El presidente estadounidense, Donald Trump, este sábado. Reuters
Columbia claudica ante Trump: la universidad endurece su seguridad para recuperar 400 millones de financiación
El presidente congeló los fondos federales hasta que la institución no aplicase un mayor control policial en el campus y la supervisión gubernamental de los contenidos académicos del departamento de Estudios de Oriente Próximo
Más información: EEUU detiene a otra estudiante de la Universidad de Columbia que participó en las protestas contra la guerra en Gaza
La Universidad de Columbia, núcleo de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, ha cedido finalmente ante las exigencias de la administración Trump para no perder 400 millones de dólares de financiación federal.
La Casa Blanca había amenazado con retirar estos fondos si la institución no accedía a una serie de concesiones que permitirán reprimir futuras manifestaciones de estudiantes, reformar el proceso de admisión de alumnos y crear la figura de un supervisor en los grados del departamento de Estudios de Oriente Medio.
La cesión ante el chantaje de Trump da una victoria al presidente en su batalla contra las universidades, algo a lo que también se enfrentan otras instituciones de prestigio como Harvard, Stanford o la universidad de Michigan, vinculadas con la izquierda, el antisemitismo o el Partido Demócrata a ojos de los republicanos.
El dinero federal permite a las universidades desarrollar sus proyectos de investigación, una carta que Trump utiliza a su favor para amenazar con romper la "relación financiera" entre el Gobierno y las instituciones; cada vez más temerosas de pronunciarse sobre asuntos polémicos o de mantener programas relacionados con la diversidad o con todo aquello que la nueva administración pueda considerar woke o antisemita.
La pérdida de estos fondos hubieran implicado una serie de recortes muy nocivos para la investigación médica y científica en Columbia, por lo que se han plegado incluso a las exigencias más polémicas.
Una de las más sonadas es la creación de la figura de un vicerrector que podrá vetar o modificar los "contenidos académicos" de los grados del Departamento de Oriente Próximo, África y Asia; así como los estudios dependientes del Centro de Estudios Palestinos y el Instituto de Israel y los Estudios Judíos.
Columbia también ha accedido a reformar su proceso de admisión de alumnos y contratación de profesores y una mayor dureza contra los "grupos discriminatorios", con especial énfasis en aquellos que profesen discursos que puedan considerarse antisemitas.
Además, la universidad ha aceptado prohibir el uso de mascarillas en el campus (una práctica habitual de los manifestantes para evitar ser identificados), obligar a identificarse a todo aquel que participe en las protestas; o la creación de un "cuerpo de seguridad" de 36 agentes de policía que contarán con la potestad para detener o expulsar estudiantes.
La justificación gubernamental para explicar estas exigencias se basa en un intento por garantizar la "neutralidad" y la "excelencia académica" en Columbia, mientras la universidad trata de calmar los ánimos y no vender este hecho como una cesión ante Trump.
La rectora interina, Katrina Armstrong, ha compartido una carta con la comunidad educativa para explicar la postura de Columbia.
En la misiva trata de quitar hierro al asunto asegurando que las medidas tienen por objetivo "garantizar que cada estudiante, profesor y miembros del personal se sientan seguros y bienvenidos", o que "los valores éticos y la independencia académica no se verán comprometidos" a pesar de la cesión ante las autoridades federales.
La rectora incluso parece mostrarse en sintonía con las acusaciones de la administración Trump al reconocer que "los dos últimos años han puesto de manifiesto verdaderas grietas en nuestras estructuras" y han "creado problemas que se han de abordar", añadiendo que el "antisemitismo y la discriminación son inaceptables".
Otras universidades
El caso de Columbia ha sido el más sonado y es la primera universidad que sufre la presión de la nueva administración republicana, pero hay otras universidades que observan con preocupación este desenlace.
Cualquier universidad que desafíe las órdenes del presidente en cuestiones relacionadas con el activismo propalestino, los derechos de participación de las mujeres transgénero en competiciones deportivas o cualquier programa relacionado con las políticas de la diversidad podría estar en el punto de mira.
En relación a las protestas contra los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, hay decenas de universidades que están siendo investigadas para determinar si fueron complacientes con las marchas.
Además, esta misma semana la administración Trump también amenazó a la Universidad de Pensilvania con retirarle 175 millones de dólares de financiación por haber permitido que una mujer transexual participase en una competición de natación femenina.
Detención de estudiantes
La capitulación de Columbia ante las presiones de Trump son el desenlace de meses de presiones.
En las últimas semanas, algunos estudiantes y profesores de Columbia fueron detenidos por la policía por su presunta vinculación con la organización de las protestas estudiantiles que surgieron para protestar contra la situación en Gaza.
La detención del estudiante Mahmoud Khalil y las amenazas de la administración Trump contra la entidad educativa provocó una oleada de manifestaciones ante lo que consideraban una amenaza para la libertad de expresión.
Trump tildó a Khalil de estudiante "radical" y "pro-Hamás". Y advirtió de que su detención era la "primera de muchas" ya que consideraba que en muchas universidades del país se habían producido "actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses" ante la pasividad de los centros educativos.
Un juez logró frenar la deportación de Khalil, casado con una ciudadana estadounidense tras finalizar sus estudios y con residencia legal para residir en Estados Unidos.
No obstante, unos días después, otra estudiante identificada como Leqaa Kordia, nacida en Cisjordania, fue detenida tras ser vinculada con las protestas.
Y una tercera estudiante de origen indio, Ranjani Srinivasan, optó por la "autodeportación" tras ver cómo le habían revocado el permiso de residencia en EEUU por haber "incitado al terrorismo y a la violencia" por protestar contra el gobierno de Benjamin Netanyahu el pasado año.
