No diré que mereció la pena esperar cinco años, pero un acuerdo entre políticos que obliga a pactar a los juristas, con un plazo de seis meses, dentro de los parámetros de la UE… Un acuerdo que aboca a esos políticos a asumir el resultado de ese segundo pacto mediante una inmediata reforma del sistema de elección de los miembros del Poder Judicial es algo digno de celebración.
Enhorabuena pues a Bolaños y González Pons, y sobre todo a Sánchez y Feijóo -que no quede por confeti- pues no sólo han desbloqueado la renovación de uno de nuestros órganos constitucionales clave, el Consejo del Poder Judicial, sino que han recuperado, al menos durante un rato, la virtuosa senda del consenso que caracterizó a la Transición.
Hay que reconocer que las dos partes han escenificado bien un relato ganador y el que haya margen para ello es el mejor síntoma de la equidad de lo pactado. Ni vencedores, ni vencidos.
Puigdemont, a galeras.
El PSOE se jacta de que Sánchez ha doblegado al PP mediante un ultimátum -que ya nunca sabremos cuánto tenía de farol- y ha desalojado de su trinchera al CGPJ conservador que zancadilleaba todas las iniciativas del Gobierno, pese a estar "caducado".
El PP, por su parte, alardea del acierto de Feijóo al remitir el envenenado problema a la mediación europea y sostiene que ha sido la amenaza de una contundente censura en el cercano informe de la UE sobre el Estado de derecho lo que ha arrancado el control de la Justicia de las garras del PSOE.
La realidad es que ninguno de los dos partidos ha conseguido imponer sus pretensiones y ambos quedan ahora al albur de un grupo de veinte juristas semidesconocidos y de poca trazabilidad política. La primera incógnita es a quién elegirán como presidente del Supremo, pero el que tengan que hacerlo por tres quintos descarta cualquier perfil polémico.
A corto plazo el PSOE no ha logrado la pretendida sustitución de un CGPJ de derechas por un CGPJ de izquierdas. La ampliación a 20 años de la antigüedad requerida para llegar al Supremo y sobre todo la extensión a todos los nombramientos relevantes del requisito de esa mayoría cualificada, dificulta muchísimo la prima del sesgo ideológico sobre la trayectoria profesional de los candidatos. Se trata de un avance importante hacia la despolitización.
A la vez hay que reconocer que, en el medio plazo, el PP tampoco ha obtenido garantías de que vaya a haber un cambio de modelo lo suficientemente rotundo como para conseguir que los jueces vuelvan a elegir a los doce jueces que les representan, según el sistema inicial impulsado por los constituyentes.
Todo apuntaría en esa dirección si nos ciñéramos a los dos requisitos de la Disposición Adicional pactada: a) "participación directa de los jueces que se determine" y b) concordancia con el "informe del Estado de derecho de la Comisión Europea", según "los mejores estándares europeos".
Pero es evidente que ambos baremos dejan margen a la interpretación. Y que la necesidad de llegar a una propuesta consensuada en seis meses a lo que en realidad empuja es a una fórmula intermedia entre ese ideal de "no injerencia política" que comparto y el sistema actual.
Es decir, a que la participación de los jueces se incremente de forma significativa, sin excluir el refrendo final del Parlamento. Algo que dejará insatisfechos a todos pero que no será inaceptable para nadie.
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Aunque Bolaños haya subrayado que en sentido estricto esa propuesta no sería "vinculante", el PSOE carecería de margen político para no apoyarla. Es obvio que toda la arquitectura del acuerdo está encaminada al cambio del sistema de elección de los vocales. Si Sánchez abortara al final lo pactado por los juristas, para intentar controlar a la Justicia, se convertiría en un nuevo Orban a los ojos de la UE.
El énfasis de Bolaños tiene como objetivo tranquilizar a la izquierda, a la vista de la, para muchos inesperada, cohesión con que el PP ha respaldado la culminación del pacto por Feijóo.
Los medios gubernamentales se habían creído tanto sus propias fantasías sobre un líder del PP prisionero de Aznar, Ayuso y los predicadores extremistas, que tratan de camuflar su estupor ante el tupido cierre de filas, buscando contradicciones de poca monta en la fonoteca.
"El PP se ha desprendido del lastre que restaba eficacia a sus denuncias sobre el abuso de poder de Sánchez y su colonización de las instituciones"
Lo cierto es que Feijóo ha refutado buena parte de las insidias sobre la debilidad de su liderazgo y su mala estrategia de comunicación, con una exhibición de lo contrario. Venciendo resistencias internas mediante una preparación concienzuda, explicando con claridad a la opinión pública los puntos fuertes del acuerdo.
Lo más importante, desde una perspectiva amplia, es que el PP se ha desprendido del lastre que restaba eficacia a sus denuncias sobre el abuso de poder de Sánchez y su colonización de las instituciones. Ya nadie le podrá responder con el "y tú más" del bloqueo del CGPJ.
Al perder esta baza, el presidente queda, en cambio, en mucho peor posición a la hora de plantear sus medidas falsamente regeneracionistas contra lo que él llama la "máquina del fango". Y no digamos, si pretende insistir en presentar al PP como una de las "tres ultraderechas".
Este acuerdo y su previsible secuela en la renovación del Banco de España, RTVE y otras instituciones va a marcar, en suma, un punto de inflexión en la dinámica política de la legislatura, reforzando a Feijóo como alternativa y trasladando todo el foco a lo que ocurra en Cataluña, cuando en los próximos días la Sala Segunda del Supremo se pronuncie por partida triple sobre la amnistía.
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No hace falta tener información privilegiada para darse cuenta de que, a tenor de su trayectoria y jurisprudencia, lo más probable es que los magistrados liderados por Manuel Marchena establezcan que la Ley de Amnistía en su redacción final no es aplicable ni a la malversación de la sentencia del procés, ni al terrorismo que se investiga en el caso Tsunami. Al margen de que la acusación contra Puigdemont en esta segunda causa abierta contra él o en la trama rusa tenga o no base probatoria.
Mi previsión implicaría que en el transcurso de este mes nos encontraríamos con tres resoluciones coincidentes. La primera por parte del juez Llarena que mantendría la orden de busca y captura contra el líder de Junts. La segunda a cargo del pleno de la Sala que denegaría la amnistía a Junqueras y demás condenados por malversación. Y la tercera por cuenta de la juez Susana Polo que seguiría adelante con la instrucción de ‘Tsunami’ en lo que a los aforados se refiere.
Tan clara tiene la Sala su doctrina de que la desviación de dinero público en beneficio del "procés" fue una variante del lucro personal -y por lo tanto un delito no amnistiable- que ni siquiera se plantearía trasladar en este momento al TJUE cuestión prejudicial alguna.
"Si Puigdemont volviera a España a un hipotético debate de investidura, sería detenido de inmediato y enviado a prisión hasta ser juzgado"
Desde su perspectiva, coincidente con la de los fiscales desautorizados por García Ortiz, los hechos no caben en la ley aprobada por las Cortes y punto. No habría nada más que hablar. Todo seguiría igual, medidas cautelares incluidas.
Eso significaría que, si Puigdemont volviera a España a un hipotético debate de investidura o una posible nueva campaña electoral, tal y como de forma reiterada ha jurado por su fe, sería detenido de inmediato y presumiblemente enviado a prisión hasta ser juzgado. En pocos casos el riesgo de fuga podría ser invocado de forma tan consistente.
En cuestión de días, Puigdemont va a sufrir por tanto un duro baño de realidad. De repente se dará cuenta de que ha pagado el incómodo precio de hacer presidente a Sánchez a cambio de lo que a sus efectos resultará ser una "amnistía fake".
Y se dará cuenta también de que el Gobierno era plenamente conocedor de la posición de la Sala Segunda y no ha querido o no ha sabido redactar la ley de forma que los magistrados no tuvieran manera de soslayarla.
Es verdad que el PSOE le habrá dicho en sus últimas reuniones en Suiza que no se preocupe. Que para resolver este escollo es para lo que está el Tribunal Constitucional. Que no tiene más que presentar el correspondiente recurso de amparo para que Conde-Pumpido y los demás magistrados afines al Gobierno reviertan la decisión del Supremo en cuestión de pocos meses.
Incluso es posible que le hayan puesto de ejemplo las sentencias que el alto tribunal tiene ya en el horno, eliminando la malversación de los ERE:
Fíjese, Molt Honorable President. Estos magistrados están siendo capaces de entrar de nuevo en la valoración de la prueba que hicieron la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo. Y de eliminar la malversación, al amparo de la doctrina de que los actos políticos son discrecionales. Si lo van a hacer cuando se desviaron casi 700 millones y se beneficiaron muchos particulares, puede estar seguro de que harán lo mismo en su caso, tratándose de mucho menos dinero y sin que nadie se metiera dinero en el bolsillo.
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O poco conocemos a Puigdemont, o esta argumentación, en lugar de amortiguar la sensación de haber sido timado, debe estar acrecentándola. Porque, claro, el subtexto implica que su amnistía, en lo que se refiere a los plazos y quién sabe si a las propias medidas cautelares, vuelve a depender del Gobierno, pero tiene dos nuevas condiciones sobrevenidas.
La primera que se aquiete ante el cada día más avanzado pacto entre el PSC y Esquerra para la investidura de Illa. Es decir, que se olvide de reclamar la presidencia de la Generalitat como segunda fuerza electoral, en justa reciprocidad a como él abrió a Sánchez las puertas de la Moncloa.
Es hora de que Puigdemont se entere de que sigue siendo un prisionero, de que la llave de la cárcel continúa en el bolsillo del presidente y de que su libertad depende de cómo se porte. De momento, para que no se aburra durante el tiempo de espera que le queda, el PSC se ha prestado a dejarle votar desde Bélgica o Francia cuantas veces quiera, como líder de la oposición en el Parlament. O sea, en calidad de eso que dijo que no sería nunca.
"Sánchez podrá concurrir las urnas presumiendo de ser el único líder que ha sido capaz de engañar a Puigdemont en dos idiomas y cuatro países"
Y por si tuviera alguna duda del terreno que pisa, ya sabe que la segunda condición sobrevenida es que los siete diputados de Junts apoyen el próximo otoño los Presupuestos que permitirían a Sánchez seguir en la Moncloa hasta 2027. Porque es obvio que, si Junts dejara caer a Sánchez y le obligara a convocar nuevas elecciones generales, las prisas del Constitucional para tramitar su amparo decaerían por completo y el propio desenlace del cada día más desmitificado retorno quedaría completamente en el aire.
El timo ha consistido pues en que el precio de la amnistía no era la investidura sino la legislatura completa. Y encima sin referéndum ni nada que se le parezca, sin concierto económico ni nada que se le parezca y con Salvador Illa como probable nuevo Molt Honorable President y unos centenares de cuadros de Esquerra colocados en las instituciones.
El remate será que Sánchez podrá concurrir cuando mejor le convenga a las urnas con una nueva vitola electoralista: Vote por el único líder español que ha sido capaz de engañar a Puigdemont en dos idiomas y cuatro países.
En definitiva, "amarrado al duro banco/ de una galera turquesa/ ambas manos en el remo/ y ambos ojos en la tierra", el líder de Junts está en una ratonera sin salida. Y ni siquiera el haber servido de inspiración a Góngora aliviará su creciente sensación de estar haciendo el percebe.
¿Qué se acercan las naves del PP en las encuestas? ¡Aliados, a los remos! "En esto se descubrieron/de la Religión seis velas/ y el cómitre mandó usar/ al forzado de su fuerza". ¡A babor sobre la "máquina del fango"! ¡Boguemos sin parar hacia el Presupuesto!
Lo mejor de todo es que a Miriam Nogueras ni siquiera tendrán que traducirle al catalán las indicaciones con los dedos de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
