¿Cumplirá Sánchez el trato con Feijóo? ¿Cuál será su límite en Telefónica?

Nada se esperaba del encuentro del viernes entre Sánchez y Feijóo al que el líder del PP llegaba arrastrando los pies el Día de la Lotería. Y, sin embargo, como si el cínife de la sabiduría se hubiera colado por una rendija del Congreso para inocular a la vez a los dos acérrimos adversarios, al final de la mañana quedaba una buena pedrea en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

No sólo habían pactado poner al fin en marcha la reforma acotada de la Constitución para restituir la dignidad nominativa a las personas discapacitadas, sino que habían alcanzado un principio de acuerdo para desbloquear la renovación del CGPJ mediante una fórmula muy conveniente para España.

Sánchez y Feijóo pactan con Europa como garantía. Javier Muñoz

El mérito de la iniciativa hay que atribuírselo a Feijóo. Pero los reflejos políticos fueron de Sánchez, al aceptar sobre la marcha un proceso bajo supervisión de la UE que inevitablemente desembocará en una reforma de la ley del CGPJ para que sean los jueces quienes elijan al menos a la mitad de los vocales. Algo que el PSOE -promotor de la politización vigente desde 1985- sigue negándose a aceptar.

El pacto consistiría en suma en que el PP perdería su actual hegemonía en el órgano de gobierno de lo jueces para dar paso a un equilibrio incierto de sesgo progresista, a cambio de la garantía de que el PSOE no podría controlarlo ni a medio ni a largo plazo. Y la pregunta que lógicamente queda en el aire es la de si Sánchez cumplirá esa segunda parte del trato.

Es obvio que, tras lo ocurrido con la amnistía y los pactos con Bildu, el valor de su palabra cotiza muy a la baja. Pero este asunto nos remite a un interrogante más amplio: ¿con qué modales pretende gobernar Sánchez durante el tiempo que pueda hacerlo, a sabiendas de que va a estar bajo la vigilancia de Bruselas?

O para ser más específicos: ¿intentará Sánchez seguir ampliando sus mecanismos de control y dominio sobre las áreas clave de la sociedad para perpetuarse en el poder o admitirá que el resultado de las urnas tan sólo le permite gestionar una situación precaria cuyo final siempre va a depender de otro?

La primera respuesta la tendremos próximamente, cuando se decante el significado de una preposición que desde el martes tiene en vilo al mundo político, empresarial y mediático.

***

Me refiero a la incógnita incrustada en el anuncio del Consejo de Ministros de que el Ministerio de Hacienda había "ordenado" a su brazo inversor -la SEPI- adquirir "hasta un 10%" de las acciones de Telefónica. ¿Qué quiere decir ese "hasta"?

Un estremecimiento recorrió la espina dorsal del sistema. De repente el Poder Ejecutivo se había manifestado con toda su capacidad de obrar. No al adoptar decisiones políticas todo lo polémicas o repudiables que se quiera, pero sin repercusión directa en la vida cotidiana, sino en algo tan contante y sonante como la vuelta del Estado a la propiedad de nuestra empresa más emblemática.

A punto de cumplir cien años, con más de un millón doscientos mil accionistas, con más de veinticinco millones de hogares conectados mediante su fibra, con más de cincuenta millones de clientes, Telefónica está todos los días presente en nuestras vidas.

Es además una empresa estratégica para la Defensa y Seguridad Nacional en el sentido más integral del concepto. ¡Qué habría sido de nosotros durante el confinamiento sin Telefónica!

"Si los saudíes han podido entrar por la ventana de Telefónica a buen precio es por la política de los gobiernos españoles durante las últimas décadas "

Y es también la depositaria de nuestros datos personales o al menos la principal carretera por la que circulan cuando consumimos o nos relacionamos con los demás. No en vano ha sido su presidente Álvarez-Pallete quien mayor pedagogía ha hecho sobre nuestros derechos como propietarios de esa información que compendia nuestras vidas.

Pues bien, pronto habrá un procónsul de Sánchez en el Consejo de Telefónica hacia el que se dirigirán todas las miradas. Porque no sólo representará al accionista, sino también al regulador del que depende el marco de actuación de la compañía.

Sánchez tenía un motivo -o tal vez un pretexto- para hacer este movimiento, revirtiendo parcialmente el proceso de privatización impulsado hace un cuarto de siglo por Aznar. Había que cerrar el paso a que los saudíes de STC -esa desagradable visita que no tocó el timbre- se encaramaran por encima de los demás accionistas. De momento tienen un 4,9% y un 5% más en derivados convertibles en acciones.

Lo paradójico es que si los saudíes habían podido entrar por la ventana y a muy buen precio es porque durante las últimas décadas la política de los gobiernos españoles y la Comisión Europea había favorecido la competencia en el mercado de las telecos en detrimento de los operadores dominantes. De ahí que la cotización bursátil de Telefónica esté muy por debajo de su valor real y no digamos del potencial que implica el plan estratégico de Pallete.

Había que parar a los saudíes, pero el Gobierno dispone de otros resortes para hacerlo. El principal, la capacidad de veto del Ministerio de Defensa para que la inversión de STC no pase del 4,9%.

Cuando la SEPI comunicó al mercado que barajaba entrar en Telefónica, siempre se dio por hecho que se trataba de un movimiento disuasorio para que los saudíes desistieran de traspasar ese umbral. Y que en el caso de que lo hicieran, el gobierno restringiría sus derechos políticos de forma que la inversión pública para contrarrestarles nunca tendría que pasar del 5%. ¿Ha cambiado esa hoja de ruta?

***

Desde el encuentro de hace un par de semanas, que reforzó una vez más la sintonía entre Sánchez y Fainé, y hasta la propia mañana del martes, los principales actores apostaban por la llamada "solución 4X5". Es decir, por la creación de un núcleo duro con cuatro accionistas en una posición similar: la SEPI, los saudíes, el BBVA con su 4,87% y la suma de Criteria y CaixaBank rozando el 6%.

Lo inesperado del acto de poder del Gobierno "ordenando" adquirir "hasta el 10%" es que abre el camino a que sean dos Estados los que casi dupliquen la suma de los dos principales accionistas privados.

Si se permite a los saudíes adquirir el pleno dominio del 9,9%, es obvio que la SEPI cumplirá la orden recibida de forma que el "hasta" coincidirá con el tope máximo marcado. En ese escenario tendríamos al Estado saudí con todas sus contraindicaciones conocidas y al Estado español, de vuelta al intervencionismo del pasado, ejerciendo en comandita el control de la compañía.

Lo inquietante no sería el uso del dinero público en un país tan endeudado, como anteayer le planteó Feijóo a Sánchez. La inversión será rentable a nada que se proporcione estabilidad al proyecto que lidera Pallete.

"Álvarez-Pallete es el primer presidente de Telefónica elegido por méritos profesionales y no por afinidad política"

Mucho peor sería la creación de un precedente, teniendo en cuenta que entre los socios de Sánchez ya se habla de "nacionalizaciones" con timbre bolivariano. Parece como si aquel "to p'al pueblo" que una vez esgrimió Alfonso Guerra regurgitara a pleno gas entre la izquierda española.

La lógica indica que tanto si se queda en ese mal menor del 5% como si llegara al 10%, Sánchez ejercerá su nueva palanca de poder empresarial de manera racional, reforzando los planes de quien en definitiva es el primer presidente de Telefónica elegido por méritos profesionales y no por afinidad política.

[Editorial: Vuelta al pasado en Telefónica: ¿será el remedio peor que la enfermedad?]

Pero el mero hecho de que, con este movimiento, el presidente vea reforzado su margen para actuar discrecionalmente ya es en sí mismo un mensaje. Porque en definitiva el poder político levanta otra espada de Damocles sobre el conjunto de la sociedad civil.

Y es esta advertencia la que impacta y amedrenta. Entre las habilidades políticas de Sánchez está su conocimiento de la psicología colectiva. De ahí que acaricie la tentación de compensar su precariedad parlamentaria con una dinámica que genere esos procesos de servidumbre voluntaria a los que tan predispuesta está una sociedad con escasa tradición democrática.

***

Este contexto es el que obliga a seguir muy de cerca el desarrollo del inesperado pacto del Día de la Lotería sobre el Poder Judicial. Porque el Consejo es el último bastión que hoy por hoy resiste la ofensiva contra la instrumentalización de la Justicia al servicio de los pactos de investidura.

Su control por el Gobierno tendría además un efecto encadenado en las docenas de nombramientos pendientes en los altos tribunales. Muchos jueces aun celosos de su independencia tirarían la toalla, al caer en la cuenta de que sólo esa servidumbre voluntaria podría dar impulso a sus carreras.

Pero en el principio de acuerdo hay una garantía clave introducida por el PP -la supervisión europea- que permite augurar un mucho mejor desenlace.

Es curioso que ese acierto de Feijóo esté deparándole la burla coincidente del Gobierno y Vox con sus correspondientes altavoces mediáticos. Unos y otros equiparan con interés frívolo y alocado el papel que presumiblemente asumirá el comisario Reynders con el de los verificadores internacionales de las negociaciones con Junts y Esquerra. Según ese disparatado razonamiento, el líder del PP habría caído en la trampa de legitimar los conciliábulos de Suiza.

Todo lo contrario. Al "sumar a la negociación a la Comisión Europea a efectos de que pueda supervisar y acreditar que la renovación del CGPJ se acomete de forma simultánea a la reforma del método de elección", Feijóo está reconociendo la autoridad de una institución a la que hemos transferido parte de nuestra soberanía. Una institución que tiene la obligación legal de velar por la calidad de nuestra democracia. Una institución que emana de un proceso democrático del que formamos parte. Una institución que, de acuerdo con su mandato, ya venía instándonos a renovar el CGPJ y reformar "inmediatamente" el modelo de elección.

"Nos hemos encontrado con un inesperado mensaje navideño con 100 años de vigor: cada vez que España sea el problema Europa será la solución"

Nada de esto puede decirse ni de la fundación Henri Dunant, ni del embajador salvadoreño, ni de ningún otro "verificador" elegido a dedo por oscuros lobbies. La equiparación puede servir para la dialéctica de brocha gorda, pero ofende a la inteligencia.

Los escépticos de todo signo pronostican que Sánchez "trincará" la renovación del CGPJ y luego "meterá en un cajón" el cambio de modelo, haya firmado lo que haya firmado. Olvidan, respecto a lo primero, que la renovación va a tener lugar partiendo de la actual correlación de fuerzas en el Parlamento. Como es casi paritaria, sólo la despolitización de los perfiles de los candidatos a vocales y en especial del nuevo presidente que lo será también del Supremo, permitirá el acuerdo.

Y en lo referente a la "inmediata" reforma es obvio que su contenido tendrá que pactarse en paralelo y que en este asunto el "supervisor" va a estar atado por su reiteradísima doctrina de que los jueces elijan a los jueces. Esos son los "estándares europeos", coincidentes por cierto con la literalidad de nuestra Constitución, adulterada desde hace casi 40 años.

[El mensaje de Reynders a España: "Urge renovar el CGPJ e inmediatamente después cambiar la ley"]

Por muy numantina que parezca su posición de partida, al final Sánchez tendrá que pasar por ese aro. ¿Si usted ha cambiado de opinión sobre el delito de convocar referendos ilegales, sobre la sedición, sobre la malversación y ahora sobre la amnistía, por qué no puede cambiar de opinión sobre el modelo de elección del CGPJ?, le dirán en Bruselas. ¿O es que en eso es en lo único en que no puede hacer usted "de la necesidad virtud"?

A mayor abundamiento, cabe añadir que, cuando fue elegido por primera vez líder del PSOE, Sánchez se mostraba dispuesto a promover ese cambio. O al menos así lo manifestó en una cafetería de las inmediaciones de Ferraz a dos periodistas llamados María Peral y Pedro J. Ramírez, en presencia de una magistrada del Supremo llamada Margarita Robles.

Engañar a Puigdemont, Aragonès, Otegi, Ortuzar o, por supuesto, a Feijóo es una cosa. Engañar a la Comisión Europea sería otra muy diferente. Si es uno de los pocos pecados políticos que hasta ahora no ha cometido Sánchez, menos lo hará cuando hayan entrado en vigor las nuevas reglas fiscales, se hayan acabado los fondos europeos y esté probablemente sometido a un procedimiento por déficit excesivo.

Miren por donde, nos hemos encontrado así con un inesperado mensaje de Felices Pascuas con más de cien años de vigor: cada vez que España sea el problema, Europa será la solución.