En España, la narrativa confiscatoria repite constantemente dos falacias: que pagamos pocos impuestos y que la recaudación es para sanidad y educación. La presión fiscal normativa en nuestro país es un 17% superior a la media de la Unión Europea. El esfuerzo fiscal es especialmente sangrante en un país de microempresas y donde la renta per cápita ajustada por poder adquisitivo está a quince puntos de la media comunitaria.

Los impuestos a la inversión, ahorro, capital y consumo son asfixiantes y empobrecedores. Un trabajador con un sueldo medio en España paga el 50% de lo que gana en impuestos, incluyendo directos e indirectos. ¿Y qué financian estos impuestos? 2.000 millones para comprar un consejero en Telefónica, 5.000 millones de Agenda 2030, 4.500 millones de “Asuntos Económicos”, un elefantiásico aparato burocrático que ha aumentado su gasto en 7.000 millones desde que gobierna Sánchez que ha disparado ministerios, con más de 1.000 asesores y donde el despilfarro es la norma en el Gobierno más caro de la historia.

Algunos dicen que este exceso de gasto político es “el chocolate del loro”. Curioso. Para despilfarrar cinco o seis mil millones no hay problema, pero para aliviar la carga fiscal a familias y empresas en una cantidad similar te dicen que pones en peligro la sanidad y la educación. Lo que pone en peligro las pensiones, la sanidad y la educación es el gasto en Asuntos Económicos o Agenda 2030, regar de millones a las asociaciones afines y disparar la red clientelar.

En España la propaganda te intenta convencer de que el expolio fiscal es una política social y que si te quejas del despilfarro eres antisocial. No hay nada más antisocial que disparar la deuda y el déficit para generar un gasto clientelar absolutamente inaceptable en un país empobrecido. 

La aristocracia del gasto público siempre piensa que tú ganas demasiado y ellos gastan demasiado poco.

La aristocracia del gasto público siempre piensa que tú ganas demasiado y ellos gastan demasiado poco

Las conclusiones del último informe de Competitividad Fiscal del Instituto de Estudios Económicos y del “Impuestómetro 2024” del Instituto Juan de Mariana son aterradoras.

Según el último ranking de competitividad fiscal, España se sitúa en el puesto 31 de un total de 38 países analizados en el año 2023, ocho puestos más abajo que el puesto 23 que ocupaba en 2019.

El asalto a las empresas es muy superior a la media de la UE, 12,2% del PIB comparado con un 10,4% en la media de la UE. Incluyendo todas las cargas fiscales al trabajo y en impuesto de sociedades, las empresas españolas aportan un 32,4% del PIB frente a un 25,8% de media en la UE. Por supuesto estos son datos de recaudación sobre PIB. La carga fiscal efectiva sobre los ingresos generados por empresas y familias es muy superior a la media de la UE cuando consideramos toda la batería de hachazos fiscales directos e indirectos.

Así, según la Tax Foundation y el IEE, España está entre las economías con peor competitividad fiscal de la OCDE en 2023 y además “con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura".

Pagamos mucho más por un estado cada vez más ineficiente y con un peso de gasto político y burocrático creciente.

El asalto a las empresas es muy superior a la media de la UE, 12,2% del PIB comparado con un 10,4% en la media de la UE

Las conclusiones de “Impuestómetro” del Instituto Juan de Mariana son demoledoras.

El 60% del aumento de la presión fiscal en España desde 1995 ha tenido lugar bajo gobierno de Pedro Sánchez. España ha sido el país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal en el periodo 2019 a 2023.

El 66% del aumento de la recaudación tributaria bajo el mandato de Pedro Sánchez ha recaído sobre las familias. Prácticamente la mitad de la subida de impuestos a la clase media viene de negarse a deflactar los impuestos a la inflación. El Gobierno se ha lucrado con la inflación empobreciendo a los ciudadanos, con un impacto mayor en las rentas más bajas, que sufren más la subida de precios.

Entre 2018 y 2024 el Gobierno de Sánchez ha llevado a cabo al menos 69 aumentos de impuestos, además creando nuevos impuestos indirectos que recaen sobre el consumidor medio.

Considerando todos los impuestos directos e indirectos de una renta media, el contribuyente medio paga más del 50% de lo que gana a Hacienda.

Usted se creerá que esto sostiene el Estado de bienestar, pero no es cierto. El Gobierno ha disparado los impuestos y la recaudación y encima ha aumentado la deuda total (pasivos totales de las administraciones públicas) en 365.000 millones desde 2018, hasta superar la cifra de dos billones de euros según el Banco de España. Es decir, al triplicar la deuda de la Seguridad Social, disparar el gasto clientelar y la deuda total, el gobierno ha hecho insostenibles las cuentas públicas, pone en peligro el Estado de bienestar y encima te dice que eres un insolidario cuando trabajas más de la mitad del año para pagar impuestos.

El Gobierno de Sánchez ha empobrecido a los españoles, les ha expoliado a impuestos y encima deja una deuda pública insostenible. No es el Estado de bienestar, es el bienestar de políticos extractivos y confiscatorios.