La UE se prepara para un 'brexit' sin acuerdo por el caos en la política británica

"Una cosa está clara: que hay un problema con la ratificación del Acuerdo de Retirada en la Cámara de los Comunes y que el tiempo se acaba. Eso significa por supuesto que la probabilidad de un escenario de no acuerdo (en el brexit) no está disminuyendo sino que aumenta. Por eso es una obligación para la UE intensificarlos preparativos para cualquier resultado de este proceso, incluyendo el escenario del no acuerdo", admite un alto funcionario de la UE.

En su carta de invitación para la cumbre que empieza este jueves en Bruselas, la última del año, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, avisa de "la gravedad de la situación en Reino Unido" y por eso ha incluido en la agenda del encuentro un debate sobre "el estado de los preparativos para un escenario de no acuerdo". El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, explicará a los líderes las medidas de contingencia que se pondrán en marcha si al final se produce una ruptura brutal y Londres abandona la UE sin acuerdo de divorcio el 29 de marzo de 2019. Apenas quedan 107 días para que acabe la cuenta atrás.

De momento, los líderes europeos respiran aliviados ante la victoria de Theresa May frente a la moción de no confianza que le ha planteado el ala euroescéptica radical de su propio partido. "La Comisión no comenta la política interna británica y menos la del partido conservador, pero el presidente Juncker ha expresado muchas veces su apoyo a May y a su gestión de un proceso muy difícil", ha resaltado un portavoz del Ejecutivo comunitario. En Bruselas tienen claro que cualquier alternativa -como el ex ministro de Exteriores, Boris Johnson; o los ex negociadores del brexit, David Davis y Dominic Raab- sería mucho peor.

Pero los dirigentes de la UE tampoco se hacen ilusiones de que May -aunque haya sobrevivido al golpe de Estado de los suyos y tenga ahora más capital político- sea capaz de lograr que la Cámara de los Comunes ratifique a tiempo los papeles del divorcio, las 585 páginas del Tratado de Retirada. "Por parte británica hay una crisis política importante que pone en cuestión el liderazgo del Gobierno británico y del propio partido conservador", lamenta un diplomático europeo. El problema es que en el Parlamento británico "no hay mayoría para ningún modelo" de brexit, lo que dificulta encontrar soluciones.

En el Consejo Europeo de este jueves, los líderes de los 27 esperan que May les explique qué garantías adicionales pide exactamente para el problema de la frontera en Irlanda del Norte, la cuestión que más preocupa a los diputados británicos. En sus conversaciones previas con Tusk, Juncker, la canciller Angela Merkel y el primer ministro holandés, Mark Rutte, la primera ministra británica no ha sido totalmente clara. "Una cosa es que hables con May y otra que sepas lo que quiere", se quejan las fuentes consultadas.

Sin margen para renegociar

Una vez que hayan escuchado a May, los 27 debatirán entre ellos (sin la primera ministra británica en la sala) qué pueden hacer para ayudarla. Su línea roja está muy clara y llevan repitiéndola desde hace semanas: no hay ningún margen para renegociar el acuerdo del brexit, lo único que le pueden ofrecer son retoques cosméticos. Por ejemplo, una declaración política sobre la cuestión de Irlanda del Norte. Pero las garantías extra "no pueden contradecir" el acuerdo que se aprobó el 25 de noviembre.

El escollo con el que ha chocado May en el Parlamento británico es la solución de último recurso prevista en el Tratado de Retirada para garantizar que en ningún caso se erigirá una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte. Una solución que consiste en que todo Reino Unido se quede indefinidamente en una unión aduanera con la UE hasta que se encuentre una alternativa mejor, algo que indigna a los euroescépticos radicales que quieren una ruptura total con Bruselas.

La primera ministra británica reclama a Bruselas garantías jurídicamente vinculantes de que si al final se activa esta solución, tendrá un carácter temporal. Sus socios están dispuestos a comprometerse por escrito a hacer todo lo posible para firmar un ambicioso acuerdo comercial antes de 2020, que haga innecesaria la póliza de seguros para Irlanda del Norte. "Entre la clase política británica hay una sospecha de que esta solución es una prisión en la que la UE quiere meter a Reino Unido. Eso no es verdad y no ha sido nunca nuestra intención", se queja el alto funcionario de la UE.

Lo que los líderes europeos nunca aceptarán es afirmar que esta red de seguridad es temporal, o que Londres podría abandonar unilateralmente la unión aduanera, como parece exigir May. En tanto que solución de último recurso, debe estar disponible en todos los escenarios y en todo momento, sostienen en Bruselas. Esta garantía vaciaría de contenido el Tratado de Retirada, por lo que no se va a conceder.

Dada la situación de caos e incertidumbre en Reino Unido, los 27 ni siquiera han redactado un borrador de declaración explicativa para la cumbre de este jueves. Primero quieren escuchar a May y ver si es posible ayudarle. Las garantías, si al final se materializan, serían equivalentes al apaño sin valor jurídico que se ofreció a España por Gibraltar. Un protocolo o una declaración jurídicamente vinculante costaría meses de preparar y no hay tiempo: la primera ministra británica quiere que el acuerdo del brexit se vote en la Cámara de los Comunes antes del 21 de enero.

Más inspectores de aduanas

El carácter imprevisible de la política británica ha hecho que los países de la UE, en particular los vecinos de Reino Unido, aceleren los preparativos para un brexit caótico. ¿Cuáles serían las consecuencias concretas de este escenario? Las explicó el negociador comunitario, Michel Barnier: Incertidumbre extrema sobre los derechos de los europeos que viven en territorio británico y los británicos que residen en el continente. Problemas de suministro en Reino Unido. Colas interminables de camiones en el puerto de Dover por la reintroducción de controles aduaneros. Graves perturbaciones del tráfico aéreo con origen o destino a Londres. Suspensión de la distribución de material nuclear a Reino Unido.

El ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, ha anunciado que su Gobierno acelerará la contratación de funcionaros de aduana, inspectores de seguridad alimentaria y veterinarios para puertos y aeropuertos. Alrededor de 3.000 personas ya se han postulado. Holanda ya ha fichado a 500 inspectores de aduanas extra y pretende llegar a 750 la próxima primavera. Si finalmente se confirma un brexit desordenado, calcula que necesitaría a otros 200.

Francia prevé contar con 700 funcionarios de aduanas adicionales para los puertos del Canal de la Mancha. La Asamblea Nacional francesa ha aprobado esta semana una ley que da poderes al Gobierno para adoptar medidas de contingencia en tres ámbitos: la protección de los intereses de los franceses residentes en Reino Unido, los derechos de los británicos que viven en Francia y la continuidad del transporte de personas y mercancías a través del túnel del Canal de La Mancha. También Bélgica intensifica la búsqueda de funcionarios de aduanas.

Un brexit sin acuerdo tendría una gran incidencia en la facilidad de viajar entre la UE y Reino Unido. El derecho comunitario dejará de ser de aplicación en el Reino Unido el 29 de marzo de 2019 a medianoche, por lo que serán necesarios determinados controles de entrada y salida en las fronteras exteriores de la UE. Las mercancías que entren en la UE desde el Reino Unido (en particular, las de origen animal) podrán también ser sometidas a controles aduaneros y a otras comprobaciones, controles y restricciones relacionadas. Algunos permisos y certificados, por ejemplo, los permisos de conducción o los pasaportes de los animales de compañía, podrían además dejar de ser válidos.

Bruselas ha propuesto un paquete de medidas de contingencia que se aplicarían a escala de la UE para tratar de paliar el impacto negativo de un brexit caótico y proteger los intereses vitales europeos. Estas medidas cubrirían las cuestiones de residencia y visado, los servicios financieros, el transporte aéreo, las aduanas, las normas sanitarias y fitosanitarias, la transferencia de datos de carácter personal, y la política en materia de clima.