"Vendrán 12 años de Illa y 13 de Sánchez"

El propio Illa vivió su ensayo general con la amnistía. Y, claro, sobrevivió al rechazo porque el poder, e incluso su mera expectativa, amortigua siempre esas zozobras por la vía del pragmatismo.

Existe el riesgo, que ya anticipa el PP, de que el hábito haga al monje y que, a base de impulsar la financiación singular, la inmersión lingüística hasta en las actividades extraescolares y las selecciones catalanas, Illa y su equipo terminen siendo separatistas de facto. Es decir, que a los camellos termine creciéndoles la trompa como a los conformistas personajes del Rinoceronte de Ionesco les brotaba el cuerno en la frente.

Pero también hay que concederles la oportunidad de que sean ellos los que, a la hora de bajar a tierra las intolerables concesiones incluidas en el pacto con Esquerra, logren ir desactivándolas hasta hacerlas digeribles por el modelo constitucional. 

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Hoy por hoy no se atisba ese escenario. Especialmente en lo que se refiere al "concierto económico", pues el principio de que Cataluña recaudará "el cien por cien de los impuestos", abandonando el régimen común, y luego pactará su aportación a la solidaridad, es incompatible con el modelo autonómico. 

Sin embargo, Illa tiene un amplio margen para el incumplimiento, derivado de que no está en sus manos que el Congreso reforme la Ley de Financiación Autonómica y otras normas adyacentes. Según fuentes de su entorno, los propios dirigentes de Esquerra son conscientes de ello, lo tienen en cierto modo descontado y tampoco podrían hacer mucho para castigarle. Como en el caso de Sánchez, los números del Parlament no permiten formar una mayoría alternativa que rompa la legislatura con una moción de censura.

"Lo más importante de todo lo que está ocurriendo es el viraje estructural de Esquerra", me decía un miembro del Gobierno, implicado en las negociaciones con los republicanos catalanes. Según él, han optado por dar primacía a su condición de partido de izquierdas frente a su gen independentista. Eso es lo que desde Moncloa se espera que quede santificado con el triunfo de Junqueras en el congreso de noviembre.

"Si ERC se consolidase como un socio del PSOE tan preferente y estable como Sumar, se diluiría el radicalismo del acuerdo de investidura"

Si ello fuera así, Esquerra no sólo se consolidaría como un socio del PSOE tan preferente y estable como lo pueda ser Sumar, sino que entraría primero en el gobierno municipal de Collboni y luego en el de la propia Generalitat de Illa. Es obvio que eso diluiría el radicalismo del acuerdo de investidura, llevando la política catalana a un terreno intermedio entre las quimeras y las realidades.

Y sobre todo proporcionaría tiempo a Illa para ir mejorando los servicios públicos y recuperar la capacidad de interlocución política, empresarial y mediática que Cataluña tenía antes del procés. Sería una operación equivalente a la que hizo cuando llegó al Ministerio de Sanidad arrinconado por la pandemia y lo abandonó con el respaldo y aprecio de todos los estamentos del sector. Si tuviera que poner un ejemplo de político de primera línea, en activo y sin mala leche —no hay tantos—, le mencionaría a él.

Queda la incógnita de cómo incidirá en la política catalana el congreso de Junts, deliberadamente convocado antes que el de Esquerra. Aunque Moncloa vaticina que los moderados pondrán en jaque a Puigdemont, nada se atisba en ese sentido. Su amago de retirada de la política tenía el mismo nivel de sinceridad que los cinco días de teatrillo de Sánchez que, por cierto, fueron decisivos para que el PSC se impusiera a Junts.

Dando por hecho que Puigdemont será aclamado como líder de Junts para que ejerza una oposición de independentismo duro, veremos en qué medida Esquerra se siente condicionada por sus arremetidas. Lo peor sería que ambos terminaran atenazando a Sánchez e Illa con la exigencia del referéndum. 

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Es obvio que Puigdemont quiere vengarse de lo que él llama el "3 a 0" que le ha infligido Sánchez. Para él es una humillación insoportable que Sánchez esté en Moncloa e Illa en el Palau, cuando el PSOE perdió las generales por 16 escaños de diferencia y Junts ha perdido las autonómicas por sólo 7. 

Si a ello se le añade el pacto transversal, PP incluido, para arrebatar al vencedor de las municipales, el histórico de Convergencia Xavier Trias, la alcaldía de Barcelona, se entiende su indignación. "Yo aceptaría un 2-1, pero no puedo aceptar un 3-0", le ha explicado a Zapatero… para que lo sepa Sánchez.

Por irónico que parezca, Puigdemont se siente "expulsado de la política española" y mientras siga ese resultado en el marcador, el PSOE no podrá contar con Junts ni para los Presupuestos ni para nada. 

Pero más allá del alarde de audacia que supuso su fulgurante irrupción y desaparición el día de la investidura, muy a tono con las efímeras incursiones de los pretendientes carlistas que cruzaban esporádicamente la "raya", no parece que en Waterloo exista una hoja de ruta con ideas claras para ajustar cuentas con Sánchez.

"Puigdemont podrá impedir que Sánchez legisle, pero no que siga en la Moncloa, prorrogando los Presupuestos sin mayor problema"

Al condicionarlo todo a no ser detenido por Llarena y eludir el riesgo de pasar un mes, una semana o una sola noche en la prisión, Puigdemont ha renunciado a la vía rápida para adquirir libertad de movimientos en España. 

Con la bochornosa ley de Amnistía en vigor y un argumento tan intelectualmente discutible como el del Supremo para no aplicársela, su libertad provisional habría caído enseguida como fruta madura. Bien porque se la hubiera otorgado Llarena o porque lo hubiera hecho el Constitucional, en forma de medidas cautelarísimas. Sin embargo, ahora tendrá que esperar seis meses, un año o lo que le convenga al Gobierno, hasta que Conde-Pumpido y los suyos le concedan el amparo.

Entre tanto, Puigdemont podrá impedir que Sánchez legisle, pero no que siga en la Moncloa, prorrogando los Presupuestos sin mayor problema, mientras la economía mantenga su ciclo expansivo. 

Es muy indicativo de la desorientación que impera en la corte de Waterloo que se barajara recientemente la idea de instar a Feijóo a presentar una moción de censura a cuya votación no acudiría Junts. Si el PP consiguiera el voto de Coalición Canaria, el resultado sería 172 a favor y 171 en contra. Lástima que, a base de vivir de espaldas a la Constitución, los estrategas indepes no repararan en que, para que prospere, la moción de censura requiere la mayoría absoluta.

Sólo si Vox y Junts votaran simultáneamente a su favor, podría Feijóo tumbar a Sánchez. Algo descartable, habida cuenta de que tanto Abascal como Puigdemont han dado muestras recientes de que su apuesta es radicalizarse en direcciones no ya opuestas sino antagónicas. Ni siquiera un programa con el punto único de convocar elecciones generales les haría votar juntos.

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Hay que reconocer, además —y este largo puente de la diáspora de agosto es el momento idóneo para recapitular con sosiego—, que no hay un clamor social para volver a las urnas. Nos guste o no, el ciclo de cuatro elecciones celebradas en el primer semestre de este 2024 se ha saldado de forma mucho menos desfavorable de lo que permitía augurar el origen espurio de la investidura de Sánchez. 

Sólo en Galicia, y a lo que se ve por razones no extrapolables, sufrió el PSOE la paliza que los escandalizados por la amnistía pensamos que se merecía. En el País Vasco salvó los muebles. En Cataluña obtuvo un importante éxito, consumado ahora con la investidura de Illa. Y la derrota por cuatro puntos en las europeas quedó muy lejos de esos diez puntos de distancia que anunciaron un cambio de ciclo en el 94. Por injusto que parezca, esto es lo que ha sucedido.

Tampoco los sumarios abiertos contra Begoña Gómez —a menos que surjan pruebas de enriquecimiento ilícito— y contra David Sánchez —a menos que se acreditara alguna gestión del presidente para enchufar a su hermano— parece que vayan a crearle una situación límite.

"Toca asumir, como ya lo hace el PP, que la travesía del desierto de Feijóo se prolongará al menos año y medio más"

Su popularidad seguirá en descenso y el descontento de la UE con su parálisis en aumento, pero no da la impresión de que ni lo uno ni lo otro le quite el sueño. Ocupa el poder y reparte el dinero que sale de todos los bolsillos para volver sólo a los que él quiere. Eso es lo que le importa.

A menos que Mañueco o Juanma Moreno adelanten las autonómicas previstas para el primer semestre de 2026, tenemos por delante casi veinte meses sin elecciones a la vista. Todas las comunidades en las que el PP se ha quedado en minoría tras la ruptura de Vox tienen sus presupuestos aprobados y podrán prorrogarlos como, por segunda vez, se dispone a hacer Sánchez. 

Toca pues asumir, como ya lo hace el PP, que la travesía del desierto de Feijóo se prolongará al menos año y medio más. Mi pronóstico de que habría unas generales durante el curso político que empieza dentro de dos semanas se basaba en que la amnistía le pasaría una factura mucho más alta a Sánchez. No ha sido así y esto retrata la volatilidad de los valores de la sociedad en la que por desgracia vivimos.

Quienes nos sentimos orgullosos de la experiencia democrática y los grandes consensos de la Transición debemos asumir que el apego de las nuevas generaciones hacia ese modelo de convivencia no cesa de diluirse.

Es lo mismo que ocurre en gran parte del otrora llamado "mundo libre" con sus valores fundacionales. Y sirva de ejemplo su incapacidad de impedir o asumir la pertinaz avalancha migratoria, sin convulsiones violentas como las que este verano se han producido en el Reino Unido.

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Queda la duda de cómo reaccionarán los españoles cuando vean que el "concierto catalán" afecta a su bolsillo y hasta qué punto los barones y diputados socialistas y los dirigentes de Sumar, Podemos o Compromís se sentirán obligados a pararles los pies a Sánchez e Illa. No esperemos nada de quienes dependan de los que les ponen en las listas, pero sí de quienes vean su futuro en manos de los electores.

A juzgar por lo que comentaba María Jesús Montero en los corrillos del Palau, la estrategia del Gobierno pasa por trasferir más dinero a todas las autonomías para que no noten la merma de la contribución catalana a la solidaridad.

Pero, al margen de que eso supondría aumentar la deuda del Estado y sólo sería viable mientras durara el crecimiento, quedaría la doble cuestión del agravio comparativo estructural y del uso que pudiera hacer del mecanismo alguien como Puigdemont, si Illa no durara doce años.

En las cesiones a los separatistas nunca hay marcha atrás, pero en España cada vez quedan menos conductores que pongan las luces largas.

Este es el debate que el PP debe impulsar con precisión e inteligencia porque si la sociedad española también pasara por esto, la mutación constitucional sería imparable. Sánchez podría alardear de haber resuelto el conflicto, haciendo de Cataluña una nación federada asimétricamente con España. Con todos los resortes y estructuras de un Estado independiente listos —esta vez sí— para la próxima oportunidad de desconexión. 

"Tras 6 años de clientelismo cada vez hay más altos ejecutivos, cuadros medios, funcionarios, pensionistas o receptores de prestaciones a los que les conviene estirar el ciclo Sánchez"

Medios de comunicación públicos y privados —a los que el presidente se ocupa personalmente de engrasar— no le faltarían como palmeros del empeño y la mayoría de las grandes empresas se pondrían de perfil. Lo hemos visto con los indultos, la sedición, la malversación y la amnistía. Siempre llega un puente de agosto que ayude a mirar para otro lado. 

A menos que las encuestas le sean favorables y le convenga a él ir antes a las urnas, Sánchez podría a este paso agotar la legislatura y concurrir a las generales del 27 con el doble propósito de igualar el récord de Felipe González de 13 años de permanencia en el poder y hacer finalmente realidad el vaticinio de Alfonso Guerra sobre una España "a la que no reconozca ni la madre que la parió".

Todo esto puede parecer muy lúgubre, pero es el plan estratégico en el que trabaja la apabullante maquinaria política de la Moncloa. Y hay que reconocer que la acumulación de seis años de clientelismo hace que cada vez haya más magnates, altos ejecutivos, cuadros medios afines, funcionarios, pensionistas, beneficiarios del salario mínimo o receptores de prestaciones a los que les conviene estirar el ciclo. 

Para el PP, único cauce de oposición viable, se avecina un trabajo hercúleo con la principal arma de la razón constitucional y el lastre permanente de la peligrosa deriva de Vox. Sólo cohesionando y coordinando eficazmente su poder autonómico y municipal, frente a los cantos de sirena del Gobierno a sus barones, tendrá posibilidades de invertir las tornas y recuperar la Moncloa.

Su gran aliado será el Destino, ese enigmático personaje, embutido en una balaclava negra que siempre aguarda agazapado detrás de la esquina más inesperada, a los gobernantes que pierden el sentido de los límites.