Sólo dos meses y medio después de dejar la Casa Rosada, la ex presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández viuda de Kirchner, ha sido citada, este viernes, a declarar como imputada por el supuesto delito de "defraudación a la administración pública".
El juez federal Claudio Bonadio la ha convocado para el 13 de abril, a las diez de la mañana, en su juzgado para que se defienda de la acusación en su contra, cuando se cumplen cuatro meses de haber dejado la presidencia.
También han sido citados su ministro de Hacienda, Axel Kicillof, para el 12 de abril; el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, el 7 de abril; el ex vicepresidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce, el 6 de abril, y otros diez ex funcionarios.
La maniobra supuestamente delictiva que el juez les atribuye consistió en la venta del Banco Central de dólares a futuro. En total habrían comprometido unos 17.000 millones de dólares para aliviar, en ese momento, la caída de reservas. Según escribió el juez en su auto, de acuerdo "con los testimonios" recogidos en la pesquisa el Banco Central "ha tenido un quebranto de 7.575.601.698,2 pesos", unos 460 millones de euros.
El magistrado destacó que entre "el 87% y el 100% de la expansión monetaria" entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 "se destinó al pago de los quebrantos de las operaciones de dólar futuro concertadas por el Banco Central".
Bonadio es un reconocido enemigo político de los Kirchner. En 2013 se abocó a investigar la sociedad hotelera HOTESUR, de la familia que ocupó la Casa Rosada desde 20013 hasta diciembre pasado. Pero resultó apartado de esa causa por un tribunal superior después de que ordenara allanar, a principios de 2015, los hoteles en la Patagonia de los Kirchner y las oficinas de Máximo, el primogénito de Cristina Fernández, hoy diputado.
La denuncia que abrió la causa para investigar las operaciones con la venta del dólar futuro fue radicada el año pasado por el frente Cambiemos, que lidera el presidente argentino Mauricio Macri. Esas operaciones treparon hasta un máximo histórico de 1,2 millones de contratos ó 1.200 millones de dólares durante la semana previa a las elecciones, realizadas en octubre pasado.
Alfonso Prat Gay, entonces diputado opositor y ahora ministro argentino de Hacienda, denunció en aquel momento que el Banco Central "está vendiendo a 10 pesos lo que podría vender a 15 pesos".
"Están entregando dólares ilimitados a grandes especuladores, a grandes empresas, a bancos a un precio más barato que el que paga la gente", acusó. Para el ahora jefe de la cartera económica la maniobra alcanzó "casi 15.000 millones de dólares en el futuro" y evaluó que "tiene una implicación patrimonial muy grave para el Banco Central".
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