones de consumidores que no habrían sufrido esta subida -y en su mayoría ninguna- de no implementarse el subterfugio del tope del gas.

Siempre son interesantes los estudios sobre el mercado eléctrico, pero conviene recordar que, para garantizar un mínimo rigor:

No hay necesidad de utilizar estimaciones cuando existe la información pública.

Sorprende que en un estudio se “olvide” el impacto negativo para el 65% de los consumidores (los que no están en la tarifa PVPC).

Preocupa que se ignore el funcionamiento de los contratos a precio fijo cerrados con las comercializadoras y el impacto inmediato de añadir por ley un coste obligatorio a nuestro recibo.

Adicionalmente, sorprende que no se analice el coste de la medida en términos de subvención al sistema gasista, que ya alcanza los 9.000 millones de euros y supondrá 12.000 millones de euros hasta el final del periodo de implementación en junio de 2023, calculando el precio medio del gas que se pagará a los generadores. Esto compara con una estimación del Gobierno que anunció que el coste de la medida serían 4.300 millones de euros.

El coste de la medida es la cantidad que se ha pagado a las empresas gasistas por la diferencia entre el precio mayorista maquillado del Gobierno –eso que llaman "la excepción ibérica"– y el coste del gas natural real. Esa diferencia la pagamos todos en la factura. Además, no se profundiza en la renta enviada a otros países por la subvención, las cantidades pagadas a Francia, Marruecos o Portugal superan los 1.500 millones de euros desde junio a noviembre. Estos países se benefician de comprar energía con la subvención del Gobierno y nosotros, los consumidores españoles, pagamos la diferencia.

Sorprende también que no se haga mención alguna a la intromisión y coste que supone garantizar a los generadores con gas natural una rentabilidad y un factor de carga que en el mercado diario es casi imposible alcanzar. Convierte una actividad liberalizada y con elevado riesgo en una actividad subvencionada en la que se incentiva el uso de gas natural. Según Enagás, la demanda de gas para generación eléctrica aumentó un 52,6% en 2022 respecto a 2021, hasta registrar 138 TWh, una cifra no vista desde 2010. Eso en un año en que la demanda de gas natural total caía un 3,7% y en Europa la demanda de gas se reducía un 20,1% hasta noviembre, según Eurostat, mientras la demanda de gas natural para electricidad se mantenía a la baja, según datos de World Economic Forum ('Wind and solar power generated more electricity in the EU last year than gas did', enero 2023).

El tope del gas no sólo ha aumentado la demanda de gas natural al subvencionarlo, sino que ha encarecido artificialmente el recibo de millones de españoles que no tenían por qué ver un aumento de tal calibre. Sorprende también la afirmación contrafactual de que la demanda de gas para ciclos combinados habría sido similar si no hubiera mecanismo ibérico cuando tenemos la evidencia en todos los países de nuestro entorno de que la demanda de gas para ciclos combinados no ha aumentado tanto, ni mucho menos con una rentabilidad garantizada en países con mayor exposición al gas ruso.

El otro día puse un tuit que decía: “El tope del gas es como si en una fila de diez clientes en una panadería les dijeran a tres que la barra de pan de ochenta céntimos les va a costar sesenta y a los otros siete les subieran la barra a ochenta y ocho céntimos”. Con los datos en la mano, es peor. Los tres primeros tienen una bajada mucho menor y los demás una subida mucho mayor.

Más de 19 millones de españoles pagan un 41% más para que 11 millones paguen un 14% menos y, mientras tanto, todos estamos enviando millones de euros diarios a Francia, Marruecos y Portugal para que el Gobierno maquille el dato de IPC durante unos meses.