La solicitud de la Fiscalía para que impute al director gerente y también al responsable del holding que gestiona los hospitales de Alzira, Torrevieja, Elche y La Marina constituye un espaldarazo a las investigaciones de EL ESPAÑOL. El Ministerio Público ni siquiera ha aguardado la llegada de los contratos de Ribera Salud y su central de compras, que diligentemente solicitó la consejera de Sanidad de Sanidad, Carmen Montón, para hacer este requerimiento.

Vaya por delante que decida o no el instructor atender la petición del Ministerio Público de llamar a declarar a Alberto de Rosa y Pablo Gallart, nuestro equipo de investigación seguirá indagando y denunciando las posibles irregularidades de los contratos del gigante de las concesiones sanitarias con sus proveedores. Hasta ahora la concesionaria, lejos de conducirse con la transparencia exigible, se ha enrocado en la opacidad.

Atestado

No podemos anticipar si el instructor coincidirá o no con el atestado policial que activó el procedimiento, que apreció que la actuación de los directivos de Ribera Salud podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y malversación. Pero a tenor de las malas prácticas seguidas en los contratos de la compañía con sus proveedores y de las directrices que daba a los jefes de servicio y de compras de sus hospitales, podemos concluir que la gestión de Ribera Salud y de su central de compras han de ser examinadas a fondo.

La documentación en poder de este periódico deja patente que Ribera Salud ocultó a la Generalitat valenciana las comisiones -de hasta el 25% en medicamentos y de hasta el 36% en el caso de las prótesis- que obtenía de sus proveedores. También demuestra que sus jefes médicos y de compras debían anteponer la negociación de esas primas a conseguir el abaratamiento de determinados productos sanitarios.

Cláusulas

Y, lo que es peor, las cláusulas confidenciales y la dinámica de las negociaciones apuntan a que la concesionaria condicionaba el acceso de los proveedores a la partida pública destinada a la compra de prótesis a que aportasen una cantidad a la compañía. Al menos 26 proveedores, que cobraban directamente de la Generalitat, fueron captados de este modo por Ribera Salud. Todos esos contratos deben ser revisados.

La presunción de inocencia es inherente a toda investigación judicial, como la presunción de claridad y nitidez en la gestión debe ser una condición para quienes asuman la externalización de los servicios públicos.