El único modo de que la amnistía fiscal de marzo de 2012 no acabe favoreciendo de forma descarada a los defraudadores es que el Gobierno asuma una propuesta de Ciudadanos que permitiría a la Agencia Tributaria ingresar el 10% del total de dinero repatriado, en lugar de mantener limitada su capacidad de recaudación -como hasta ahora- a los activos no prescritos.
El Ministerio es reacio a aceptar esta propuesta porque implicaría incoar reclamaciones fiscales de forma retroactiva, en contra de una modificación del proceso aprobada adrede por el Gobierno para hacer más atractiva la regularización. Por eso, Ciudadanos mantiene que fue el propio Gobierno el que contravino la textualidad del decreto de regularización al modificar sus condiciones. El riesgo de afrontar posibles demandas de los evasores no justifica que Cristóbal Montoro renuncie a una iniciativa que le permitiría aumentar los ingresos derivados de su amnistía fiscal.
Ínfima recaudación
El ministro preveía regularizar 24.000 millones de euros escondidos en paraísos fiscales para recaudar 2.400 millones. No obstante, Hacienda apenas ha logrado ingresar 1.200 millones pese a que el dinero aflorado rondó los 40.000 millones. Si los ingresos fiscales derivados de la regularización apenas llegan al 3% del dinero repatriado, en lugar de al 10% previsto, es sólo porque el Gobierno libró a los defraudadores de rendir cuentas de los fondos prescritos.
Lo peor de todo es que el próximo 30 de noviembre habrán pasado cuatro años y con ellos el plazo para revisar las declaraciones de los evasores. Es decir, el Gobierno apenas tiene tres meses para asumir la propuesta de Ciudadanos y actuar o el Estado habrá perdido 2.800 millones en ingresos por su incompetencia. Si pensamos que de este proceso se han beneficiado corruptos insignes como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, los Pujol, el socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, o el histórico ugetista José Ángel Fernández Villa, encontramos motivos sobrados para exigir al Ejecutivo que haga lo que sea para que los evasores no se vayan de rositas.
Emergencia tributaria
Las amnistías fiscales son medidas extraordinarias para situaciones casi de 'emergencia tributaria', de tal modo que sólo tienen sentido cuando el objetivo de recaudación extraordinaria para el que se pusieron en marcha se cumple sobradamente.
Pero si apenas sirven para aflorar dinero, las amnistías sólo son mecanismos espurios de blanqueo de capitales al servicio de los delincuentes. Las cuentas no salen y los contribuyente honrados no tienen por qué aceptar que Hacienda ofrezca un puente de plata a los defraudadores.
