El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un segundo veto migratorio este lunes para sustituir al implementado una semana después de su investidura y que terminaría bloqueado en los tribunales.

La nueva orden ejecutiva, relativamente más laxa, cierra las puertas durante 90 días a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. En esta ocasión, Irak queda fuera del veto, que entrará en vigor el próximo día 16.

Las restricciones tampoco afectarán a quien ya tenga visado ni a los residentes permanentes de EEUU o a ciudadanos de los países en la lista negra que viajen con un segundo pasaporte autorizado.

Asimismo, aunque se vuelve a suspender temporalmente la acogida de refugiados, los solicitantes sirios no estarán vetados de manera indefinida como en un primer momento.

El Pentágono convenció a Trump para que sacara a Irak de la lista negra, asegura Bloomberg. No hacerlo podría perjudicar la cooperación entre Washington y Bagdad en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico y dejar en la estacada a iraquíes que arriesgaron su vida para asistir a EEUU.

Asimismo, un documento explicativo del Departamento de Seguridad Nacional cita un acuerdo alcanzo el mes pasado con las autoridades iraquíes para "incrementar la cooperación con el Gobierno de EEUU para examinar a los ciudadanos que soliciten visados".

"Irak es un importante aliado en la lucha para derrotar al EI y sus valientes soldados luchan en estrecha coordinación con los hombres y mujeres de uniforme de Estados Unidos", ha señalado el secretario de Estado, Rex Tillerson.

La decisión de sacar a Irak de la lista negra se produce después de que el Gobierno de Bagdad presionara a la Administración estadounidense, informa CNN. De hecho, cuando Trump firmó la orden original el Parlamento de Bagdad llamó a tratar a los estadounidenses con reciprocidad.

Estaba previsto que la Casa Blanca presentara el nuevo veto migratorio el pasado miércoles, pero la Administración cambió de planes en medio de una ola de críticas positivas a Trump por su primer discurso al Congreso.

“En los próximos días tendremos una orden ejecutiva revisada”, anunció entonces el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, en el programa CBS This Morning. “Le están dando los retoques finales”.

Apenas días después de jurar en el cargo, Trump rubricó una orden ejecutiva para “proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros”. El decreto cerraba las puertas de EEUU a siete países de mayoría musulmana durante tres meses -Irak inclusive-, suspendía la acogida de refugiados por 120 días, vetaba indefinidamente a los solicitantes de asilo sirios y prometía trato prioritario a los refugiados de religiones minoritarias en su lugar de origen (en una entrevista el mandatario puso el ejemplo de los cristianos en Siria).

La orden ejecutiva desató el caos en Estados Unidos y el mundo. Se produjeron cientos de detenciones en los aeropuertos del país y muchos viajeros ni siquiera pudieron subirse al avión. También desencadenó un aluvión de críticas y una cruenta batalla legal con múltiples frentes de la que la Administración Trump saldría derrotada.

El nuevo veto ha sido elaborado de manera que pueda resistir mejor una nueva ofensiva legal.

Muchos críticos calificaron la primera medida de “veto contra los musulmanes”. “Es antiestadounidense, es anticonstitucional, ha impactado mi derecho a existir en este país”, aseguraba a EL ESPAÑOL Rashida Tlaib, una estadounidense musulmana que encabezaba una gran demanda contra la Administración, cuando la orden se encontraba aún en vigor.

Las encuestas sugerían, sin embargo, que los estadounidenses favorecían en silencio las restricciones impuestas por el presidente republicano.

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