La justicia europea ordena a Polonia parar la prejubilación de jueces críticos

La inquietud en la UE por la deriva autoritaria de Polonia sigue en niveles máximos. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) ha ordenado al Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia que paralice las prejubilaciones forzosas de los jueces críticos del Tribunal Supremo y restituya a aquellos magistrados que ya han sido despedidos. Unas medidas que deben adoptarse de inmediato, sin esperar a una sentencia firme sobre el caso, porque de lo contrario se provocaría un perjuicio "grave e irreparable", señala el auto hecho público este viernes de la vicepresidenta del TJUE, Rosario Silva de la Puerta.

El dictamen da la razón a la Comisión Europea, que fue la que denunció en Luxemburgo la ley polaca sobre el Tribunal Supremo y pidió medidas cautelares. La norma en cuestión rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, una medida que supone el retiro forzoso de 27 de los 72 magistrados de dicho Tribunal, entre ellos su presidenta, Malgorzata Gersdorf, pese a que su mandato legal no concluye hasta 2020.

El Ejecutivo comunitario cree que el objetivo último de esta ley es hacer una purga de jueces incómodos y someter a la judicatura al control político. Una maniobra que supone un "riesgo sistémico" para la supervivencia del Estado de Derecho en Polonia. De hecho, Bruselas ya ha pulsado el denominado 'botón nuclear', el artículo 7 del Tratado, que podría acabar con la suspensión del derecho de voto de Varsovia en la UE. Varios Estados miembros -entre ellos Holanda, Irlanda y España- aplican ya controles extra a las euroórdenes emitidas por Varsovia por las dudas sobre la independencia judicial.

En su auto de este viernes, el Tribunal de Justicia acepta todas las peticiones de Bruselas. La vicepresidenta considera que "se cumple el requisito relativo a la urgencia" exigido para adoptar medidas cautelares. Las disposiciones controvertidas ya han comenzado a aplicarse, entrañando la jubilación de un número importante de jueces del Supremo, entre ellos la presidenta y dos presidentes de sala. Además, se ha incremetado de 93 a 120 el número de jueces del Tribunal, se ha nombrado al menos a 25 magistrados nuevos y se han publicado más de 44 puestos vacantes.

Menoscaba el derecho a un juez independiente

Todo ello supone "una recomposición profunda e inmediata del Tribunal Supremo". Si las prejubilaciones no se paralizan de forma urgente y al final del proceso la justicia europea falla contra la reforma judicia polaca, el resultado sería que todas las decisiones del Tribunal Supremo hasta la sentencia final se habrían adoptado sin respetar el derecho a un juez independiente. Algo especialmente grave en un órgano de última instancia como es el Tribunal Supremo, alega el auto.

Por otro lado, la vicepresidenta del TJUE considera que la paralización provisional "no afecta gravemente a la finalidad de las disposciones nacionales en cuestión". Si la sentencia final da la razón a Polonia, su único efecto habría sido posponerlas. En cambio, si la denuncia de Bruselas resulta estimada, la aplicación inmediata de las prejubilaciones "podría menoscabar de manera irremediable el derecho fundamental a un juez independiente".

Pulso entre la Europa del Este y del Oeste

Hasta ahora, los Gobiernos de la UE han convocado a Polonia a tres audiencias, la última esta misma semana, para abordar la reforma judicial. En todas ellas, el Gobierno de Varsovia se mostró inflexible y se negó a proponer medidas para resolver los problemas detectados por Bruselas.

Pero tampoco hay votos suficientes para avanzar en las sanciones. El conflicto ha revelado una nueva brecha entre la Europa del Este y la del Oeste. Alemania, Francia, España, Portugal, Holanda o Luxemburgo piden mano dura contra Polonia. Pero ley y  Justicia cuenta en Bruselas con el apoyo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, contra el que la Eurocámara también ha activado el artículo 7 por su deriva autoritaria. También hay dudas en Bruselas sobre la evolución en Rumanía. La suspensión del voto de un Estado miembro debe adoptarse por unanimidad.